Solo se ha registrado una alegación de un particular contra el plan de ordenamiento de la costa de Llevant.
A la náutica española –me refiero a las asociaciones que la representan– le está costando mucho entender que el poder en España está descentralizado. Es cierto que muchas e importantes decisiones se toman desde la Dirección General de la Marina Mercante. El hecho de que el segmento de recreo esté regulado por personas que no pertenecen a este mundo (y además no les interesa entenderlo) supone, seguramente, la mayor anomalía de nuestro sector. En eso estamos todos de acuerdo. No es menos cierto que el día a día de los navegantes se ve afectado frecuentemente por decisiones que se toman desde las comunidades autónomas, dotadas de muchas competencias y con una tendencia muy acusada a invadir otras que no les pertenecen.
Está muy bien criticar el fracaso evidente que ha supuesto la creación del área de náutica de recreo de la DGMM, que no ha sido sino el típico apaño retórico al que recurren los políticos para ganar tiempo. Es acertado, en líneas generales, culpar al Estado central de no tener ni idea de lo que es y representa la náutica de recreo (ahí está, sin ir más lejos, el ejemplo del Real Club Náutico de Palma, el más señero de nuestro país, un símbolo reconocido en todo el mundo, cuya continuidad en su histórica concesión ha sido puesta en duda por altas instancias de la capital). Aunque, insisto, no perdamos de vista lo que ocurre en las comunidades, porque la mayor amenaza para los navegantes procede de un sinfín de normas regionales que se aprueban con nocturnidad y sin que la representación de los usuarios de la mar, generalmente fragmentada y por ello ineficaz, ejerza una oposición eficaz. No basta con protestar en la cantina. Es necesario presentar alegaciones bien argumentadas en los periodos de exposición pública de las normas reguladoras del litoral cuando éstas son claramente lesivas para la náutica de recreo. Y, llegado el caso, hay que tener capacidad de recurrir a los tribunales.
ADN Mediterráneo obtuvo una victoria histórica al conseguir que la Justicia anulara el régimen sancionador del decreto de la posidonia de Baleares y reconociera el doble rasero de los políticos que se presentan como adalides del medio ambiente y luego tratan de ocultar la contaminación masiva de la que ellos mismos son responsables. Eso ya es historia, y la realidad es que, desde entonces, los navegantes y el sector en general están desaparecidos: los unos disfrutando de lo que todavía les dejan y los otros atendiendo sus negocios.
Mientras, el Govern balear (el caso que conozco bien) sigue inalterable su hoja de ruta para dificultar las actividades propias de la náutica recreativa. Hace apenas unos días terminó el plazo para alegar contra el plan de ordenamiento de la costa de levante de Mallorca que propone prohibir el fondeo en arena a menos de 200 metros de cualquier playa sin balizar, en lo que supone una clara vulneración de la Ley de Costas. Nos consta que hubo una alegación, presentada a título personal por un navegante. ¡Una! Y lo mismo ocurrió con la subida de los precios de los campos de boyas y la limitación de la responsabilidad civil a diez nudos de intensidad.
Pueden los lectores a quienes se dirige esta publicación lamentarse, con toda la razón, de lo mala que es la DGMM y de la incompetencia de los políticos que gestionan la náutica. Protestar, protestar y protestar. Pero si no se mueven dónde y cómo toca, si no se organizan mínimamente, pronto no podrán navegar porque todo estará prohibido.
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