El consejo de administración de Autoridad Portuaria de Baleares (APB) desestimó ayer la tramitación del concurso para la explotación de dos edificios en la plaza de Sant Elm del puerto de Palma, frente a la lonja del pescado. Se trata de los inmuebles que salieron a concesión para construir un mercado gastronómico que, según sus promotores, iba a dar trabajo a 5.000 personas.
Ambos edificios, reconoce la propia APB, estaban pendientes de ser puestos a disposición de la empresa andaluza Mercados Gastronómicos de España, que ha expresado su “sorpresa” por una resolución que echa por tierra el proyecto. “No esperábamos esto, de hecho estábamos pendientes de la adjudicación”, ha asegurado Jesús Coca, abogado del despacho Montero-Aramburo que representa a la sociedad.
Según Coca, la decisión de la APB puede dar pie a “una responsabilidad patrimonial” que habrán de afrontar “todos los españoles, en concreto todos los mallorquines”. En este sentido recordó que Mercados Gastronómicos de España “depositó hace dos años un aval de mucho dinero en la Autoridad Portuaria” y que este organismo portuario llegó a convocar dos concursos. El primero se declaró desierto y el segundo lo ganó (tuvo el visto bueno de la comisión técnica) el proyecto del mercado.
Sin embargo, el cambió de gobierno autonómico y municipal propició que la APB cambiara de opinión y decidiera “esponjar” la zona donde antes había contemplado la explotación de locales mediante concesión administrativa. El PSOE de Baleares (PSIB) presentó una proposición no de ley en el Parlament Balear basada en que “la liberalización de ambos solares abriría las vistas al paseo marítimo hacia el Consolat de la Mar, Sa Llotja, la Seu y el Palacio Real de la Almudaina, y potenciaría la sede del Real Club Náutico de Palma y sus valores arquitectónicos, así como realzaría el pequeño oratorio de gran valor patrimonial que da nombre a la plaza”.
Autoridad Portuaria ha emitido hoy un comunicado informando de que la decisión de desistir del concurso “ha tenido en cuenta la propuesta de reordenación de esta zona promovida por el Ayuntamiento de Palma”, que pretende racionalizar los usos portuarios de los edificios existentes y el derribo de los inmuebles sacados a concurso.
Los diputados socialistas Conxa Obrador y Andreu Alcover habían exigido hace unos meses que se declarara desierto el concurso público y se llevara a cabo la demolición de ambos edificios “al carecer de interés arquitectónico y a fin de preservar y mejorar el interés general y urbanístico del entorno y de la ciudad de Palma”.
Jesús Coca considera que se trata de un caso de “inseguridad jurídica básica”, ya que la administración “no puede separarse graciosamente de sus propias decisiones si no hay una causa de fuerza mayor, que desde luego no concurre en este caso”
Mercados Gastronómicos de España presentó hace unos meses ante la APB un dictamen del catedrático de Derecho Administrativo Avel·li Blasco en el que se concluye que “la discrecionalidad de la administración cesa cuando hay una propuesta de la Comisión Técnica”, por lo que, siempre según esta tesis, la decisión de derribar los edificios de Sant Elm no se ajustaría a derecho.
La empresa ha anunciado que recurrirá la resolución del Consejo de la APB en cuanto reciba la “notificación oficial del desestimiento”. “De momento sólo sabemos lo que nos dice la prensa”.
En paralelo, la APB ha tenido que responder a una demanda presentada por el empresario gallego Jesús Díaz, quien ofertó la construcción de un hotel en el primer concurso. La propuesta no fue aceptada, al considerarse que la Ley impide el uso hotelero del suelo portuario. Díaz se queja de que debieron decírselo antes de que elaborara el proyecto. El juicio se celebró la semana pasada en primera instancia y está pendiente de sentencia.
