El manual de Oslo que viene elaborando la OCDE desde 1995 define la innovación como “la transformación de las ideas en riqueza y valor”. Pues bien, es aquí donde radica actualmente la factor diferencial del sector náutico de Baleares. Un sector náutico que debe sus orígenes a unos empresarios pioneros, auténticos visionarios que al amparo de la Ley de Puertos deportivos de 1969 crearon con recursos privados unas infraestructuras públicas necesarias para el desarrollo del turismo y la industria náutica en Baleares.
Su proyecto consistió en transformar lo que hasta entonces era un simple aparcamiento de embarcaciones para convertirlo en un verdadero polo de atracción de turismo de calidad, que a su vez ha impulsado la creación y desarrollo de una industria de reparación y mantenimiento de máxima excelencia. Nadie puede dudar que este desarrollo ha añadido un valor extraordinario al destino de Baleares.
Pero la innovación precisa de una actividad y una puesta al día constante, y para ello es necesario un marco jurídico y administrativo que apoye la innovación y la incentive. No estoy hablando de digitalización ni de actuaciones medioambientales, porque esto ya lo venimos haciendo desde hace años y en muchas ocasiones como pioneros en el sector.
Me vengo a referir a la necesidad de rediseñar e incorporar nuevas ideas que aporten valor y riqueza, pero aquí nos topamos con una flagrante contradicción entre el discurso que escuchamos y la realidad que vivimos.
Es cierto que el sector náutico desarrolla mayoritariamente su actividad en dominio público, pero la innovación precisa de libertad de creación de empresa, entendida ésta en un sentido amplio. Un marco regulatorio encorsetado condiciona la puesta en marcha de iniciativas que a buen seguro aportarían riqueza y valor.
La hiperregulación y la intervención de precios en contra de la libre competencia -incluso en contra de la propia Ley de puertos del Estado que obliga a que la gestión de las infraestructuras y del dominio público portuario se realicen con criterios de rentabilidad y eficiencia- impide el desarrollo de esta riqueza. No se entiende bien que en servicios no esenciales los precios están topados por arriba en detrimento de una mayor recaudación en impuestos y tasas para la administración pública mediante la libre competencia de precios.
Por otro lado, el pleno y efectivo reconocimiento de las instalaciones náuticas como empresas turísticas -exigiendo su inscripción en el Registro de Empresas y actividades Turísticas- permitiría acceder a financiación para el fomento de la innovación y de la calidad del destino. Resulta paradójico que otras comunidades lo requieran y regulen en sus leyes turísticas mientras en Baleares se pasa por alto un asunto de tanta trascendencia para el sector. Ello implicaría a su vez que la administración pública incluyera la oferta náutica dentro de sus acciones de promoción turística.
La desregulación debería afectar también a la flota de embarcaciones. La separación en diferentes categorías de las embarcaciones para régimen de uso privado y para régimen de alquiler (charter) hace un flaco favor a la presión sobre el espacio portuario de amarres disponibles. Si se permitiera que las embarcaciones de lista séptima se pudieran explotar se favorecería un uso más eficiente de la flota (solo navega un 10% de la flota). Esta medida permitiría acceder a más ciudadanos al disfrute del mar sin aumentar necesariamente el número de embarcaciones.
Además, se renovarían las flotas incorporando la movilidad eléctrica. Los propietarios tendrían un incentivo para hacerlo y se fomentarían, por ejemplo, clubes de navegación ad hoc. De esta manera los ciudadanos tendrían un modo más sencillo de acceder a las actividades náuticas sin tener que comprar un embarcación o alquilar de una flota (la de lista sexta) limitada en número y que difícilmente puede crecer por falta de amarres. Esta es otra estrategia para no aumentar la presión sobre el territorio. A su vez las instalaciones náuticas también podrían convertirse en gestores de flota, ampliando y complementando su actividad.
En conclusión, hablamos de creación de riqueza y valor. La innovación debe ser algo más que un bonito discurso, y solo se alcanza a través de la libertad de empresa y la imaginación de sus gestores. Esto es precisamente lo que hay que fomentar, y no restringir ni mucho menos penalizar. Porque con la innovación todos salimos ganando.
