SECTOR NÁUTICO

TRIBUNALES

La Justicia pone fin a 41 años de amarres gratis ilegales para funcionarios de puertos

Un juzgado desestima la demanda de tres trabajadores de la APB que pretendían que la exención fuera reconocida como un “derecho laboral”. La sentencia revela que un número indeterminado de funcionarios lleva sin pagar por atracar su barco en el puerto de Palma desde 1974 y que el privilegio se mantenía tras la jubilación
JOSÉ LUIS MIRÓ

La Justicia ha puesto fin al privilegio de los amarres gratis para trabajadores de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) tras al menos 41 años de “ilegalidad”. Para ello no ha hecho falta un gran despliegue argumental, sino una simple sentencia de siete folios en la que se establecen dos conclusiones básicas: primera, que los bienes de dominio público son “inembargables, inalienables e indisponibles”; y segunda, que la APB “no tenía potestad, ni competencia, ni amparo legal para decidir la exención que ha venido aplicando en el pago de una tasa” a algunos de sus trabajadores”.



Tres empleados que llevaron el caso a los tribunales para seguir disfrutando de la prebenda de los amarres en el puerto de Palma han visto desestimada su demanda y, de algún modo, han contribuido involuntariamente a que trasciendan datos inéditos sobre la manera en que ha sido gobernado, como si fuera un cortijo privado, el organismo público que gestiona los puertos más importantes de Baleares.



Gracias al proceso judicial se ha sabido, por ejemplo, que la exención de la tasa de embarcaciones de recreo a los funcionarios se estuvo aplicando ilegalmente, ante la absoluta indiferencia de los directivos de la APB, desde 1974 hasta el mes de junio de 2015, cuando el anterior presidente de esta empresa pública, Alberto Pons,  tuvo conocimiento de los hechos y ordenó el cobro de los amarres “sin más dilación”.



También ha aflorado el dato de que los trabajadores seguían gozando del puesto de atraque gratis incluso después de su jubilación, hecho que no casa con el argumento, defendido por el abogado de la jefa del departamento de contratación de la APB, de que se trataba de un “derecho social” consolidado.



De las tres resoluciones judiciales, dictadas por la titular del Juzgado de lo Social número 4, la magistrada María del Pilar Ramos, hechas públicas hace apenas dos días, se desprende asimismo que los demandantes no sólo querían seguir exentos del pago de la tasa, sino que exigían que se les devolviera el dinero que han abonado desde enero de 2015.



Según la sentencia, el hecho de que la Autoridad Portuaria haya estado más de 40 años “sin cobrar un tributo que está obligada a recabar” no equivale a la consolidación de ningún derecho laboral, como sostuvo el representante legal de los funcionarios en el juicio oral celebrado el pasado mes de diciembre. La abogada del Estado, que defendió a la APB, reconoció que la tasa no se había reclamado en todo este tiempo “por dejadez”, si bien fuentes del propio organismo han indicado que la situación era “conocida y consentida” por los dirigentes portuarios, que habrían preferido “mirar para otro lado” antes de enfrentarse a los trabajadores y a los sindicatos, aun a sabiendas de que era algo ilegal e injusto con los ciudadanos que esperan un amarre desde hace más de 17 años. 



Alberto Pons fue advertido del revuelo que la medida provocaría entre el personal.  Él mismo, en la comunicación escrita de la orden de liquidación de la tasa con carácter retroactivo al mes de enero de 2015, de la que se hace eco la sentencia, asegura: “No existe ninguna excepción que evite proceder a la facturación de los amarres (…). Siento tomar esta decisión, del todo impopular, pero no queda más remedio”.



Según ya informó Gaceta Náutica, Pons no fue advertido de lo que ocurría con los amarres. Se enteró por casualidad, al recibir una carta de un funcionario ibicenco que se acababa de comprar un barco tipo llaüt y pedía disfrutar de los mismos privilegios que sus compañeros de Palma. «Hasta ese momento yo no tenía ni idea de que hubiera amarres gratis, nadie me lo había dicho». Varios antiguos miembros del Consejo de Administración de la APB contactados por este periódico han manifestado que tampoco estaban al corriente de esta práctica. “Nunca nadie nos lo dijo. Lo increíble –señala uno de ellos, indignado– es que hayan tenido la desfachatez de llevar el caso al juzgado cuando sólo en Palma hay más de 700 personas en lista de espera para acceder a un amarre de gestión directa y cuando las cantidades que se pagan por ellos son irrisorias”.



De acuerdo con un listado de 33 amarres gratuitos para funcionarios al que ha tenido acceso Gaceta Náutica, la jefa de contratación de la APB pretendía no pagar 560 euros anuales por atracar una embarcación de siete metros y medio de eslora por dos y medio de manga en el puerto de Palma. El precio que se le exige a otro de los litigantes, un trabajador prejubilado, es aún más bajo: 280 euros por un barco de cinco metros y medio, lo que equivale a 23 euros al mes. Tras la sentencia, deberán apoquinar como cualquier ciudadano o dejar el amarre, que es lo que hicieron “la mitad de los funcionarios” en cuanto se les privó del prerrogativa ilegal, según desveló la abogada del Estado.



Cabe recordar que Alberto Pons fue la persona bajo cuyo mandato se eliminaron privilegios como los aparcamientos gratuitos de los consejeros de la APB y el piso a cuenta del contribuyente (incluidos suministros) en el que vivió durante más de 15 años el ex director de los puertos de interés general de Baleares Angel Matías. En el momento del desahucio, el directivo, acusado de varios delitos en el caso Mar Blau, llevaba más de un año jubilado. Actualmente hay al menos otros dos ingenieros de la APB que siguen viviendo en casas a costa del erario público.