Era inevitable que llegara al sector náutico el debate sobre la saturación de embarcaciones en nuestro litoral. No hace falta explicar a un lector avezado quiénes son los que recitan incansables este mantra. A los no iniciados les sugeriría que dirijan a su mirada hacia aquellos que buscan rentabilidades políticas a través de planteamientos radicales y maniqueos.
Los que vivimos de dicho sector estamos acostumbrados a que nos hagan pasar por lo que no somos. Porque no somos el problema, sino parte de la solución, y por eso mismo estamos preparados para plantear alternativas que obviamente no pasan por liquidar un sector económico que hemos tardado años en desarrollar. Algunos, desde su aparente excelencia medioambiental, parece que sólo buscan liquidar todo aquello construido por otros tras décadas de esfuerzo y perseverancia.
El uso de las embarcaciones en Baleares es sumamente estacional, incluso más que el turismo convencional, ya sea residencial u hotelero. Esto no sucede en otros destinos donde la navegación deportiva no se ciñe exclusivamente a los meses de verano. Por ello, habría que incentivar la actividad todo el año y no limitarla al estío.
Esta extensión en temporada baja de la actividad náutica nos abriría la posibilidad de establecer un uso compartido de las embarcaciones mediante el establecimiento de clubes de navegación, o figuras análogas. El uso compartido animaría a los propietarios de embarcaciones a modernizarlas, con lo cual se propiciaría una migración hacia nuevas y más modernas embarcaciones, e incluso podría incentivar la incorporación de motores eléctricos o de hidrógeno.
A su vez, se democratizaría el acceso al mundo de la náutica al hacerlo más accesible y más económico para el usuario, pasando de ser un valor patrimonial y de estatus por la posesión de una embarcación, a un verdadero uso lúdico, turístico, deportivo y social. Se iniciaría una transición desde el pago por la propiedad al pago por el uso.
Paralelamente se habla de la gentrificación que sufre el residente. Se argumenta como motivo de esa gentrificación que los amarres son demasiado caros, y lógicamente se mira hacia los puertos deportivos y clubes náuticos como causantes del problema. Nada más lejos de la realidad. Los precios están topados y las tarifas las fija la administración pública. Habría que aclarar que el encarecimiento de los precios se ha generado en el mercado de compraventa de amarres entre particulares, donde no rigen las limitaciones que sí afectan a las entidades concesionarias.
Lógicamente la náutica social debe seguir estando protegida, pero no tiene ningún sentido que la administración mantenga los precios regulados a partir de ciertas esloras cuando se podrían obtener ingresos fiscales que ayudarían al fomento precisamente de la náutica social, y también servirían para mejorar las infraestructuras y los servicios portuarios.
Dicho de otro modo, a partir de un cierto tamaño de las embarcaciones podríamos concluir que lo más conveniente sería aplicar lo que establece en puridad la teoría económica: ante un producto escaso y que no tiene sustitutivo, el precio es clave para reducir el exceso de demanda.
Si queremos abordar los desafíos que se nos plantean el sector náutico debe modernizarse, adoptar nuevos hábitos en el uso de las embarcaciones, e incorporar la economía circular, la descarbonización y la digitalización a nuestra actividad. Estos retos también conciernen a la Administración Pública, que debería romper con viejas ideas y tabúes si de verdad aspiramos a mantener un sector económico que tanto valor añadido aporta al modelo económico de Baleares.