Las pequeñas y medianas empresas de reparación y mantenimiento de yates en Mallorca han advertido por dos veces de la grave crisis que atraviesa su sector por la falta de espacio en el puerto de Palma. El primer aviso lo dieron en diciembre con una manifestación a las puertas del varadero y el segundo, el mes pasado, en el transcurso de una rueda de prensa junto a la inmensa superficie de explanada que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) mantiene improductiva a falta de decidir qué hace con ella: si resolver la competencia de proyectos convocada en su día a instancias de Astilleros de Mallorca o redactar las bases para un concurso abierto.
La realidad, sin embargo, es que los industriales de la reparación no reclaman ese espacio yermo y de incierto futuro situado en el extremo del Moll Vell, sino un suelo que estuvieron utilizando hasta hace muy poco en virtud de las ocupaciones temporales (AOT) que la APB otorgaba al concesionario del varadero, la empresa Serveis Tècnics Portuaris (STP).
Palma ofrece hoy menos superficie de varada que hace seis meses y, como consecuencia de ello, se está viendo desplazada del liderazgo de un sector industrial que el gobierno autonómico considera «estratégico» para la economía balear. ADNEA-PIMEM, la patronal que denuncia la situación, cifra la pérdida anual de ingresos en unos 80 millones de euros. Las empresas (aquellas que pueden) se están desplazando con su personal y su know how a puertos de la competencia, como Valencia o Vilanova, donde son recibidas con alfombra roja.
La pregunta que seguro se está haciendo usted, querido lector, es ¿cómo es posible que nuestras autoridades digan que apuestan por una industria y a la vez la priven de su principal materia, que en este caso no es otra que el suelo de varada? La respuesta es seguramente más sencilla de lo que parece: los políticos de nuestro tiempo hablan por hablar, son puras figuras retóricas; la mayoría de las veces repiten como loros el mensaje que sus asesores les han escrito sobre un folio reciclado apenas unos minutos antes de tener que verbalizarlo. No saben nada. Y, por supuesto, no hacen nada.
La APB ya ha dejado claro –y razón no le falta– que las ocupaciones temporales no pueden convertirse en eternas ni renovarse sin más trámite que la solicitud del concesionario. Bueno, en realidad está conclusión perogrullesca no ha surgido del organismo portuario, sino de la Abogacía del Estado: las AOT, como su nombre indica, tienen por objeto dar respuesta a situaciones transitorias o provisionales; en ningún caso pueden servir de base para el desarrollo de una industria «estratégica» que requiere estabilidad y seguridad jurídica.
La responsabilidad de la situación no es achacable a la cúpula actual de la APB, que cumple la ley, sino a los amaños de su predecesora y, por qué no decirlo, a la falta de previsión de los empresarios que ahora se quejan. Si uno pretende ser «estratégico», lo primero que debe hacer es adelantarse a los acontecimientos y no aceptar que un negocio se sustente sobre cimientos carcomidos. Debieron ser ellos los primeros en exigir el cumplimiento de la ley y en detectar la anomalía que suponía la ampliación de la superficie concesionada del varadero mediante un sistema cuyo principio básico es la temporalidad. En su descargo cabe decir que no estaban asociados hasta hace muy poco y la mayoría no eran conscientes de la debilidad de su posición.
La herida abierta en el puerto tiene difícil cura en el corto plazo. Las empresas de mantenimiento lo saben y por eso, ante la falta de mejores opciones, piden a la APB que se pliegue a las exigencias de la concesionaria, dispuesta a asumir la gestión de la superficie ahora en desuso siempre y cuando, además del espacio, se le concedan más años de explotación para amortizar inversiones que, como es lógico, no había realizado mientras disfrutaba de las ocupaciones temporales y que ahora, sin embargo, considera «imprescindibles».
Pero Francesc Antich, presidente del puerto que ha visto como su antecesor pasaba una noche en el calabozo acusado de tomar atajos, no hará nada que no esté avalado por una legión de asesores jurídicos. El callejón, a simple vista, no tiene salida y ya se da por sentada la fuga de numerosos yates que habían previsto realizar sus reparaciones en Mallorca y han tenido que buscar anfitriones más hospitalarios. «La crisis de fondo no es de espacio, que terminará por resolverse, sino reputacional. Muchos de estos barcos ya no volverán», vaticina un empresario del ramo.
¿Existe alguna alternativa a las opciones planteadas por la APB (espacio sin ampliación de plazo) y la empresa gestora del varadero (espacio y más años de concesión)? Sí, claro, hay más de una, pero no sirven para resolver el problema urgente. Las explanadas podrían sacarse a concurso público para una nueva concesión (lo que de hecho generaría competencia y la subsiguiente bajada de precios). Otra posibilidad es que la APB gestione el negocio de forma directa, pero la burocracia sería probablemente peor que el monopolio vigente.
Hay quien habla de una tercera vía: la creación de un pool por parte de las pequeñas y medianas empresas que realizan las labores de mantenimiento para gestionar su propio espacio, sin depender de un intermediario cuya labor consiste en varar el barco. «Podríamos hacerlo nosotros mismos sin ningún problema». Sí, pero no hay que olvidar que ese «nosotros» está formado por empresas que compiten en un mismo mercado y que deberían ponerse de acuerdo para, además de hacer su trabajo habitual con los yates, gestionar un puerto y un varadero. Nada menos.
