Está siendo noticia la Conselleria de Medi Ambiente, encabezada por Miquel Mir, por un nuevo ataque a la náutica recreativa en el proyecto del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 en el Levante de Mallorca. En dicho decreto se prevén una serie de restricciones y prohibiciones de fondeo sobre arena en función de la eslora de los barcos e incluso su uso comercial.
Como respuesta, toda la comunidad náutica de Baleares representada por sus asociaciones de usuarios y empresas de las islas (ADN Mediterráneo, AMPRR, AENIB, ACNB, AEGY ANADE Y APIB, y nacional, con la intervención de ANAVRE y ANEN) han formulado alegaciones contra dichas limitaciones, no sólo de carácter técnico, sino también de carácter legal.
Y lo han hecho porque ese proyecto de Decreto atenta contra la Constitución, la Ley de Costas, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Patrimonio Natural, la Ley de Puertos de Baleares y la Ley de Navegación Marítima, entre otras. Y lo hace invadiendo las competencias estatales en materia de regulación marítima y costas, las de la Conselleria de Movilidad al intentar regular zonas portuarias, y al atentar contra la libertad de navegación tal y como viene recogida en la Ley de Costas y la Ley de Navegación Marítima. Esta última, además, establece expresamente el libre fondeo para las embarcaciones y buques de recreo en el litoral español.
Por otra parte, remite a efectos sancionadores al famoso decreto para la protección de la posidonia, que sólo la protege de los fondeos, un decreto que está recurrido también por entender que vulnera la legislación e invade competencias tanto estatales como de otras consellerias. Y, además, vulnera las disposiciones legales, casi todas las que acabamos de citar, siendo especialmente grave el establecimiento de un régimen sancionador mediante decreto cuando este tipo de regulación sólo puede llevarse a cabo mediante normas con rango de ley, que ofrecen una mayor protección a los administrados debido al procedimiento requerido para su aprobación y promulgación.
Es decir, que parte del contenido del nuevo decreto ya está pendiente de una posible ilegalización de la norma en la que basa su eventual contenido sancionador.
Una vez más, esta Conselleria, que ya emitió un decreto similar en plena pandemia para Formentera, que pasó desapercibido porque en ese momento toda la comunidad náutica a nivel autonómico y nacional estaba centrada en conseguir reactivar la navegación de recreo; una vez más, como digo, la Conselleria hace de las suyas, pasando de lo que opinan y hacen otros departamentos del Gobierno balear, atacando a la náutica, invadiendo competencias, infringiendo normativa estatal y autonómica. Todo ello en medio de la crisis más brutal que jamás hemos sufrido y cuando se ha demostrado que la única alternativa turística e industrial con verdadero potencial de crecimiento y creación de empleo de calidad es la náutica de recreo. No olvidemos que el chárter náutico ha sido el único sector turístico que este año casi ha conseguido «salvar los muebles», a pesar de que, como todos, se han pegado un batacazo espectacular, sólo que un poco menos.
Sr. Mir, su decreto no es legal, así no se hacen las cosas… Nadie quiere un mar limpio más de lo que lo deseamos los navegantes. Mientras usted nos ataque indiscriminadamente y siga permitiendo vertidos ilegales, nos tendrá enfrente. Pero tampoco hallará a una comunidad más dispuesta a colaborar con su departamento para que nuestro mar sea el mejor del mundo que la nuestra.
