Que el Real Club Náutico de Palma no tenga garantizada su continuidad tras 74 años de historia y todo lo que en este tiempo ha aportado a la sociedad y a la cultura marítima de Mallorca es demencial. No hay que darle más vueltas al asunto. Ningún país civilizado dejaría que se echara a perder un patrimonio de estas características. Pero que eso pueda ocurrir, encima, por una cuestión puramente formal (¡qué más da “concesión” que “contrato de servicios” si ni siquiera la administración portuaria es capaz de distinguir una cosa de la otra!) es aún peor: es ser del género idiota.

Podrían los más insignes hombres y mujeres de leyes -abogados del Estado, miembros del consejo de ídem y asesores jurídicos- teñir los cinco océanos con la tinta de su prosa infumable, que nada, absolutamente nada, justificaría la desaparición del RCNP, la entidad de su clase más prestigiosa y respetada de España, y posiblemente del mundo.

Esto último lo sabe cualquier persona con unos mínimos conocimientos de cultura náutica. Pero lo desconocen todos esos letrados gozosos de bucear en las disposiciones, adiciones y demás minas de profundidad incrustadas en la Ley de Puertos del Estado sin dedicar una milésima de segundo de su proceso intelectual a valorar las consecuencias subyacentes de sus actos. Qué triste que tan altas instancias tengan semejante desapego de la realidad.

¿A quién puede importarle lo que ponga el título concesional del RCNP si hay pruebas demoledoras de que lleva dos décadas siendo tratado como una concesión y tiene, por tanto, todo el derecho del mundo a una prórroga? ¿Cómo pueden la abogada del Estado y los políticos aparcados en el Consejo de Estado ignorar en sus dictámenes 20 años de tolerancia administrativa y el valor capital que eso tiene como acto propio y vinculante, tal y como se verá en los tribunales? ¿Estos son los juristas de referencia, la élite de las leyes? Qué Dios nos pille confesados.

Seamos claros, por favor, y no nos dejemos narcotizar por debates insustanciales. Veamos, en primer lugar, quién y con qué intenciones está tratando de dinamitar la renovación de los principales clubes náuticos del archipiélago.

Del sujeto nos consta que es un “reputado abogado madrileño” con contactos en las esferas ministeriales y una capacidad de empozoñar expedientes verdaderamente prodigiosa. Nos ahorramos dar aquí su nombre porque no es un tipo famoso y a nadie le diría nada, pero sí podemos revelar, por ejemplo, que ha tenido trámite de audiencia en el Consejo de Estado (lo que se le ha negado al RCNP) y que es uno de los instigadores del caso judicial que tiene paralizada a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) desde hace casi dos años.

Sería muy preocupante que la juez que investiga el asunto se creyera las patrañas que, a buen seguro, le habrá contado el citado individuo sobre la naturaleza de los clubes náuticos. Llevo oyendo esas mismas mentiras desde que empecé a informar sobre este sector hace más de 20 años. Casi siempre en boca de personajes con avidez de lucro, en cuyas cabezas no entra que alguien pueda realizar un servicio a la comunidad por razón ajena al dinero.

Ahora vayamos al objeto, al móvil. ¿Qué pretende el reputado letrado en cuestión? Pues muy simple: allanar el terreno para que sus clientes, sociedades mercantiles interesadas en el negocio portuario, se hagan con el control de los clubes náuticos para transformarlos en rentabilísimas marinas.

Ah, es usted uno de los millones de españoles que no sabe distinguir un club de una marina. No se preocupe, yo le ayudo: lo que persigue la operación de derribo de los náuticos y marítimos, entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la promoción del deporte regulado por las federaciones deportivas, es convertir sus instalaciones en aparcamientos de embarcaciones inalcanzables para los residentes locales. Yates de verdad, no esos veleros de 40 pies a los que usted, seguramente, también llama “yate” en tono peyorativo.

Lo que busca la trama, en definitiva, no es otra cosa que expulsar a la clase media del mar como espacio de recreo. Lo que vendría a ser la gentrificación de los puertos. Lo hace aprovechándose de ese prejuicio tan embutido en la opinión pública y en las clases dirigentes españolas según el cual todos los aficionados a la náutica son poco menos que unos millonarios excéntricos. Y valiéndose, también, del desconocimiento supino que periodistas, políticos, funcionarios, abogados del Estado y demás órganos informantes tienen sobre todo lo que concierne al mar y sus gentes.

Qué tragedia que algo así ocurra en una isla cuyos primeros pobladores fueron necesariamente navegantes.