A BABOR Y A ESTRIBOR

BARTOMEU BESTARD

Presidente y CEO de Alcudiamar. Empresario y abogado, cuento con formación superior en Administración y Dirección de Empresas. Llevo más de 40 años, toda mi vida profesional, dedicado a la creación y gestión de infraestructuras náuticas. He presidido la patronal FENIB cuando aglutinaba al sector náutico, y también ANADE representando a marinas y clubes náuticos. Mejor unidos que separados. Me gusta el mar, su gente y su cultura colaborativa, que respeta el criterio independiente para poder opinar a babor o a estribor.

Luego lloraremos...

La administración pública ha logrado llevar al sector del mantenimiento de yates a una guerra fratricida

El sector de la reparación de yates está en guerra por la falta de espacio.

La polémica suscitada en fechas recientes sobre el concurso de Astilleros Mallorca es un claro síntoma de que volvemos a las cavernas. La administración pública, en manos de determinados partidos políticos, en lugar de facilitar los espacios industriales que se vienen reclamando desde hace décadas, ha logrado llevar al sector de reparación náutica a una guerra fratricida.

Los modelos de varadero abierto y varadero cerrado son ambos perfectamente válidos, y diría que hasta complementarios. El problema estriba, y es endémico, en una absoluta falta de espacio portuario para que los diferentes operadores puedan desarrollar su actividad. Esto aboca a las empresas a pelear por un trozo de tierra para poder trabajar.

Nadie discute la estrategia de integración puerto-ciudad, ni tampoco la cesión de espacios para operaciones de esponjamiento. Pero estos espacios que son sustraídos de la actividad náutica es de justicia y de sentido común que sean oportunamente reubicados. Habría que recordar que, por ejemplo, esta actividad ha contribuido a financiar con recursos propios de la Autoridad Portuaria -no de impuestos ni de contribuciones especiales- las mejoras tan importantes que se están desarrollando en el Paseo Marítimo de Palma en beneficio de toda la ciudad.

Quizá los ciudadanos deberíamos corresponder a esa generosidad y decir a los políticos prohibicionistas que las empresas necesitan espacio para desarrollar una actividad que genera riqueza, riqueza que acaba beneficiando a todos.

Todas las ciudades portuarias de España, salvo las de Baleares, han dado respuesta a este problema, eso sí, evitando un prohibicionismo ideológico. En esos puertos también existen partidos que defienden el medioambiente, se preocupan por los más necesitados y trabajan por una sociedad más igualitaria, pero no lo hacen con la estrategia del prohibicionismo y la criminalización de quienes les aportan riqueza y bienestar.

En ese sentido, cabe recordar el ejemplo del puerto de Barcelona con la celebración de la Copa América, apoyada y defendida por todos los partidos sin importar su ideario político. Es triste imaginar qué hubiera pasado aquí si se hubiera planteado tal proyecto.

Renegamos de ampliar el puerto de Palma, pero queremos mejorar la movilidad, asegurar la conectividad y garantizar nuestro abastecimiento. Buscamos cruceros para que nuestro comercio y restauración pueda subsistir dignamente, pero luego los prohibimos. Queremos disfrutar de nuestra embarcación a precios sociales, pero que la fiesta la paguen otros y que no nos molesten. 

No queremos tomar ni una pizca de espacio al mar, pero cada día vertimos nuestros “detritus” tratados de aquella manera sin ningún pudor. Eso sí, luego queremos ruborizar a los navegantes porque nos encanta criminalizarlos.

Astilleros Mallorca se ubica aquí porque estima nuestra isla, pero su actividad altamente especializada y de gran valor añadido sería acogida con los brazos abiertos en cualquier otro destino portuario. Quiero decir con ello que, o espabilamos y nos quitamos de encima prejuicios y polémicas estériles, o estamos condenados a sufrir la deslocalización -otra más como fue la del calzado o la de los muebles- de una parte de nuestra industria náutica.

En todo este debate subyace una gran hipocresía social. No queremos al turista de vecino, salvo que sea nuestro inquilino. No queremos que los extranjeros compren viviendas en Mallorca, salvo que se interesen por la nuestra. No queremos actividad industrial, pero queremos que se incremente la recaudación fiscal. Deberíamos reflexionar sobre estas contradicciones, porque las nóminas de muchos de los que fomentan el prohibicionismo van a cargo del sector público, y acaso no han caído en la cuenta de que son los impuestos que se recaudan de la  actividad económica privada los que permiten pagar sus remuneraciones y los servicios a la comunidad.

Tal vez nadie les haya explicado que los fondos Next Generation también se han recaudado previamente de la actividad económica. O tal vez lo sepan, pero no hay más sordo que el que no quiere oír. Cuando Europa cierre el grifo se habrá terminado la fiesta y los pagafantas brillarán por su ausencia.  

 

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