El ex presidente de la APB Juan Gual y el hasta hace poco director del ente portuario, Juan Carlos Plaza, presionaron supuestamente a los consejeros que se opusieron al amaño de un puerto deportivo en Mahón para que cambiaran de postura y apoyaran la adjudicación de 154 amarrres y un taller a la empresa Marina Asmen, formada por un grupo de empresarios náuticos menorquines, según la Fiscalía Anticorrupción de Baleares.

La querella presentada ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma por la fiscal Laura Pellón señala que Gual y Plaza convocaron a los vocales disidentes en el despacho del presidente el 7 de mayo de 2018, unas horas antes de que el consejo aprobara la adjudicación a Marina Asmen.  Además de los citados, estuvieron presentes en el encuentro la jefa de la abogacía del Estado en Baleares, Dolores Ripoll, y la secretaria del consejo.

Enrique Braquehais y Javier Gesé, abogado del Estado y representante del Puertos del Estado en la APB, respectivamente, habían votado en contra de la propuesta del presidente  en un anterior consejo, celebrado el 25 de abril, donde fue tratado el asunto de Mahón, por considerar que la de Asmen no era la mejor oferta. 

La fiscal apunta que la reunión, en la que se intentó presionar a los vocales representantes del Estado, fue “tensa” dado que “el presidente y el director les reprocharon actuaciones y les dieron advertencias respecto a los criterios de adjudicación”.

Los ahora imputados Gual y Plaza, añade la querella, “cuestionaron la imparcialidad del vocal abogado del Estado (Braquehais), llegando a acusarle el director de tener intereses”.  Gual “le amenazó con denunciarle ante Puertos del Estado por no seguir el criterio de la Asesoría Jurídica” (es decir, a la jefa de la Abogacía del Estado).

Según adelantó Gaceta Náutica, Braquehais y Gesé tuvieron que solicitar la rectificación del acta del consejo de administración por no reflejar fielmente las razones de su negativa a aprobar la propuesta de la comisión técnica. El borrador que hubo que corregir  es del  25 de abril.

Ambos se opusieron a la concesión de los amarres a Marina Asmen por considerar que no se ajustaba a derecho. También votaron en contra el capitán Marítimo de Mallorca y Menorca, José Escalas, y el consejero de la Administración General del Estado, Rafael Torres. Entre las razones alegadas para esta negativa estaba que el proyecto ganador era el que menos personal de servicio ofrecía -dos marineros frente a ocho de otros licitadores-, además de ser el que ofertaba un canon de ocupación del espacio público más bajo.

La juez que instruye la causa, Martina Mora, sostiene que la APB, “un organismo público”, dejó de ingresar 300.000 euros en concepto de tasas, así como que Marina Asmen  obtuvo “relevantes ingresos derivados de dicha actividad por conceptos no sólo no amparados sino totalmente contrarios a las condiciones de la concesión, resultando de las diligencias practicadas que la APB (especialmente los investigados) tenía conocimiento de dichos extremos sin que conste ninguna actuación correctora efectiva al respecto”.

Juan Gual y la asesora jurídica de la APB Dolores Ripoll comentaron entre ellos la negativa de Gesé y Braquehais a apoyar la adjudicación a Marina Asmen. En una conversación de WhatsApp fechada el 22 de mayo de 2018 Ripoll afirma que ha tenido conocimiento de que Gesé “ha intentado corregir lo de otros” (del acta), a lo que Gual responde: “Lo que conviene es desactivar, y si es a la malloquina, no pasa nada (…)”.

Según el auto de levantamiento del secreto de sumario, la investigación realizada por el Grupo Anticorrupción de la Guardia Civil ha constatado que existen “indicios sólidos suficientes” de que la adjudicación de los amarres a la empresa Marina Asmen, S.L., “no fue el resultado de la objetiva y legal valoración de las propuestas presentadas, sino que se trató de una decisión arbitraria del entonces presidente de la APB, Juan Gual, y su director, Juan Carlos Plaza”.

La adjudicación, apunta la juez, fue "consecuencia del acuerdo alcanzado con algunas autoridades políticas de Menorca y con los miembros y responsables de la asociación Asmen para que el concurso se adjudicara a favor de empresas de Menorca, tras negociar durante meses con dicha asociación los pliegos del concurso y transmitirles, con carácter previo a la aprobación, numerosa información relevante para la licitación que no fue pública ni estaba al alcance de los demás licitadores y que después determinó la adjudicación a su favor".

La magistrada entiende que “ello se produjo bien a cambio de cualquier favor, prestación, merced o similar, bien por un interés político, bien por ambas cosas”.

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Nota importante: El contenido de esta información no responde a una sentencia firme, sino a la fase de instrucción del proceso. Todas las personas y entidades nombradas en ella conservan su presunción de inocencia.