La regulación del chárter náutico, la venta de plazas, el cambio temporal de uso de embarcaciones privadas y los límites competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas protagonizaron una de las mesas más técnicas y jurídicas del III Foro de Gaceta Náutica sobre los retos del turismo náutico, celebrado ayer, 15 de junio, en el Port Center de la Autoridad Portuaria. El debate estuvo moderado por el gerente y asesor jurídico de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares, Rafael Palmer.
La charla reunió a Julio Fuentes, subdirector general de Normativa Marítima y Cooperación del Ministerio de Transportes; León von Ondarza, abogado especializado en derecho marítimo; y José Carlos Frau, abogado y empresario del sector marítimo, quienes analizaron las consecuencias de la entrada en vigor del decreto balear del chárter y los conflictos regulatorios que ha puesto de manifiesto.
«Caja de Pandora»
Palmer abrió la sesión recordando que la aprobación de esta norma autonómica ha servido para evidenciar las contradicciones existentes en la regulación de la náutica de recreo y las distintas interpretaciones sobre actividades como la venta de tickets o el cambio temporal de uso de embarcaciones privadas. “El decreto ha destapado la caja de Pandora”, resumió, aludiendo a un debate que afecta no solo al chárter, sino a toda la economía vinculada al sector náutico.
Uno de los ejes centrales de la mesa fue el reparto de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma. En este sentido, Julio Fuentes defendió que la legislación mercantil y la marina mercante son competencias estatales que requieren criterios homogéneos para garantizar la seguridad jurídica del sector. “El mercado necesita reglas uniformes. No podemos tener un contrato regulado por legislación estatal que cambie de una comunidad autónoma a otra», señaló. A su juicio, la actividad marítima exige mantener una interpretación común de las normas para evitar la fragmentación regulatoria. “La navegación no entiende de fronteras administrativas. Necesitamos unidad de criterio, unidad de seguridad jurídica y homogeneidad en la aplicación de las normas técnicas”, afirmó.
León von Ondarza, Rafael Palmer, Julio Fuentes y José Carlos Frau, durante el debate jurídico del III Foro de GN.
El representante del Ministerio reconoció, no obstante, que parte de los conflictos actuales derivan de lagunas existentes en la propia normativa estatal, especialmente en la definición de navegación de recreo incorporada hace años a la legislación marítima. “Todos coincidimos en que el transporte de pasajeros no es navegación de recreo. Esa es una de las cuestiones que debemos clarificar en las próximas reformas normativas”, explicó.
«Nunca hemos prohibido el alquiler parcial»
Sobre la controvertida venta de plazas o tickets en embarcaciones de chárter, las posiciones de los ponentes afloraron importantes matices. Mientras José Carlos Frau defendió que la Ley de Navegación Marítima únicamente contempla el arrendamiento completo de la embarcación, con o sin dotación, Fuentes sostuvo que la interpretación que tradicionalmente ha manejado la Administración marítima permite determinadas fórmulas de arrendamiento parcial siempre que mantengan una finalidad estrictamente recreativa y no constituyan transporte de pasajeros. “El alquiler parcial o venta de tickets es uno de los aspectos que están en el origen del conflicto”, reconoció el subdirector general de Normativa Marítima, y aclaró: “Nosotros nunca hemos prohibido el arrendamiento parcial; siempre hemos partido de que este tipo de alquiler, que se comercializará de mil maneras, es posible siempre que sea navegación de recreo”.
«Desde nuestro punto de vista, esa es una decisión que debería corresponder al Estado y así lo hemos defendido siempre. Entendíamos que, aunque la regulación del arrendamiento náutico no distingue expresamente entre arrendamiento total o parcial, la propia Ley de Navegación Marítima contiene preceptos que deben interpretarse de forma sistemática. En concreto, el artículo 204 admite el fletamento por cabida parcial», añadió Fuentes.
León von Ondarza recordó que el debate no es nuevo y que hace décadas ya se planteaban fórmulas de alquiler por camarotes o por plazas. No obstante, coincidió en diferenciar claramente estas modalidades de la venta de tickets propia del transporte marítimo. “El alquiler por camarotes o por plazas puede tener encaje en determinadas actividades recreativas; la venta de tickets, sin embargo, pertenece a otra categoría jurídica y se acerca más al transporte que al arrendamiento náutico”, sostuvo.
