ANUARIO 2018

Vertidos: no espere nada del ecologismo

Después de más de dos años de informaciones sobre el desastre medioambiental de los emisarios, las autoridades no han hecho nada para resolverlo.
JOSÉ LUIS MIRÓ

Desde la fundación de Gaceta Náutica en el mes de junio 2002, hace ya más de 16 años, ningún tema ha ocupado tantas portadas y páginas de información y opinión como la contaminación marina por vertidos de aguas residuales. El año que ahora termina no ha sido la excepción. El empecinamiento del Govern balear en criminalizar a los navegantes se plasmó el pasado mes de julio con la redacción y posterior aprobación de un decreto de protección de la posidonia que pone el acento en el fondeo con ancla e ignora, de manera «escandalosa», según el sector náutico, el efecto de los vertidos fecales sobre esta planta y el conjunto del ecosistemas litoral de las Islas. La administración autonómica y los ayuntamientos, en particular el del Palma, son los responsables del mantenimiento de las depuradoras que arrojan los detritos generados por pueblos y ciudades al mar a través de tuberías submarinas.



La norma protectora de la posidonia de la Conselleria de Medio Ambiente, defendida a capa y espada por las asociaciones ecologistas locales que nada han dicho durante años sobre el problema del saneamiento del agua, entró en vigor el pasado mes de julio sin tener en cuenta las recomendaciones esenciales de los principales órganos de consulta de Baleares: por un lado, el Consell Consultiu, que censuró que el Govern pretendiera multar a los navegantes sin disponer de una cartografía actualizada sobre la situación de la posidonia oceánica; por otro, el Consell Econòmic i Social, que llamó la atención en relación a la ausencia de medidas para paliar los vertidos en el texto del polémico decreto. Como era de esperar, los usuarios del mar, liderados por la Asociación de Clubes Náuticos y la Asociación de Navegantes (ADN), han recurrido el decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Al final será la Justicia quien decida sobre una norma que debería haberse aprobado buscando el consenso de las partes. 



DENUNCIA. Gaceta Náutica, publicación que en 2016 reveló a la opinión pública la gravedad del problema de los emisarios submarinos y el deficiente saneamiento del agua en Baleares, y que desde entonces no ha abandonado el asunto ni un solo mes, ha seguido liderando la denuncia del que probablemente es el mayor atentado medioambiental que padecen las islas, tanto por su duración en el tiempo como por la nula y en muchos casos negligente respuesta de las instituciones públicas. 



En el mes de marzo se publicó en la portada de este periódico que los vertidos de las tuberías de Emaya en la Bahía de Palma podían ser las responsables de la desaparición de unas 500 hectáreas de posidonia. La fuente de dicha afirmación era un informe de la empresa Tecnoambiente realizado a instancias del sector náutico. El ecologismo local, afín al partido nacionalista que gestiona el área autonómica de medio ambiente, se apresuró a poner en entredicho las conclusiones de este dictamen «de parte» en lo relativo a los fondeos, pero nada dijo sobre la destrucción masiva de posidonia. Gaceta Náutica, con el aval científico de la UIB, ya había demostrado por entonces que el vertido masivo de materia orgánica por medio de los emisarios era el causante de la aparición de bacterias y la pérdida de grandes extensiones de esta especie vegetal protegida. Nadie podía dudar ya que la mayor amenaza para la posidonia era el agua pésimamente depurada que las estaciones públicas vertían al mar diariamente, aunque lo peor estaba por llegar.



Durante el verano, las playas de Ciudad Jardín y Can Pere Antoni, ambas situadas en la costa de Palma, tuvieron que ser cerradas al baño por vertidos de fecales. Estos hechos, que trascendieron a los medios de comunicación generalistas e incluso a la prensa extranjera, fueron la demostración de que el problema de los emisarios era no solo medioambiental, sino de salud pública. Esta publicación ya había sido advertida por los especialistas de la UIB de que era peligroso bucear en las desembocaduras de las tuberías submarinas por el alto riesgo de sufrir infecciones. 



