Los datos de inspecciones de pesca le "escaman" al GOB porque no avalan su relato.
La asociación ecologista GOB tiene muy buena prensa y un equipo de comunicación realmente eficiente. Espero que esté bien pagado, porque hace un buen trabajo y la entidad no está necesitada de recursos públicos: en la última legislatura, sin contar lo que llevamos de 2022, ha recibido la nada desdeñable cifra de 281.849 euros en subvenciones y ayudas directas sólo del Govern balear. Los conceptos van desde la edición de folletos con los consabidos lugares comunes sobre la posidonia hasta la contratación de personal femenino con fondos del SOIB Dona, pasando por la vigilancia de las gaviotas rojas de la isla de Na Guardis o el fomento del uso de la energía fotovoltaica.
El GOB envía muchos comunicados al cabo de un año, y los medios generalistas no dudan en darles cancha mediante el acrítico sistema de edición del copia-pega. Esto es así porque se trata de una asociación supuestamente “prestigiosa” y “solvente”, un sujeto cuya honestidad y buen hacer ningún medio pone en duda, aunque, si se hiciera una encuesta entre los ciudadanos –no digamos ya entre los criminalizados navegantes–, mucho me temo que la impresión no sería tan positiva. A los ecologistas baleares se les está empezando a medir tímidamente por sus silencios antes que por sus ruidosas y generalmente interesadas manifestaciones. El caso de los vertidos ha sido muy elocuente.
No es ningún secreto que el GOB y la Fundación Marilles, sufragada por un millonario holandés que ha venido a decirnos cómo deben faenar nuestros pescadores mientras en su país se utiliza la técnica de los electrodos, le tienen puesta la proa a los navegantes y a los pescadores recreativos, a los que pretenden responsabilizar del presunto retroceso de la posidonia y de la también supuesta pérdida de biomasa del Mar Balear. Les da igual que la campaña de vigilancia de la Conselleria de Media Ambient haya demostrado en años sucesivos que el fondeo sobre las praderas de la planta protegida es residual; les trae al pairo que, de hecho, la posidonia sea, con enorme diferencia, la especie vegetal más abundante, frente a otras que quizás requerirían más protección; y les importa un bledo que las cifras oficiales revelen que un irrelevante 0,19% de los pescadores (tanto de recreo como profesionales) ha sido sancionado por algún tipo de incumplimiento de la normativa que rige el sector. Eso y nada es lo mismo.
Lo normal, a tenor de los datos, sería pensar que la inmensa mayoría de los navegantes y pescadores, lejos de ser los depredadores que nos han pintado, se destacan por sus buenas prácticas y el cumplimiento de las leyes. Pero, claro, eso significaría reconocer que su relato catastrofista carece de base y que todas las subvenciones recibidas para campañas de concienciación (SOS Posidonia, por poner un ejemplo) han dejado de tener sentido.
El problema, sin embargo, no está en que el GOB coja los datos de los expedientes de pesca y decida hacerse trampas al solitario, llegando a la conclusión vía “boca-oreja” de que las cifras no son reales; el verdadero problema es que todos los medios, al día siguiente de que el eficacísimo equipo de propaganda de los ecologistas haya espameado su tesis, no publiquen los datos objetivos disponibles (a partir de los cuales podría llegarse a la legítima conclusión de que los pescadores son, al fin y al cabo, gente que actúa con arreglo a las normas) y, por el contrario, decidan dar por buena la versión subjetiva y carente de todo soporte científico del remitente de la nota, sumando un nuevo capítulo a la satanización de los navegantes.