Frau fue más contundente al defender que determinadas actividades desarrolladas actualmente bajo el paraguas del chárter reproducen en la práctica servicios propios del transporte colectivo de pasajeros. El abogado recordó que existen resoluciones judiciales recientes que diferencian claramente ambas actividades y reclamó que quienes realizan rutas fijas, horarios preestablecidos y venta individual de plazas operen bajo los mismos requisitos que las empresas de transporte marítimo de pasajeros.
‘Airbnb’ de la náutica
Otra de las cuestiones que centró buena parte del debate fue la posibilidad de que embarcaciones privadas puedan destinarse temporalmente a actividades comerciales durante un periodo máximo de tres meses. La medida, impulsada por la Dirección General de la Marina Mercante, ha generado preocupación en determinados sectores de Baleares por el posible incremento de la presión náutica sobre unas aguas ya sometidas a una elevada demanda durante la temporada alta.
Sin embargo, Fuentes defendió que la regulación aprobada incorpora tantas exigencias que, en la práctica, resulta más sencillo operar directamente como embarcación de Lista 6ª que acogerse a esta modalidad temporal. “Con las condiciones que hemos establecido, probablemente sea más fácil dedicarse directamente a la actividad de Lista 6ª que solicitar un cambio temporal de uso”, afirmó.
León Von Ondarza, en una de sus intervenciones en el III Foro de Gaceta Náutica.
El responsable ministerial recordó que quienes opten por esta fórmula deben cumplir requisitos muy estrictos: la embarcación no puede utilizarse para fines privados durante el periodo autorizado, debe gestionarse a través de una empresa especializada, requiere seguros específicos, controles técnicos equivalentes a los de una embarcación comercial y la intervención de profesionales habilitados para su explotación.
Von Ondarza coincidió con este análisis y destacó que el propietario debe renunciar temporalmente al control de su embarcación y someterse a un régimen muy exigente. “La realidad demuestra que no es una opción tan sencilla como algunos imaginaban”, señaló, recordando que el número de solicitudes registradas hasta la fecha ha sido reducido.
Demasiados barcos en Baleares
El debate también abordó el problema de la saturación náutica en Baleares. Frau aportó datos del propio registro autonómico que reflejan la dimensión actual del sector, con más de 3.100 embarcaciones de chárter operando legalmente en las islas y más de 1.300 empresas registradas. A partir de estas cifras, cuestionó la necesidad de incorporar nuevas embarcaciones procedentes del mercado privado. “Ya existe una oferta muy importante de embarcaciones comerciales. Debemos preguntarnos si realmente es necesario seguir incrementándola”, planteó.
Fuentes respondió que el objetivo de la medida no era únicamente aumentar la oferta, sino facilitar que los propietarios puedan amortiguar los costes de mantenimiento de sus embarcaciones y permitir a determinadas empresas reforzar puntualmente su capacidad durante los periodos de máxima demanda.
Otra cuestión analizada fue la obligación introducida por el decreto balear de disponer de un punto de embarque y desembarque o de un amarre para desarrollar actividades de chárter.
Contra la actividad irregular
Frau defendió esta exigencia como una herramienta necesaria para combatir la actividad irregular y mejorar la seguridad marítima. Según explicó, resulta difícil justificar una actividad comercial sin contar con una infraestructura mínima que garantice embarques y desembarques seguros.
Von Ondarza consideró que la medida puede tener un efecto disuasorio, aunque advirtió de que su eficacia dependerá de la capacidad real de control e inspección por parte de la Administración.
José Carlos Frau escucha con atención una intervención de Julio Fuentes.
Por su parte, Fuentes recordó que la casuística del sector es muy amplia y que existen numerosas situaciones operativas que obligan a analizar cada caso con flexibilidad.
La mesa concluyó con una mirada al futuro marco regulatorio de la náutica de recreo. El representante del Ministerio avanzó que la Administración trabaja ya en varias reformas destinadas a simplificar la normativa, clarificar las distintas actividades marítimas y ofrecer una mayor seguridad jurídica al sector.
“Tenemos que construir un marco normativo más claro, más sencillo y capaz de responder a la realidad actual de la navegación de recreo”, señaló.
Rafael Palmer puso punto final a casi una hora de intenso debate felicitando a los ponentes por el “elevado nivel jurídico de sus exposiciones” y recordando la famosa frase atribuida al canciller Otto von Bismarck sobre el proceso de elaboración legislativo: “Las leyes son como las salchichas; es mejor no saber cómo se hacen”. El comentario hizo estallar en una carcajada a los participantes en la mesa y a buena parte del público.
