A BABOR Y A ESTRIBOR

BARTOMEU BESTARD

Soy el CEO de Alcudiamar. Tengo un grado en Derecho y formación superior en Administración y Dirección de Empresas. Llevo 40 años, toda mi vida profesional, dedicado a la creación y gestión de infraestructuras náuticas. He presidido la patronal FENIB cuando aglutinaba al sector náutico, y también ANADE representando a marinas y clubes náuticos. Mejor unidos que separados. Me gusta el mar, su gente y su cultura colaborativa, que respeta el criterio independiente para poder opinar a babor o a estribor.

El REB y el sector náutico

La Ley del Régimen Especial de las Illes Balears. (Ley 30/1998) ya identificaba el sector náutico como clave para el futuro de la economía balear

El REB reconoce a la náutica como sector clave, pero la realidad es que no hay ni espacio para las empresas de reparación.

En su reciente visita a Mallorca, el presidente del Gobierno anunció la inclusión en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de incentivos fiscales para completar el Régimen Especial de las Illes Balears, y fomentar así la transformación económica de nuestra comunidad.

En la exposición de motivos de la Ley del Régimen Especial de las Illes Balears. (Ley 30/1998) ya se identificaba la náutica como sector clave para el futuro de la economía balear, y en su artículo octavo se contemplaba la constitución de una comisión mixta integrada por representantes de la Administración del Estado y del Gobierno de la Comunidad Autónoma para desarrollar un plan de medidas y establecer el modo en que el Estado y la Comunidad Autónoma pueden cooperar en esta materia.  Nada sabemos de esta comisión, ni siquiera si se llegó a constituir.

Con posterioridad, el Real Decreto-Ley 4/2019 del Régimen Especial de las Illes Balears reconoce la existencia del hecho insular como un conjunto de circunstancias específicas cuya determinación se encomienda al Estado y que debe ser atendido al formular políticas concretas que garanticen la igualdad de oportunidades entre territorios.

De nuevo en su exposición de motivos se crea una comisión mixta específica -otra más- integrada por representantes de la Administración estatal y autonómica para analizar las potencialidades del sector náutico en las islas. Este Real Decreto de 2019 reconoce que los puertos de titularidad estatal contribuyen de manera decisiva a la conectividad, y por tanto son instrumentos esenciales para la vertebración económica y social de Baleares. Además, contempla medidas para promover la electrificación de los puertos de Baleares.

Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que con semejante marco jurídico vigente desde 1988 no haya sido posible dar respuesta a los retos que tiene el sector náutico en Baleares, ni siquiera en lo que respecta a los puertos de interés general?

Problemas como el de la falta de espacio para la reparación y mantenimiento de embarcaciones, o el exceso de litigiosidad en las renovaciones y prórrogas de concesiones de instalaciones náuticas, precisan de respuestas urgentes. La necesaria reforma de la Ley de Puertos del Estado facilitaría algunas soluciones, pero la actual composición del arco parlamentario mantiene paralizada su tramitación .

Algunos se empeñan en trasladar la responsabilidad a los representantes de Puertos del Estado, pero en estos momentos la pelota está en el tejado del poder Legislativo. Son nuestros diputados y senadores los que deben dar respuestas a estos problemas a través de su capacidad normativa, porque la actual legislación se muestra obsoleta e ineficaz para ofrecer soluciones.

Pues bien, el Régimen Especial de Baleares constituye un instrumento magnífico para avanzar hacia esas soluciones. Supone una gran oportunidad dado que fija una estrategia y un marco global de actuación. Por ello el sector náutico debería superar su lacerante situación de falta de liderazgo y unirse en la defensa del interés común de un conjunto de actividades económicas que resultan estratégicas para la creación de valor añadido y el desarrollo sostenible de Baleares.

El resto de polémicas son un intento de marear la perdiz para no incidir en quiénes son los auténticos responsables de dar solución al problema. Trasladar a la opinión pública la idea de que determinadas leyes y decretos son un simple “brindis al sol” que no obligan a nada ni a nadie es algo impropio propio de un país serio. Desgraciadamente, los escasos avances obtenidos desde 1988 hasta hoy -más de tres décadas de mucho hablar y poco hacer- así lo hacen creer.

Las Leyes están para cumplirlas, y los diferentes actores que integran el sector náutico debemos exigir ese cumplimiento a nuestros representantes políticos. A través del REB se puede y se debe dar respuesta a las singularidades de Baleares que tienen origen en nuestra realidad insular. Necesitamos respuestas específicas a problemas específicos, tal como señala nuestro Estatuto de Autonomía y así lo indica el citado Real Decreto-Ley 4/2019 del Régimen Especial de las Illes Balears.

La Ley de Puertos del Estado es la que es, pero nuestro régimen especial permite -y así lo debemos exigir- que dicha ley y la normativa que la desarrolla recoja y atienda las peculiaridades de nuestras instalaciones náuticas. Se trata de encontrar soluciones y fórmulas adaptadas a esas particularidades, sin tener que acudir a un marco general que no ofrece respuestas ni seguridad jurídica a un sector que forma parte de unas infraestructuras del Estado en la Comunidad Autónoma que, según el REB, facilitan la  cohesión social y el desarrollo económico de las Illes Balears.

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