Tomeu Bestard de Alcudiamar relataba el pasado mes en Gaceta Náutica cómo se manipulaban las adjudicaciones de la APB, un mundo en el que sobreviví 16 años con cierto éxito y unas cuantas amarguras. Sus reflexiones son muy acertadas, un lamento explicando cómo hemos intentado mantenernos a flote quienes nos hemos movido en ese medio.
La avidez que España demuestra en no adaptarse al presente nos repercute fácilmente en la náutica: debemos movernos como anguilas entre chiquicientos reglamentos, normas, leyes, y lo peor: interpretaciones de todos ellos por políticos, técnicos y funcionarios que no tienen la más remota idea –ni interés– en lo que están tratando. Ya dije que la APB debería plantear en Puertos del Estado modificar la ley de concesiones y permitir que una concesión permanezca en manos del concesionario si éste sigue invirtiendo y consiguiendo dar un buen servicio a sus clientes, que, al fin y al cabo, el beneficiario debe ser el usuario y no el Estado.
Leí esta semana que parte de los amarres del CM Mahón, esos que estuvieron 10 años en el limbo, se otorgaron a la empresa Tanit. Esta empresa siempre supo lidiar con La Casa (APB) y hubo una época que raramente perdían una concesión. La empresa IP3M/Tanit tiene STP, Port de Mallorca, Marina Palma, Varadero Ibiza, Marina Ibiza, varadero en Valencia y ahora los amarres en Menorca. Los de Tanit han demostrado ser muy buenos en la gestión de sus concesiones. Ya han pasado por algunas renovaciones, y están sufriendo con otras que la APB, intentando transformarse en una administración virginal y observadora de toda regla a rajatabla, intenta no renovar por miedo a terminar con el expresidente Juan Gual en los Juzgados.
La del Náutico de Ibiza es una historia dantesca, y que quien haya pretendido quedarse con la concesión sea quien escribió la nueva Ley de Puertos para Puertos del Estado hace que el conflicto de intereses sea descomunal; esta gente habla de su buen nombre y honor, yo no creo que conozcan el alcance de esa expresión. Es horroroso, tercermundista, oligárquico. Es el trabajar las leyes en provecho propio. Legal, sí, que de eso saben. Moral o ético, definitivamente no.
Si un concesionario paga su alquiler o canon, tiene éxito y brinda el servicio esperado a la comunidad, por qué hay que obligarlo a pujar en una subasta donde no se evalúa su actuación anterior y donde sólo se considerará el valor del canon. El efecto subasta sólo beneficia a la APB, que se lleva el pastón sin hacer nada, porque hasta la inversión va a cargo del concesionario. Que el dinero tenga el protagonismo más alto es de malos gestores. Para evaluar un estudio de mercado, un plan de negocio, la calidad de un proyecto o una política de sostenibilidad, hay que saber de ello, o hacerse asesorar. Lo poco que ha aprobado la APB últimamente es la extensión de Marina Botafoch por 18 meses prorrogables a 9 más. Ocibar SA, la adjudicataria, tiene otras concesiones, su gestión es excelente, y pagará a la APB alrededor de 9,5 millones de euros. Muy posiblemente lo logre porque saben combinar los recursos de sus otras concesiones. Pero ¿quién entraría de lleno en un serio programa de inversión y renovación (como necesita Botafoch después de 30 años) con una garantía de sólo 27 meses de concesión? La industria de puertos deportivos de Baleares está abocada a arriesgar sin ninguna garantía.
