Un informe del Govern dice que no hay evidencia de que los vertidos causen daños a la posidonia.
El día en que el conseller de Medio Ambiente compareció para presentar la campaña de vigilancia de la posidonia en Baleares, uno esperaba que, a la vista de los datos, en algún momento dijera algo como “quizás hemos sido injustos con los navegantes” o “nos hemos pasado de la raya” responsabilizando a este colectivo de destruir los ecosistemas marinos de Baleares. Obviamente se trataba de una expectativa inocente, pues desde hace muchísimo tiempo no se ha visto asomar desde las madrigueras del poder la testa de ningún político que reconozca sus errores.
Lejos de pedir disculpas, el conseller tuvo el cuajo de arrogarse el éxito de que los navegantes, en su inmensa mayoría, no larguen el ancla sobre posidonia, gracias, dijo, a su campaña de concienciación y de fomento de las delaciones entre ciudadanos.
Cualquiera que conozca mínimamente este mundillo sabe que un navegante bien formado elegirá siempre un fondo de arena por su propia seguridad y la de su embarcación, y porque es plenamente consciente de la importancia ecológica de las praderas de posidonia.
Esa conciencia la tenían los usuarios del mar mucho antes de que un grupo de políticos y biólogos decidieran hace dos décadas montarse un negocio alrededor de la protección de esta planta. ¿Cuántos millones de euros se han invertido en repetir una y otra vez el mismo mensaje en charlas y folletos? ¿A dónde ha ido a parar todo ese dinero? ¡Pero si hasta se han inventado un festival de cine de la posidonia!
Pero no nos desviemos, vayamos primero a los hechos. Admitió el conseller –qué remedio– que la famosa campaña de vigilancia de 2021 se ha sustanciado en 62 propuestas de sanción (que no en multas) después de revisar más de 120.000 fondeos. El 95,3% de las anclas estaban correctamente depositadas sobre arena y sólo en el 4,7% restante de los casos el patrón del barco fue instando a desplazar su fondeo por existir riesgo de que, desde el subjetivo punto de vista del vigilante, la cadena pudiera rozar la pradera; es decir, que no se había producido afectación directa de la planta.
Y es aquí, permítanme que llame su atención sobre este punto, donde la Conselleria de Medio Ambiente se ha tenido que comer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que anula el régimen sancionador del decreto de protección de la posidonia. Mir, que tiene fobia por la náutica, como el resto de sus compañeros de Més, pretendía convertir todas esas advertencias de los vigilantes en potenciales sanciones, lo que le hubiera permitido presentarse ante los medios y denunciar el desastre (a todas luces falso) que los navegantes provocan sobre esta especie protegida. Pero, menos mal, ahí estuvo la Justicia para desbaratar el plan.
Comoquiera que los datos no hay por dónde cogerlos para sostener la demonización de la náutica, el conseller ha optado por abrir un nuevo frente contra los barcos de recreo. Hace ya más de medio año que el ecologismo oficial, a través de sus asociaciones subvencionadas, plataformas y fundaciones afines, vienen ofreciendo pistas de por qué derroteros irá su próxima campaña. Uno de los primeros indicios fue el anuncio de limitar el fondeo sobre arena en el proyecto de gestión de la costa de Levante de Mallorca. Antes, el Govern ya había logrado colar esta restricción en el litoral de Formentera vía decreto, aprovechando la crisis sanitaria.
Ya no se hablaba de posidonia, sino de “carga” y “saturación”. Bueno, en realidad sí se seguía recurriendo a la posidonia. Casi en paralelo a la idea de limitar el fondeo también en arena, empezó a circular un estudio publicado por ‘Nature Communications Biology’ en el que, ojo al dato, se afirma que exponer las plantas a “ruido de origen antropogénico” provoca “lesiones graves y permanentes en sus órganos sensoriales”.
Lo han leído bien. Ya no es el ancla, sino la mera presencia de seres humanos lo que pone en peligro la supervivencia de la posidonia. Lo dice el Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas (LAB) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), un centro que, según el teletipo de la agencia EFEVerde que se hace eco del estudio, “es líder mundial en estudiar la contaminación acústica en el océano”. En la noticia, aparecida en decenas de medios de comunicación digitales, se afirma que la posidonia está en una situación de gran fragilidad “debido al uso masivo de los anclajes de las embarcaciones de recreo, que arrancan de raíz estas praderas marinas únicas”, algo que, como hemos sabido a raíz de la campaña de vigilancia en Baleares, está muy lejos de ser verdad, al menos en cuanto a lo de “masivo”.
Por supuesto, en el artículo no aparece ni una sola línea referida a los vertidos de aguas residuales. Y no es de extrañar: la Conselleria de Medio Ambiente ha tenido la desfachatez de plasmar en un informe dirigido a un juzgado de instrucción de Palma que “no hay evidencias científicas” de que las depuradoras o desaladoras afecten a las praderas de posidonia oceánica. O sea, que arrojar millones de litros de materia orgánica, plásticos y productos químicos sobre o en el entorno de la planta es inocuo, pero el ruido humano es mortal de necesidad. Se ve que ningún laboratorio “líder mundial” ni biólogo reputado ha caído en la cuenta de investigar los vertidos. O quizás sus conclusiones no han sido del interés de nuestras autoridades medioambientales.
No pierdan de vista el trabajo de laboratorio de bioacústica, porque seguramente se convierta en el gran argumento de las mercantiles del ecologismo para establecer áreas libres de barcos, con independencia de la configuración del lecho marino, a fin de que la posidonia disfrute en absoluta soledad del benigno rumor de los emisarios de aguas residuales.
