Hace algo más de un año, el presidente de la Asociación de Navegantes, Gabriel Dols, pidió a los representantes del PSIB en un acto en la Cámara de Comercio que, por favor, si volvían a ganar las elecciones, como así fue, no pusieran a gestionar asuntos que afectaran al mar a políticos o partidos que sintieran «odio visceral» por la náutica.
No pronunció ningún nombre, pero todos los presentes supimos que se refería al antiguo conseller de Medio Ambiente, hoy senador, Vicenç Vidal, autor intelectual del decreto de posidonia que satanizaba a los navegantes y se autoindultaba del desastre provocado por los vertidos de aguas residuales de los que su departamento era (y sigue siendo) responsable directo.
Hubo elecciones, las ganó el PSOE, y en el reparto de carteras, cargos y demás prebendas la gestión del medio ambiente le volvió a tocar a Més, que, por supuesto, seguirá con su campaña contra los usuarios del mar en cuanto se levante el estado de alarma. De momento ya ha conseguido tumbar la creación de nuevos varaderos con los que los socialistas pretendían reactivar y diversificar la economía. Y lo ha hecho, como no podía ser de otra manera, con la ayuda inestimable del tercer socio de gobierno, Unidas Podemos, cuya aversión por los barcos, de sobras conocida, se ha visto elocuentemente plasmada en su campaña de subida de impuestos a las «grandes fortunas».
La propuesta podría haberse ilustrado perfectamente con una imagen aérea cenital del chalé del líder de la formación, Pablo Iglesias, pero los propagandistas del partido morado han considerado que lo más adecuado era hacerlo con un gran yate... Hasta que Iglesias tenga el suyo.
Pero todo gesto mercadotécnico –aún más si se trata de política– corre el riesgo de retratar la incoherencia de sus autores. No ya por el asunto Galapagar, que está muy trillado, sino porque Podemos es el partido que gestiona, con sumo gusto de su líder balear, Juan Pedro Yllanes, el Salón Náutico Internacional de Palma, donde se registra anualmente una de las mayores concentraciones de grandes yates del Mediterráneo.
El juez felizmente metido a político (lo prefiero en el Parlamento antes que en un juzgado) se ha mostrado a favor de promover la industria de la reparación y mantenimiento de superyates, incluso ha subvencionado a la entidad asociativa que reúne a las empresas de este sector, lo cual casa mal con el flyer adjunto y aún peor con las presiones para que el PSIB renunciara a la creación de nuevos varaderos de interior donde, en ningún caso, se hubieran podido construir o reparar superyates, sino embarcaciones de pequeña eslora; donde hubieran podido florecer, quién sabe, empresas medianas destinadas a cubrir la demanda de esa náutica social que siempre termina sufriendo los daños colaterales provocados por los prejuicios de una izquierda trasnochada que identifica las actividades marinas con la destrucción del medio ambiente o la riqueza más suntuaria.
Todo se reduce a lo que decía Dols: no les gustan los barcos. Ni grandes ni pequeños. Son de secano.
