El Consell de Govern ha aprobado este jueves el Proyecto de Ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral de las Illes Balears, una norma que incorpora como una de sus principales novedades la limitación de velocidad de las embarcaciones en la franja de una milla desde la costa, con restricciones más severas en espacios naturales protegidos. La medida busca reforzar la seguridad de los bañistas, ordenar la convivencia entre los distintos usos del mar y reducir el impacto de la navegación sobre el entorno litoral.
El texto, que será remitido ahora al Parlament para su tramitación el próximo mes de septiembre, constituye la primera ley autonómica que regula de forma integral el litoral balear tras el traspaso de competencias en materia de costas formalizado en 2023. Sin embargo, entre el conjunto de medidas previstas, el Govern sitúa como uno de los elementos más relevantes el establecimiento de límites de velocidad en aguas costeras, una herramienta con la que pretende incrementar la seguridad en zonas de gran afluencia y reforzar la protección ambiental del litoral.
La nueva regulación fija restricciones a la navegación en la franja marítima más próxima a la costa y prevé un endurecimiento de esas limitaciones en áreas especialmente sensibles, como los espacios naturales protegidos. El objetivo es reducir situaciones de riesgo para los bañistas y otros usuarios del mar, al tiempo que se minimizan molestias e impactos sobre hábitats frágiles. La norma contempla excepciones para embarcaciones profesionales sujetas a la normativa marítima internacional.
Marco normativo propio
Más allá de esta medida, la futura ley aspira a dotar a Balears de un marco normativo propio para ordenar los usos del litoral, gestionar playas, servidumbres y aguas costeras, y afrontar con mayor capacidad los efectos del cambio climático sobre la costa. El Govern defiende que la norma permitirá combinar protección ambiental, uso responsable de los recursos y seguridad jurídica para ciudadanos, empresas y administraciones.
El proyecto establece además un modelo de cogobernanza entre administraciones. El Govern asumirá la definición de las directrices generales y la coordinación; los consells insulares elaborarán los instrumentos de ordenación del litoral y los planes de servicios de temporada, mientras que los ayuntamientos gestionarán directamente sus playas y podrán otorgar determinadas autorizaciones. El Ejecutivo autonómico considera que este reparto competencial permitirá una gestión más próxima a las necesidades de cada territorio.
La ley también introduce una clasificación de las playas entre urbanas, naturales y de especial protección, con criterios de ordenación específicos para cada tipología. Asimismo, regula los accesos, aparcamientos y servicios de temporada, que deberán ajustarse a parámetros de sostenibilidad y calidad.
Otro de los apartados destacados del texto es la actualización del régimen de inspección y sanción, con la incorporación de nuevas infracciones vinculadas al incumplimiento de las limitaciones de uso y con mayores herramientas para actuar frente a ocupaciones ilegales o prácticas irregulares en el dominio público litoral.
