“Dentro del estado de corrupción sistémica existente en la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), al menos durante los periodos a los que se refiere esta causa [aquellos en los que Angel Matías fue director del organismo portuario], la cual recoge sin duda una ínfima parte de los delitos realmente cometidos…”
Con esta demoledora declaración comienza el auto de cierre de la investigación del caso Mar Blau, que se ha conocido hoy y que desgrana los hechos supuestamente delictivos perpetrados, entre otros, por los ex presidentes de la APB Joan Verger (PP), ya fallecido, y Francesc Triay (PSOE); los funcionarios Justo Aguado y Jaime Ferrando, y el empresario Gerardo Díaz Ferrán, entre otros.
El magistrado Antoni Rotger, titular del Juzgado de Instrucción número 8, ve indicios de los delitos de alteración de precios en concursos, prevaricación continuada, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos y hasta pertenencia a organización criminal. Del auto se desprende que fueron amañados los concursos del Club Marítimo de Mahón, la elaboración del Plan Director del puerto de Mahón y la adjudicación de Marina Formentera.
El juez encausa a 12 personas, de las que tres ya han fallecido, por hechos que se remontan a 1998, cuando Angel Matías y Justo Aguado (ambos ingenieros y hombres de peso en el organigrama de la APB) fueron obsequiados, en atención a “favores ignorados”, con una cocina para sus pisos de lujo en la zona de Es Portitxol, en primera línea de mar, por una persona que actuaba en nombre de la constructora Dragados.
El auto corrobora muchos de los hechos relatados a lo largo de los últimos años en las páginas de Gaceta Náutica, que se ha venido haciendo eco de manera continuada de los casos de corrupción que afectan a la APB. Ahora es el turno de la Fiscalía, que deberá decidir a quienes de los señalados por el juez Rotger acusa y de qué delitos.
