El conseller Vidal va a tener que explicarlo. Y si no es capaz de hacerlo, tendrá que asumir responsabilidades. Lo que publicamos en la portada y en las páginas 4 y 5 de este número es muy grave porque demuestra que el Govern balear es plenamente consciente de los efectos nocivos de los vertidos de aguas residuales en al menos 21 puntos de nuestro litoral (en realidad son bastantes más) donde hay presencia corroborada de posidonia.
Tanto es así que en todos estos lugares está terminantemente prohibido el fondeo con ancla desde la anómala entrada en vigor del decreto de protección de la posidonia el pasado mes de agosto. Digo anómala porque la norma se aprobó sin que exista una cargografía marina en condiciones sobre la localización de la planta y desobedeciendo las consideraciones «esenciales» del Consell Consultiu, un órgano que debe costar lo suyo y que, según se ve, no sirve para gran cosa.
Es muy grave, como digo, porque las autoridades saben que se está dañando una especie protegida y, sin embargo, tienen la desfachatez de aplicar la ley con un doble rasero que permite, por un lado, multar a quienes larguen el ancla y, por otro, hacer la vista gorda con los vertidos de aguas fecales que afecatan de lleno a la posidonia.
Alguien tiene que explicarme cómo es posible que una administración pública se pueda permitr el lujo de perseguir las infracciones contra el medio ambiente en función de quién las comete sin socavar con ello los fundamentos básicos del Derecho.
Cómo es posible que una administración pública persiga las infracciones en función de quién las cometeNuestra información demuestra, asimismo, que el el Govern no es capaz de plasmar en su herramienta virtual de ayuda al fondeo la composición del fondo marino en 57 desembocaduras de emisarios, lo que viene a confirmar que la cartografía disponible, como ya advirtió el Consultiu en su dictamen, es deficiente.
También hemos querido dejar claro en este nuevo capítulo del caso Emisarios, por si alguien aún lo dudaba, que nuestros gobernantes están perfectamente informados del poder destructivo de los vertidos de aguas residuales y, a pesar de ello, la mayoría de depuradoras –empezando por más grande de Mallorca, la del Coll den Rebassa– están obsoletas y no cumplen los estándares europeos.
Esto no lo dice Gaceta Náutica, no es algo que nos hayamos sacado de la manga. No está en un «informe sesgado» del sector náutico, como alegan los ecologistas para justificar sus silencios cuando los hechos contradicen sus dogmas. Lo afirma una publicación científica oficial, el Atlas de las praderas marinas de España (disponible en Internet para quien quiera consultarla), en cuya edición participó el Govern balear en 2015 y donde se lee que el nivel de saneamiento es «insuficiente» y los vertidos son una de las principales amenazas a las que se enfrenta la posidonia, especialmente en Baleares, por su incremento poblacional de temporada en las zonas turísticas y por el hecho de que los emisarios submarinos desembocan a menos de 20 metros de profundidad. Regulemos el fondeo, claro que sí, pero apliquemos la ley a todos los infractores, incluso cuando sea el Gobierno.
