Imagen del restaurante del Club Náutico de Ibiza por el que Puertos Sostenibles ofrece 27.195 euros al mes.
Entre las varias decisiones adoptadas en el último consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), hay una que quizás ha pasado desapercibida y que, sin embargo, sirve para entender hasta qué punto se encuentra paralizada la gestión de la náutica en la zona de competencia del Estado. O sea, en Palma, Mahón, Ibiza, Formentera y Alcudia, nada menos.
Me refiero al aplazamiento de la decisión sobre el último concurso del Náutico de Ibiza (una simple ocupación temporal) mediante el otorgamiento de una prórroga cuyo plazo no podrá exceder la fecha del 28 de marzo de 2023. ¿Qué está pasando aquí? ¿Significa que los técnicos no tienen la cosa clara para elegir al ganador entre las dos opciones que hay sobe la mesa o es que se hallan enfrascados en la búsqueda de un pretexto para darle el estoque definitivo a la histórica entidad pitiusa?
Uno no sabe qué pensar, aunque cada vez son mayores los indicios de que existe una directriz estatal para expulsar a los clubes náuticos del mapa portuario español por el método de la asfixia lenta, consistente provocar su degradación a través de la incertidumbre.
No pienso mal porque crea que así vaya a acertar, sin más. Pero son demasiados los casos de clubes acorralados por el staff técnico de la APB mientras, por lo bajini, se otorgan prórrogas y ampliaciones a otros concesionarios. Existe un patrón de comportamiento (Mahón, Ibiza, el Molinar y ahora el Náutico de Palma) que legitima la sospecha.
Pero no nos desviemos y vayamos al caso del Club Náutico de Ibiza y del concurso que la APB no quiere fallar todavía, aunque dispone de elementos más que suficientes para hacerlo. ¿Qué habrá cambiado entre el 27 de julio de 2022 –fecha del último consejo– y el 28 de marzo de 2023? Yo se lo digo: nada. Las ofertas están más que claras y lo único que debe hacer el organismo que otorga las concesiones de los puertos deportivos en el área de competencia del Estado es elegir qué modelo quiere: el inaccesible o el social; el económico o el caro; el que garantiza el acceso al mar de las economías medias o el que terminará de gentrificar el puerto de Ibiza.
Esta decisión la pueden tomar los ingenieros de la comisión técnica hoy igual que el año que viene. Sólo tienen que comparar las tarifas propuestas por los licitantes para la explotación del restaurante. El Club Náutico de Ibiza ofrece 9,10 euros por metro cuadrado de local, frente a los 45 de su adversaria, la empresa Puertos y Litorales Sostenibles. No hace falta ser muy listo para saber qué ocurrirá con los precios de la carta según se decante la APB por una u otra opción. La diferencia está en la amortización de 5.500 o 27.195 euros al mes.
Quizás los señores de los puertos “sostenibles” sean capaces de hacer algún milagro para que tomar un café o ejercer “el derecho de comer una paella junto al mar” (según declaración del abogado Jiménez Cisneros a la juez del caso Puertos) no salga por un ojo de la cara. Pero cuaquiera que no crea en fenómenos sobrenaturales tenderá a pensar que los cánones desorbitados, como los impuestos a la banca, terminan por repercutirse al cliente. Y ahí está la clave: ¿qué clase de cliente quiere la APB (y más concretamente los miembros de su Consejo de Administración) para la instalación del puerto de Ibiza? ¿Los que se toman un menú o los que le ponen pepinillo al gin tonic?
Me pregunto qué votará, llegado el caso, el consejero Antoni Alorda y si seguirá con su habitual discurso contra los clubes náuticos. Cualquier cosa es posible: él también sabe lo que es manosear la palabra “sostenible”. Vive de ello.
