La Asociación de Navegantes ADN Mediterráneo ha presentado este viernes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de las Illes Balears contra “varios responsables” de Ports IB por mantener operativos los campos de boyas del archipiélago mientras la licitación permanece suspendida cautelarmente por una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
Hace dos días, según adelantó Gaceta Náutica, el organismo público que gestiona los puertos deportivos autonómicos decidió prorrogar por un periodo de cuatro meses y un importe de 314.000 euros el contrato del anterior concesionario, la empresa Centre Balear de Biología Aplicada (CBBA), al entender que concurren “circunstancias extraordinarias” que obligan a seguir ofreciendo el servicio: por un lado, razones de índole medioambiental y de protección de las praderas de posidonia oceánica; por otro, la financiación europea finalista para prestarlo.
La Ley de Contratación del Sector Público (LCSP) permite, en su artículo 29.4, prorrogar un contrato cuando se den, como alega el Govern en este caso, condiciones excepcionales. El Govern ha respondido que el procedimiento seguido es «completamente legal». La renuncia al servicio hubiera supuesto «la pérdida de los fondos europeos». Los campos de boya de Baleares han visto incrementada su demanda de 3.000 reservas en 2022 a 11.000 en 2025.
Según denuncia no obstante ADN Mediterráneo en una nota de prensa, el Govern “habría optado por buscar vías alternativas” para continuar con la explotación de los campos de boyas eludiendo la suspensión del TACRC, lo que, a su juicio, podría ser constitutivo de infracción penal. De ahí que haya acudido la Fiscalía Anticorrupción.
La asociación señala que el pasado 5 de junio se formalizó un contrato menor para el montaje de los campos de fondeo de la Bahía de Fornells e Illa d’en Colom, instalaciones incluidas en la licitación actualmente suspendida. A juicio de la entidad, esta actuación podría constituir “un fraccionamiento artificial de contratos con el objetivo de eludir los procedimientos ordinarios de contratación pública”.
Implantación de los fondeos «a toda costa»
ADN Mediterráneo considera que estas actuaciones forman parte de “una estrategia” para seguir adelante con el modelo de fondeo regulado. “Estamos asistiendo a una huida hacia adelante por parte de la Administración. La licitación está suspendida, existen recursos pendientes de resolución y, aun así, se están adoptando decisiones para implantar los campos de boyas a toda costa”, ha manifestado Lorenzo Pons, presidente de ADN Mediterráneo.
«La protección de la posidonia es un objetivo que compartimos todos, pero no puede utilizarse como excusa para restringir derechos históricos de los navegantes, convertir el litoral en un espacio cada vez más privatizado y saltarse las garantías legales que rigen la contratación pública”, añade.
ADN Mediterráneo denuncia en su comunicado “la reducción de las zonas de fondeo libre, el aumento de los costes de la navegación recreativa y las crecientes dificultades para conseguir amarre en Baleares”. La entidad interpreta que la expansión de los campos de boyas de pago como una restricción del acceso al mar que “perjudica especialmente a la náutica familiar y social”.
Las boyas estatales que no llegarán este verano
Esta situación no guarda relación con la polémica generada por los siete nuevos campos de boyas ecológicas previstos por el Ministerio para la Transición Ecológica en Ibiza y Mallorca, cuya instalación aún no se ha llevado a cabo. El Govern balear sostiene que el Estado ha descartado asumir la ejecución y financiación de estas infraestructuras, valoradas en cerca de cinco millones de euros, trasladando dicha responsabilidad a Ports IB. Inicialmente, el proyecto contemplaba su construcción con financiación europea y su posterior cesión para la gestión autonómica.
Según el Ejecutivo autonómico, la falta de recursos económicos y los plazos necesarios para tramitar la licitación e instalar los fondeaderos impiden que puedan entrar en servicio esta temporada. La prórroga aprobada recientemente, por tanto, se refiere únicamente a los campos de boyas ya existentes y que actualmente continúan operativos.
