Me consta que muchos buenos y experimentados navegantes son peperos convencidos, algunos incluso tienen carné. Es evidente, sin embargo, que nadie en la dirección del partido consulta a estos solventes marinos antes de tomar ciertas decisiones o hacer declaraciones públicas que afectan a la náutica.
Para la historia ha quedado la ocurrencia del entonces conseller Biel Company de prohibir cualquier fondeo a menos de 30 metros de profundidad, lo que significaba en la práctica tener que acarrear con 120 metros de cadena en el cofre del ancla. La propuesta nunca fue aprobada, claro, pero sirvió de heraldo a algo mucho peor: el decreto de posidonia que atribuye toda la responsabilidad del deterioro de esta planta marina a las malas prácticas en el fondeo (cuando representan a lo sumo el 0,5%) e ignora deliberadamente la influencia de los vertidos de aguas residuales procedentes de las depuradoras públicas.
Company aceptó de facto que para proteger la posidonia y otros ecosistemas había que, literalmente, prohibir el fondeo junto a la costa, y allanó así el camino para un sinfín de normas autonómicas impulsadas por la izquierda que criminalizan la actividad náutica. Hoy es ya casi imposible que la opinión pública cambie su parecer negativo sobre los propietarios de embarcaciones de recreo, a los que se identifica con ricos carentes de toda conciencia ambiental, siendo la realidad que en su inmensa mayoría disfrutan de un poder adquisitivo menor al de cualquier concejal de Podemos y sienten más amor por el mar, su espacio de libertad y ocio, que los ecologistas y científicos subvencionados que viven de hacerles la vida imposible.
La última de este PP de secano ha sido pedir explicaciones al Govern balear por la falta de control contra el “fondeo ilegal” en Ibiza y Formentera. Considera la oposición, por boca de su portavoz, Antoni Costa, que no hay suficientes embarcaciones (menos de las previstas por el Pacte) para vigilar a los desaprensivos que largan el ancla sobre posidonia, dando por sentado que las cosas son cómo se las cuentan sus adversarios políticos y sin atender a la realidad: el 95,3% de los navegantes fondea de forma correcta, según datos de la campaña de vigilancia en Baleares. En el 4,7% restante se incluyen los fondeos “susceptibles de dañar la planta”, a juicio de unos controladores cuya pericia marinera es bastante dudosa. Es decir, las anclas y cadenas situadas sobre arena en las proximidades de una pradera.
¿Qué hace el PP pidiendo más presión sobre la náutica de recreo? Y peor aún: ¿qué hace el PP comprando el relato de los radicales de Més y criminalizando a los navegantes? ¿Por qué no pregunta a los que saben, que los tiene en casa, antes de hacer el ridículo en el Parlament?
La náutica de recreo en Baleares lo tiene muy crudo con esta gente. A babor y a estribor.