Neus Truyol. Fiscalía le pide 4 años por delito contra el medio ambiente, pero la culpa es de la ultraderecha.
Josep Castells es un diputado balear del partido Més per Menorca que cobra del erario 67.449,90 euros anuales, bastante más de lo que seguro se embolsan la mayoría de lectores de esta columna. Este buen hombre escribió el siguiente mensaje en su perfil de Twitter tras conocerse la solicitud de cuatro años de cárcel de la Fiscalía para la regidora de Urbanismo de Palma, Neus Truyol, por los vertidos contaminantes de EMAYA: «Consternado por la injusticia de la que está siendo víctima la compañera Neus Truyol. Un poder judicial podrido se permite el cinismo de perseguir por delito medioambiental a las personas que se rompen la cara por el medio ambiente. Siempre a tu lado, Neus».
Han leído bien: un diputado, que lo desconoce todo sobre el caso y que, por supuesto, no ha leído el escrito de la Fiscalía, acusa al poder judicial de estar «podrido» y actuar con «cinismo». De prevaricar, vamos.
El mismo día en que esto ocurría, otro dirigente de Més, Antoni Alorda, presidente de la Comisión Balear de Medio Ambiente (56.317,46 euros anuales, sin contar las dietas como miembro del consejo de Administración de la Autoridad Portuaria), escribía una tribuna en el diario Última Hora atacando a los navegantes y elogiando la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcías, de archivar la causa que investigaba la inexistencia de cualquier expediente administrativo contra la contaminación provocada por EMAYA. En este caso, la justicia no estaba podrida ni actuaba con cinismo, sino que ejercía con toda corrección el papel que tiene asignado como poder del Estado.
Més per Mallorca o Menorca, tanto monta, es un partido que representa a un exiguo 13% del electorado balear y que puede ser prosistema o antisistema el mismo día, según le convenga. Ya no hace falta ni preguntarse qué harían los Castells y Alordas de turno si la concejal acusada (inocente mientras no se demuestre lo contrario) perteneciera al PP o cualquier otro partido situado fuera de la barrera protectora del mal llamado progresismo; o si el imputado por delito contra el medioambiente fuese un navegante que ha vertido al mar, pongamos por caso, las aguas de la sentina. Lo sabemos de sobra: la izquierda nacionalista balear se encuentra entre los inventores del linchamiento político.
Lo que no teníamos tan claro –al menos yo– es que su caradurismo llegara al extremo de sostener una cosa y la contraria respecto a la consideración que merece el poder judicial en un mismo día y sobre dos asuntos tan estrechamente relacionados. Que el bienpagado diputado Castells acuse de cinismo a la fiscal no es tanto un sarcasmo como una infamia, propia de un exaltado. Que Alorda defienda en paralelo la acción de la justicia porque le va bien demuestra que Més, como la izquierda en general, juega con las cartas marcadas: si los jueces o fiscales me dan la razón, son buenos; si no, la justicia es una «cloaca»; si un juez imputa a un adversario, es un adalid contra la corrupción; si otro acusa a uno de los míos, es un franquista decrépito.
Y así con todo.
