La atención del caso Puertos se ha centrado, tras el levantamiento parcial del secreto de sumario de la segunda pieza separada, en la imputación del ex conseller socialista Josep María Costa, dirigente del Club Náutico de Ibiza y hermano de la portavoz del PSIB en el Parlament balear. Hasta cierto punto es normal que así sea, por la tendencia a politizar todos los asuntos que se dirimen en los tribunales, aunque quizás la cuestión nuclear de este asunto no sea que la centenaria entidad pitiusa solicitara auxilio para su supervivencia y que un grupo de políticos de todos los partidos reclamaran a su vez a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) la articulación de un mecanismo legal (la malhadada competencia de proyectos) para hacerla posible. Esto lo sabía todo el mundo, se hizo a plena luz del día, hay numerosas manifestaciones públicas en este sentido y hasta una declaración del Parlamento.
Es evidente que las instituciones insulares intentaron ayudar al club en atención a su carácter histórico y patrimonial, y a la indiscutible función deportiva y social que desarrolla. Habrá a quien eso le parezca mal, y estoy dispuesto a entenderlo, pero no es mi caso. Y, salvo que la investigación sea capaz de demostrar que, al margen de esa legítima «ayuda política», hubo algún tipo de contraprestación en forma de soborno, me van a permitir que discrepe de la pretendida naturaleza criminal de estos hechos. Corrupción, a mi juicio, es otra cosa.
Lo que sí es objetivamente grave, y en caso de probarse merecería todo el rechazo, es algo que la prensa general –cegada por la débil derivada política– no ha considerado destacable y que está perfectamente enunciado en el auto de la juez Martina Mora. Me refiero al párrafo donde la instructora afirma, sin lugar a segundas interpretaciones, que se está investigando si la empresa Club Básico 12 Millas, que trataba de impedir por todos los medios la renovación del Club Náutico de Ibiza, habría exigido el pago de una cantidad de dinero sin concretar a cambio de retirar todos los contenciosos interpuestos contra la APB. O sea, por no seguir incordiando.
De probarse que fue así, habrían quedado muy claras las verdaderas intenciones de los responsables del Club 12 Millas y otras empresas que actúan bajo la misma dirección letrada y que han contribuido con su utilización perversa del Derecho a hacer ingobernables los puertos de Baleares, enfrascados en una litigosidad insoportable.
La APB tiene gran parte de la culpa (la relación de su vieja y resentida cúpula con el letrado en cuestión es bien conocida), pero no toda. Seamos justos y reconozcamos que en estas condiciones es casi imposible no caer en la parálisis por el temor más que fundado a terminar imputado.
Todos los que trabajamos en el diminuto mundillo de la náutica, donde es literalmente imposible guardar un secreto, llevamos muchos años oyendo hablar de estas extorsiones. De una de ellas tuve conocimiento previo por medio de un interlocutor al que, conociendo la jaez del personaje que le había citado por medio de un emisario, recomendé que grabara la conversación, lo que aquél no hizo por considerarlo «deshonesto». Luego se arrepintió. Deshonesta y delictiva había sido la propuesta: «Si quieres que nuestros abogados retiren las demandas que impiden la renovación de tu concesión, paga».
