PUERTOS

POLÉMICO TRIBUTO

Seísmo en el sector náutico balear por la «mordida» de Puertos a las empresas de reparación

La APB aprueba una tasa de hasta el 2,5% sobre la facturación con la anuencia de las patronales y organizaciones sindicales presentes en su consejo de administración. Un grupo de empresarios hace circular una nota censurando la actuación de sus representantes y advierte de que se perderá “competitividad y empleo”
JOSÉ LUIS MIRÓ

La implantación de una tasa de Puertos del Estado de hasta el 2,5% sobre su facturación a las empresas de reparación de barcos en Baleares ha puesto en pie de guerra al sector náutico contra la Autoridad Portuaria (APB) y las patronales y sindicatos que forman parte de su Consejo de Administración (APEAM, CAEB, CCOO y Cámara de Comercio), que dieron luz verde a la medida y luego no se la comunicaron a las empresas.



Ante esta falta de información, un grupo de empresarios ha hecho circular una nota en la que asegura que la aprobación del Pliego de Condiciones Particulares del Servicio Comercial de Reparación de Buques en los puertos de interés general de las Islas (Palma, Mahón, Alcúdia, Ibiza y Formentera) establece, “de forma arbitraria y sin claridad”, una imposición de entre el 1,5% y 2,5%  (dependiendo del tipo de instalación) a la cifra de negocios de todos los trabajos de reparación o mantenimiento realizados a partir del mes de enero de 2020. O sea, que la APB se llevará ese porcentaje de cualquier trabajo hecho en un puerto o varadero de su competencia.  



El nuevo “tasazo” de Puertos del Estado se sustanció en el BOE del 18 de noviembre sin que la mayoría de empresas que operan en Baleares (unas 400) tuvieran conocimiento de su existencia. Alex Casares, cofundador del Grupo Barco, uno de los empresarios que ha decidido dar un paso adelante y advertir del peligro que supone la tasa para el conjunto del sector náutico, ha explicado que la falta de comunicación ha sido de tal calibre que algunas empresas importantes no han previsto el incremento impositivo en sus presupuestos de 2020.



El pliego fue aprobado por unanimidad –esto es con el voto a favor y, al parecer, sin la mejor queja de las patronales– en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares de 28 de junio, si bien no apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado hasta el mes pasado. 



“Nuesta principal queja –señala el comunicado enviado a las empresas náuticas–, es que  la Asociación de Empresas de Actividades Marítimas (APEAM), la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares), Comisiones Obreras (CCOO) y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca hayan dado conformidad a un texto del todo falto de detalle y justificación, y que va a crear una desventaja competitiva en los puertos gestionados por la APB con su consecuente efecto negativo a nivel de empleo y facturación”.



Casares afirma que la Autoridad Portuaria, a través de su presidente, Juan Gual, ha alegado que se trata de una norma nacional impuesta por Puertos del Estado y que su no implantación supondría una “prevaricación”. Sin embargo, ni Valencia y ni Cataluña han seguido de momento esta instrucción del Ministerio de Fomento, contra la que se está preparando una batería de recursos y demandas.  El portavoz oficioso del sector considera que la tasa carece de justificación, pues no existe una prestación de un servicio por parte de la administración, más allá de que los trabajos se realizan en puerto o varaderos por cuyo “alquiler” cobra ya unos cánones a los concesionarios.



Otro de los aspectos que preocupan a los empresarios y autónomos afectados por la mordida es la forma de dar cumplimiento al pliego, ya que ni la APB ni sus patronales les han dicho cómo hacerlo. No está tampoco claro quién se ocupa de la recaudación (si la administración o el concesionario) ni si lo que hay que pagar en concepto de tasa corresponde a la totalidad del trabajo realizado o sólo a la parte que se ha desarrollado en el puerto. Al parecer, la Autoridad Portuaria entiende que si un mecánico recoge un motor en un puerto (lo cual le lleva por ejemplo dos horas) y luego lo repara en su taller de un polígono industrial (seis horas más de trabajo), el 2,5% se calcula sobre la totalidad del trabajo, lo cual carece de sentido, según denuncian los empresarios.



Fuentes de la APB consultadas por Gaceta Náutica admiten que no saben cómo se controlará el pago de la tasa. Las directrices de la presidencia del ente son que el primer año se confiará en la “buena fe” de los empresarios y, si los números no cuadran, se solicitará la intervención de Hacienda para que realice inspecciones.



En algunos puertos deportivos, los concesionarios están repartiendo un comunicado a los trabajadores que acceden a sus instalaciones, avisándoles de la entrada en vigor de la tasa y la obligatoriedad de abonarla en la propia marina o club náutico. En este caso, por ser instalaciones cuya actividad es el alquiler de amarres, el tipo impositivo es del 2,5%, mientras que en los varaderos es del 1,5%.



Aunque la imposición de la tasa está protagonizando la polémica, el pliego aprobado por la APB obliga asimismo a relaizar un depósito de 10.000 euros anuales a los trabajadores que accedan a los puertos y varaderos, o 1.000 euros al mes por un permiso temporal, cantidades que sin duda muy elevadas para pequeñas empresas y autónomos.