A BABOR Y A ESTRIBOR

BARTOMEU BESTARD

Soy el CEO de Alcudiamar. Tengo un grado en Derecho, un master en abogacía y formación superior en Administración y Dirección de Empresas. Llevo 40 años, toda mi vida profesional, dedicado a la creación y gestión de infraestructuras náuticas. He presidido la patronal FENIB cuando aglutinaba al sector náutico, y también ANADE representando a marinas y clubes náuticos. Mejor unidos que separados. Me gusta el mar, su gente y su cultura colaborativa, que respeta el criterio independiente para poder opinar a babor o a estribor.

Luego lloraremos...

La administración pública ha logrado llevar al sector del mantenimiento de yates a una guerra fratricida

El sector de la reparación de yates está en guerra por la falta de espacio.

La polémica suscitada en fechas recientes sobre el concurso de Astilleros Mallorca es un claro síntoma de que volvemos a las cavernas. La administración pública, en manos de determinados partidos políticos, en lugar de facilitar los espacios industriales que se vienen reclamando desde hace décadas, ha logrado llevar al sector de reparación náutica a una guerra fratricida.

Los modelos de varadero abierto y varadero cerrado son ambos perfectamente válidos, y diría que hasta complementarios. El problema estriba, y es endémico, en una absoluta falta de espacio portuario para que los diferentes operadores puedan desarrollar su actividad. Esto aboca a las empresas a pelear por un trozo de tierra para poder trabajar.

Nadie discute la estrategia de integración puerto-ciudad, ni tampoco la cesión de espacios para operaciones de esponjamiento. Pero estos espacios que son sustraídos de la actividad náutica es de justicia y de sentido común que sean oportunamente reubicados. Habría que recordar que, por ejemplo, esta actividad ha contribuido a financiar con recursos propios de la Autoridad Portuaria -no de impuestos ni de contribuciones especiales- las mejoras tan importantes que se están desarrollando en el Paseo Marítimo de Palma en beneficio de toda la ciudad.

Quizá los ciudadanos deberíamos corresponder a esa generosidad y decir a los políticos prohibicionistas que las empresas necesitan espacio para desarrollar una actividad que genera riqueza, riqueza que acaba beneficiando a todos.

Todas las ciudades portuarias de España, salvo las de Baleares, han dado respuesta a este problema, eso sí, evitando un prohibicionismo ideológico. En esos puertos también existen partidos que defienden el medioambiente, se preocupan por los más necesitados y trabajan por una sociedad más igualitaria, pero no lo hacen con la estrategia del prohibicionismo y la criminalización de quienes les aportan riqueza y bienestar.

En ese sentido, cabe recordar el ejemplo del puerto de Barcelona con la celebración de la Copa América, apoyada y defendida por todos los partidos sin importar su ideario político. Es triste imaginar qué hubiera pasado aquí si se hubiera planteado tal proyecto.

Renegamos de ampliar el puerto de Palma, pero queremos mejorar la movilidad, asegurar la conectividad y garantizar nuestro abastecimiento. Buscamos cruceros para que nuestro comercio y restauración pueda subsistir dignamente, pero luego los prohibimos. Queremos disfrutar de nuestra embarcación a precios sociales, pero que la fiesta la paguen otros y que no nos molesten. 

No queremos tomar ni una pizca de espacio al mar, pero cada día vertimos nuestros “detritus” tratados de aquella manera sin ningún pudor. Eso sí, luego queremos ruborizar a los navegantes porque nos encanta criminalizarlos.

Astilleros Mallorca se ubica aquí porque estima nuestra isla, pero su actividad altamente especializada y de gran valor añadido sería acogida con los brazos abiertos en cualquier otro destino portuario. Quiero decir con ello que, o espabilamos y nos quitamos de encima prejuicios y polémicas estériles, o estamos condenados a sufrir la deslocalización -otra más como fue la del calzado o la de los muebles- de una parte de nuestra industria náutica.

