En mi último post (Los “fondos buitre” del sector náutico) me comprometí a dar ideas para resolver la alta conflictividad en los concursos públicos de las concesiones náutico-deportivas en Baleares.

La situación deriva de una ineficiencia en la aplicación de nuestra Constitución (art. 148.1.6) y de nuestro Estatuto de Autonomía (art.30.5). Ambas normas establecen que la competencia de los puertos deportivos es autonómica. Es verdad que la Constitución determina la competencia exclusiva del Estado en puertos de interés general (art. 149.1.20 CE), pero a su vez la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante señala que los espacios pesqueros y los destinados a usos náutico-deportivos podrán ser segregados de la zona de servicios de los puertos de interés general (art. 3.6). Por tanto el vigente ordenamiento jurídico ya permite segregar las instalaciones náuticas (puertos deportivos) y adscribirlas a la Comunidad Autónoma.

La mayoría de partidos políticos han presentado proposiciones no de ley en el Parlamento Balear para que todos nuestros puertos deportivos sean de gestión autonómica conforme a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. Si la norma es tan clara, ¿por qué no se ha hecho? La explicación es simple: la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) precisa de los cánones y tasas que generan los puertos deportivos en el ámbito de su competencia para asegurarse la autosuficiencia presupuestaria que le exige la Ley. Estos ingresos le son obligados y necesarios para afrontar las inversiones públicas que aseguren la conectividad marítima en su condición de puerto de interés general.

Entonces, ¿cuál es la solución? La Comunidad Autónoma debe negociar con la administración central la transferencia de esta competencia sin dañar las arcas de la APB. Para ello debería garantizar el pago de los cánones que dicho organismo público espera obtener de sus concesiones, y que luego el Govern Balear repercutirá a los concesionarios. Es el mismo modelo que se emplea cuando se adscribe a la comunidad un espacio que depende de la Demarcación de Costas, por el cual este organismo fija un canon para el nuevo espacio adscrito a la Comunidad Autónoma.

Con esta fórmula lograríamos armonizar en nuestro territorio las reglas de juego de las concesiones y ponerlas bajo el marco de la Ley de Puertos de la Comunidad Autónoma, donde todas las concesiones tienen asegurada una continuidad en el tiempo y están fuera de la feroz e insana competencia que se vive actualmente en las de ámbito estatal.

De esta manera la Comunidad Autónoma podría resolver las serias amenazas que penden sobre concesiones como la del Club Náutico de Ibiza o el Real Club Náutico de Palma. Daría así cumplimiento al Estatuto y a la voluntad del Parlament, institución que se ha manifestado por aplastante mayoría a favor de la continuidad en dichas concesiones de los actuales gestores.

A su vez la APB se vería liberada de la tremenda presión que vive en estos asuntos, y podría centrarse en lo que constitucionalmente se fija como su misión: la garantía del tráfico comercial y de la conectividad marítima del archipiélago. Se desprendería así de la gestión de los puertos deportivos que tantos quebraderos de cabeza le está dando al no existir en la ley estatal una regulación específica para estas infraestructuras.

Es evidente que en su momento el legislador creyó y entendió que la competencia era y es autonómica, pero asegurando al mismo tiempo el mantenimiento de los recursos vía cánones y tasas que le son propios por el espacio que pondría en manos de la Comunidad Autónoma para así cubrir sus políticas de inversión necesarias.

Resulta paradójico cómo una cuestión jurídica tan simple sobre distribución de competencias puede revertir en una situación de facto tan compleja y problemática. Curiosamente la solución también es sencilla: con un Decreto-Ley el conflicto quedaría resuelto. Por ello, para el sector náutico de Baleares ha llegado de manera ineludible la hora de la alta política.