Ángel Matías, ex director de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), admitió hoy en  la Audiencia Provincial de Palma ser autor de los delitos de alteración de concursos públicos y prevaricación administrativa, y aceptó una condena simbólica de nueves meses de prisión (conmutables por una multa de 4.000 euros).  De este modo, el que fuera todopoderoso dirigente de los puertos del Estado en Baleares confesó su participación directa en el amaño del concurso del Club Marítimo de Mahón a favor de la empresa Trapsayates (alteración de subastas) y las maniobras perpetradas para evitar que se pudiera recurrir la adjudicación de un puerto deportivo en La Savina a la empresa Marina de Formentera (prevaricación administrativa), algo que había negado hasta la fecha.

El fiscal del caso Mar Blau, Juan Carrau, había solicitado para Matías una pena de 18 años de cárcel, pero consideró  que parte de los delitos que se le imputaban estaban prescritos. Matías se libró, por ejemplo, de la acusación de recibir sobornos (una cocina de lujo para su vivienda) por parte de la compañía Dragados al haber transcurrido más de 20 años desde la presunta comisión del delito, así como de haber amañado el concurso para la redacción del Plan Director del Puerto de Mahón, pieza judicial conocida como caso Poseidón. La razón de la renuncia del fiscal en relación a este hecho no es otra que el fallecimiento de Justo Aguado, el funcionario de la Autoridad Portuaria que había dejado constancia del arreglo en un documento manuscrito.

Carrau aseguró a los medios congregados hoy en la Audiencia que se había preparado para un largo juicio y que hasta el pasado sábado no empezó a sustanciarse el acuerdo de conformidad. El fiscal anticorrupción justificó la drástica reducción de las penas en las “dilaciones indebidas” de la instrucción del sumario, que se ha prolongado durante más de una década (se empezó a incoar el 17 de noviembre de 2008) y en la que se han registrado larguísimos periodos de inactividad, como los cerca de dos años en que el magistrado Juan Pedro Yllanés, hoy dedicado a la política en la bancada de Podemos, sustituyó al juez titular, Antoni Rotger, sin practicar apenas diligencias.

El acuerdo de conformidad supuso asimismo la imposición de condenas menores (7 meses sustituibles por multas) a Gerardo Díaz Ferrán, dueño de Trapsayates y ex presidente de la patronal española (CEOE), y Carmelo Hernández, representante de una firma llamada Teinver (perteneciente al Grupo Marsans), ambos responsables de la alteración del concurso del Club Marítimo de Mahón mediante la firma de un “contrato mendaz y simulado”.

El fiscal Carrau retiró los cargos contra otros siete acusados por entender que “siguieron las órdenes de Díaz Ferrán”, máximo responsable de Trapsa Yates. También renunció a acusar al ex presidente de la APB Francesc Triay, para quien pedía 10 años, en la que ha sido sin duda la decisión más llamativa del caso. El histórico dirigente socialista ha pasado de ser considerado por la Fiscalía un partícipe directo en la alteración de varios concursos a ser simplemente el “presidente” del organismo portuario que, junto al resto del Consejo de Administración, aprobó la adjudicación de los amarres de Mahón a Trapsa Yates.

El escrito redactado por la Fiscalía y aceptado por todas las partes (los “hechos probados” de la sentencia firme que emitirá en breve la Sección Primera de la Audiencia Provincial) recoge asimismo la culpabilidad en un delito de “uso de secretos” del empresario Ángel Bustos, quien, al aceptar la propuesta de las acusaciones, admitió que personal de la Autoridad Portuaria de Baleares le facilitó información privilegiada para preparar el concurso de Marina Formentera. Bustos no ha sido condenado porque los hechos están prescritos, si bien su intervención en el delito queda recogida en el texto del acuerdo.

La condena de Ángel Matías y Díaz Ferrán pone punto final a uno de los capítulos más negros de la historia de la náutica de Baleares. Su condena, aunque menor, fue acogida con “satisfacción” por los dirigentes actuales del Club Marítimo de Mahón, quienes entienden que ha quedado acreditado el “atropello” sufrido por esta histórica entidad deportiva. En los diez años que ha durado la instrucción del sumario Matías siguió viviendo una larga temporada en un piso pagado por la Autoridad Portuaria de Baleares, que llegó a acordar el pago de su defensa con fondos públicos (decisión posteriormente revocada).

Con todo, la sentencia de Mar Blau quedará muy lejos de cubrir las expectativas creadas por la Fiscalía Anticorrupción en su escrito inicial de acusación y por el juez Antoni Rotger en su auto de cierre de la instrucción, donde se recoge que la corrupción en la Autoridad Portuaria de Baleares era “sistémica” y que los hechos descubiertos en el transcurso de la investigación eran sólo “una ínfima parte” de los cometidos en este organismo público dependiente del Ministerio de Fomento y en cuyo Consejo de Administración están representadas las principales instituciones de Baleares (Govern, ayuntamientos, consejos insulares), las patronales y los sindicatos.