En todo este debate subyace una gran hipocresía social. No queremos al turista de vecino, salvo que sea nuestro inquilino. No queremos que los extranjeros compren viviendas en Mallorca, salvo que se interesen por la nuestra. No queremos actividad industrial, pero queremos que se incremente la recaudación fiscal. Deberíamos reflexionar sobre estas contradicciones, porque las nóminas de muchos de los que fomentan el prohibicionismo van a cargo del sector público, y acaso no han caído en la cuenta de que son los impuestos que se recaudan de la  actividad económica privada los que permiten pagar sus remuneraciones y los servicios a la comunidad.

Tal vez nadie les haya explicado que los fondos Next Generation también se han recaudado previamente de la actividad económica. O tal vez lo sepan, pero no hay más sordo que el que no quiere oír. Cuando Europa cierre el grifo se habrá terminado la fiesta y los pagafantas brillarán por su ausencia.  

 

CONÉCTATE AL PODCAST DE GACETA NÁUTICA

Las tarifas de los amarres

Lo razonable sería que la APB las liberara los precios. Esto permitiría que los amarres de tamaño más reducido, la conocida náutica social, pudieran disfrutar de tarifas más bajas.

Los retos de Javier Sanz en la APB

Formación, conocimientos, experiencia, templanza, liderazgo y capacidad de gestión son cualidades que se concitan en la persona del nuevo presidente de la APB

La gobernanza de la APB

El Consejo debería estar formado por personas de perfil técnico

Es la hora de la política

La modificación de la Ley de Puertos del Estado para que las concesiones anteriores a 1992 puedan acogerse a prórrogas elimina una discriminación y es paradigma de la importancia de las buenas prácticas legislativas.

El partido náutico

«No es descabellado pensar en la aparición de plataformas electorales en defensa de nuestro sector, como ha ocurrido en Países Bajos con los agricultores»

El mantra de la saturación

El uso de las embarcaciones en Baleares es sumamente estacional, incluso más que el turismo convencional, ya sea residencial u hotelero.

El imperio de la ideología

¿Por qué está vetada en Alcúdia la reparación industrial de embarcaciones mientras se promueve en el puerto de Palma? ¿Por qué las autoridades medioambientales impulsan el desarrollo de un emisario submarino en la Bahía de Alcúdia? La lista de preguntas ocuparía varios folios.

La innovación en las instalaciones náuticas

La innovación debe ser algo más que un bonito discurso, y solo se alcanza a través de la libertad de empresa y la imaginación de sus gestores.

El REB y el sector náutico

La Ley del Régimen Especial de las Illes Balears. (Ley 30/1998) ya identificaba el sector náutico como clave para el futuro de la economía balear

La hora de la alta política para el sector náutico

La Constitución y el Estatuto de Autonomía contemplan la competencia autonómica de los puertos deportivos, pero la APB necesita los ingresos de este sector para garantizar su independencia financiera.

Los ‘fondos buitre’ del sector náutico

Han aparecido en escena “depredadores” que buscan quedarse con un fondo de comercio que ni les es propio ni han contribuido a crearlo

Alcudiamar, tres décadas de singladura hacia buen puerto (y II)

El objetivo la reforma integral de la instalaciones ha sido conjugar en todo momento el desarrollo del negocio con el cuidado del entorno

Alcudiamar, tres décadas de singladura hacia buen puerto (I)

Hemos mejorado en muchos aspectos, pero siguen latentes muchos de los demonios que atenazan a la sociedad y por ende al desarrollo de nuestro sector

Por una economía azul, sin excusas verdes

La larga tradición de los mestres d’aixa, fabricantes de llauts y embarcaciones hoy se imbrica con la actual industria de la reparación y mantenimiento, conformando un potente sector

La imprescindible seguridad jurídica (y II)

Parece justo y razonable favorecer la continuidad de aquellos concesionarios y gestores que han desarrollado en los puertos potentes infraestructuras turísticas e industriales

La imprescindible seguridad jurídica (I)

Parece claro que algo está fallando en el diseño de las reglas de juego cuando se alcanzan unos niveles de litigiosidad tan elevados: es el momento de repensar el sistema