El puerto del Molinar zozobra antes de su inauguración. La obra promovida por el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Juan Gual, presenta problemas graves de calado cuando la instalación no está aún operativa. La sonda de un usuario que trató de acceder al interior del puerto la semana pasada registró apenas 80 centímetros de profundidad en la bocana, donde se encuentra acumulada una gran cantidad de arena.

Este fenómeno de acopio de sedimentos debía evitarse, teóricamente, con el islote artificial de 57 x 12 metros situado frente al puerto, alternativa técnica con la que la APB justificó su negativa a ampliar el dique de abrigo y a rechazar el plan de ampliación del Club Marítimo del Molinar. Gual instó a esta entidad a retirar su proyecto a cambio de 50 años de concesión. Pero el club fue desalojado y la APB convocó un concurso para la gestión del puerto al que se han presentado cinco empresas y está pendiente de resolución desde hace un año.

En la práctica, sin embargo, todo apunta a que el polémico islote, que se construyó sin informe de impacto ambiental y sin la oposición de las plataformas y asociaciones que lideraron la campaña contra la ampliación del puerto, no sirve para frenar la acumulación de arena en la bocana. En las circunstancias actuales, sólo podrían acceder a la instalación embarcaciones de medio metro de calado.   

La APB descartó en octubre de 2019 solicitar un informe técnico al Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) sobre la reforma del puerto del Molinar. Este dictamen había sido solicitado por el Club Marítimo, a fin de que este organismo independiente analizara, entre otras cosas, la idoneidad del islote, en concreto si serviría para solucionar los problemas de agitación de las aguas interiores o si, por el contrario, «resultará perjudicial para la estructura portuaria».

El jefe de la División de Proyectos y Obras, Víctor Darder, y el jefe del Area de Infrarestructuras, Antonio Ginard, consideraron que no existía motivación para requerir los estudios del CEDEX, dado que las cuestiones técnicas planteadas por el Club Marítimo (CMML) ya habían sido «estudiadas y respondidas».

Un portavoz de este organismo dependiente de los ministerios de Movilidad y Transición Ecológica explicó a este periódico que, en efecto, no es obligatorio solicitar su intervención y que, en caso de darse, debe ser remunerada por la autoridad que la demanda. Es habitual que el CEDEX realice informes cuando dos administraciones no se ponen de acuerdo sobre la idoneidad de una obra pública, aunque no siempre es así.

EL DIQUE EMERGENTE

Lo que inicialmente debía ser un dique sumergido terminó convertido en un islote de casi 60 metros a raíz de las alegaciones de la Capitanía Marítima, que solicitó que la mole emergiera y fuera debidamente señalizada para evitar varadas accidentales.

Este cambio supuso un sobrecoste de alrededor de medio millón de euros. Para entonces, Gaceta Náutica había informado de que el dique se había proyectado sin informe de impacto ambiental, a pesar de que su función consiste en modificar las corrientes marinas.

La APB alegó que no estaba obligada a pasar este trámite, al ser la promotora una administración pública, del mismo modo que no tiene por qué solicitar la asesoría del CEDEX.