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Seis años para echar a Trapsa Yates de Mahón

Los hechos que justifican la decisión adoptada en diciembre por la APB fueron denunciados por Gaceta Náutica en 2011
J.L Miró

La Autoridad Portuaria de Baleares  ha puesto punto final a la historia de Trapsa Yates en el puerto de Mahón. La que fuera empresa de Gerardo Díaz Ferrán, que está bajo administración judicial, ha gestionado los 165 amarres del Muelle de Levante desde finales 2008 hasta el pasado 22 de diciembre de 2017, en que el actual presidente del organismo portuario, Juan Gual, firmó la caducidad de la concesión. 



En estos nueve años, el Club Marítimo de Mahón ha tenido que sobrevivir sin los ingresos que le proporcionaba la gestión de los amarres, que perdió en favor de Trapsa Yates en un polémico concurso público convocado en 2005. Las irregularidades detectadas en la tramitación de este expediente dieron pie a la mayor investigación judicial jamás realizada sobre la corrupción en los puertos de Baleares, el llamado caso Mar Blau, que de momento ha supuesto la imputación del ex presidente y el ex director de la APB, Frances Triay y Ángel Matías, respectivamente, así como del propio Díaz Ferrán y varios funcionarios y empresarios vinculados al sector náutico.



La caducidad de la concesión de Trapsa Yates supone la revocación del contrato para la explotación de la instalación por parte de esta sociedad intervenida judicialmente, pero no que los amarres, situados en la zona noble del puerto de la capital menorquina, vuelvan a manos del Club Marítimo de Mahón. Al menos de momento. La concesión ha revertido en la APB, que deberá decidir si los gestiona directamente o abre un nuevo proceso de licitación.  



Los motivos alegados por la Autoridad Portuaria de Baleares para la rescisión no se deben a un impago. De hecho, Trapsa Yates ha estado pagando el canon de 616.000 euros anual con normalidad. La causa es «la cesión de parte de la concesión entre el accionariado de Trapsa Yates». La decisión viene avalada por un informe del Consejo de Estado.



Los hechos no son recientes. Gaceta Náutica denunció en abril de 2011 que Trapsa Yates había utilizado amarres de su concesión en el Muelle de Levante para pagar deudas del Grupo Marsans, propiedad de Díaz Ferrán y su socio (fallecido) Gonzalo Pascual.  Este diario reveló entonces que el ex presidente de la CEOE firmó un contrato con una empresa llamada Autotrade, por el cual Trapsayates se comprometía a otorgarle tres amarres si no reintegraba 600.000 euros en un plazo de 60 días. Es decir, que traspasaba la propiedad de una parte de la concesión, algo que estaba expresamente prohibido en los pliegos del concurso.



Los puestos de atraque fueron cedidos a modo de garantía de un préstamo. En su declaración ante los inspectores de policía que investigaron el presunto amaño de concursos a favor de Trapsa Yates, Gerardo Díaz Ferrán no sólo reconoció haber cedido los tres amarres de Mahón, sino que confesó haber hecho lo mismo en Marina Ibiza, otra de las concesiones de la APB que fueron a parar a manos de la empresa del ex presidente de la patronal. En este caso fue Caixa Catalunya la que concedió un préstamo de 5 millones de euros al dueño de Marsans y Trapsa Yates, aceptando como parte del aval «el uso de cuatro amarres en el puerto de Ibiza».



El expediente de caducidad de la concesión de Trapsa Yates ha necesitado nada menos que seis años para resolverse. Gaceta Náutica informó de su apertura en noviembre de 2011. Poco menos de un año después, en octubre de 2012, el Consejo de Administración de la APB acordó imponer una multa simbólica de 17.500 euros a Trapsa por el mercadeo con los amarres al entender que el traspaso no había llegado a consumarse. Ahora, tras el informe del Consejo de Estado por los mismos hechos, ha considerado que sí hay causa que justifique la revocación de la concesión. Los administradores judiciales tenían un mes desde la fecha de la resolución para abandonar las instalaciones.