PRESIÓN CIUDADANA. Sólo cuando la presión ciudadana se hizo insoportable, el ecologismo local decidió denunciar el estado lamentable de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), en las que apenas se han realizado inversiones en los últimos tres lustros. Con todo, a los grupos que se declaran defensores del medioambiente les siguió pareciendo bien un decreto de protección de la posidonia que, literalmente, ignora los vertidos al mar y, a cambio, promueve la cacería de cualquier barco sospechoso de haber largado el ancla en una pradera. Las cifras de la campaña de delación instada por el Govern con el soporte del decreto vino a confirmar que la inmensa mayoría de navegantes (sobre todo los locales, que conocen la fragilidad de la posidonia y el peligro para su embarcación que representa fondear sobre ella) utilizan correctamente el ancla. De las 38.271 embarcaciones cuyo fondeo fue comprobado,  apenas 4.436 fueron obligadas a desplazarse por existir riesgo para la posidonia. Tan sólo se levantaron 33 actas de sanción por considerar que existía daño evidente. Pero ya era tarde: la opinión pública ha sido machacada de tal manera, que considera a los dueños de barcos culpables de todos los males que sufre el mar.  



Mientras todo esto ocurría, el Govern balear dio muestras del absoluto desconocimiento que tiene sobre la situación de los emisarios submarinos. En agosto, casi al mismo tiempo que se aprobaba el decreto de posidonia, trascendió que había ofrecido información distinta sobre el número de estas canalizaciones. Por un lado, reconoció en una respuesta a la Asociación de Navegantes que eran 123 en todas las Islas y que únicamente siete tenían los papeles en regla. En cuanto esto se supo, la Conselleria de Obres Públiques rectificó, reduciendo la cifra de emisarios a 46, de los cuales apenas 18 tendrían autorización. Pero ni una cosa ni la otra. Un mapa oficial de la Conselleria de Medio Ambiente, disponible en la web de la empresa pública SITIBSA, cifraba en 96 el número de tuberías de residuales, al menos 21 de las cuales reposan sobre praderas de posidonia en las que está tajantemente prohibido el fondeo con ancla. Es decir, que las autoridades estarían vertiendo detritos sobre una especie protegida al mismo tiempo que pretenden multar a los navegantes que, con intención o sin ella, larguen su ferretó en ese mismo punto. Estos hechos, perfectamente documentados en la edición impresa de Gaceta Náutica del mes de septiembre, donde se reprodujeron varios de los mapas citados, tampoco suscitó reacción alguna del GOB y Terraferida, entidades cuya credibilidad ha quedado muy resentida tras hacerse patente el doble rasero con el que denuncian los desastres medioambientales en función de si quien gobierna es o no su amigo. 



DÉFICIT. Un episodio también demostrativo de este sesgo se produjo cuando Emaya filtró a la Cadena Ser un documento interno en el que el gerente de esta empresa en tiempos del Partido Popular denunciaba la falta de inversión en el mantenimiento de las depuradoras  que vierten en la Bahía de Palma. Faltó tiempo para que los grupos ecologistas salieran en defensa de la gestión del partido Més en la Conselleria de Medio Ambiente (Govern balear) y en Emaya (Ayuntamiento de Palma). El argumento del descargo es que en tiempos del PP se habían producido cientos de vertidos y las inversiones en saneamiento acumulaban en 2014 un escandaloso déficit de más de 100 millones de euros a pesar de que los ciudadanos pagan religiosamente un canon finalista.



Todo cierto, sí, pero parcial. Gaceta Náutica pidió a Emaya tener acceso a ese mismo documento y, de paso, a la relación de todos los vertidos acaecidos desde que existieran datos históricos. Las conclusiones del análisis de esta documentación, plasmados en la portada del mes de octubre, fueron que el Ayuntamiento de Palma es responsable de 1.544 vertidos a la Bahía de Palma en los últimos 15 años, que los emisarios han arrojado 10.000 millones de litros de fecales desde 2011 y que en todo este tiempo han gestionado la empresa municipal de aguas y alcantarillados los partidos PP, PSOE, Unión Mallorquina y Més, partido este último que no se había planteado realizar inversiones en la mejora de los recursos hídricos hasta que, en 2016, un impactante vídeo grabado por esta publicación en Ciudad Jardín puso el asunto sobre la mesa. Obviamente, como se ve, no se trata de una cuestión política, sino medioambiental y de salud pública que retrata no sólo a los gobernantes, sin distinción de siglas, sino a los que enarbolan la bandera del ecologismo dependiendo de cómo y dónde sopla el viento.