Ataque a la náutica social

Ni uno solo de los clubes dependientes del Estado tiene garantizado su futuro a largo plazo, mientras el RCN Palma acude a los tribunales para defender su concesión

Monitor del Real Club Náutico de Palma junto a un grupo de alumnos de la escuela de vela. Foto: Laura G. GUERRA

¿Están los clubes náuticos en peligro de extinción? Si uno se atiene a lo que está ocurriendo en Baleares, no cabe duda de que sí. Ni uno solo de los náuticos o marítimos pendientes de renovación en el área de competencia de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) tiene garantizado su futuro a medio y largo plazo. Sin embargo, otros servicios y concesiones portuarias van renovando  o prorrogando sus contratos sin que ello genere la menor repercusión en los medios de comunicación ni sea objeto de debate en la opinión pública. 

Parece evidente que existe un interés muy poderoso para que estas entidades sin ánimo de lucro, pioneras de la náutica de recreo y promotoras de deportes como la vela y el piragüismo, desaparezcan del mapa portuario para dejar paso a un modelo basado en la mercantilización del espacio público y la expulsión de las economías medias del ocio marítimo.

El caso del RCNP

El último caso que ha trascendido es el del Real Club Náutico de Palma, cuya continuidad en las instalaciones que ocupa desde 1948 parecía asegurada hasta que, a finales de 2020, un informe extemporáneo de la Abogacía del Estado, solicitado por el ingeniero Juan Carlos Plaza en los compases finales de su etapa como director de la APB, dinamitó la posibilidad de que la entidad náutica más representativa de España pudiera ampliar el plazo de su concesión. El pretexto: la naturaleza de su título no era una concesión, sino un contrato de servicios, una controversia que había sido resuelta el favor del club por los servicios jurídicos de Puertos del Estado, al entender que los contratos se extinguieron por una modificación legal y se transformaron en concesiones. El Consejo de Estado acaba de remachar, con matices poco relevantes en lo que concierne al fondo del asunto, la tesis de la Abogacía del Estado. El resultado es que, salvo que los tribunales digan lo contrario, el RCNP no tendría derecho a una prórroga que –como hemos dicho– han disfrutado durante años y sin mayor problema otros operadores portuarios, como las empresas dedicadas al lucrativo servicio de recogida de residuos, por poner sólo un ejemplo del que casi nadie tiene noticia. También los hay de marinas y varaderos ubicados en los puertos de Palma e Ibiza.

El RCNP tiene a su favor, en el aspecto social y político, el soporte unánime de la ciudad de Palma, que se expresará en una declaración del consistorio pactada entre todos los grupos municipales.  

En lo que concierne al ámbito jurídico, el club tiene un argumento muy poderoso para defenderse ante los tribunales: la APB lleva 19 años tratándole como un concesionario. Esas casi dos décadas de actos propios deberían tener un enorme peso ante la Justicia en virtud de un principio básico del Derecho: la administración no puede actuar contra sus propios actos. 

Fin de contrato

Con independencia de lo que puedan fallar los tribunales en sus dos instancias (Tribunal Superior de Justicia de Baleares y Tribunal Supremo), la realidad es que en diciembre de 2022 caduca el contrato del Real Club Náutico de Palma y se inicia un proceso de incertidumbre que en nada beneficia a su indiscutible función social y deportiva.
La situación de precariedad de los clubes ubicados en puertos de interés general no afecta únicamente al RCNP.

Otras entidades históricas, como el Club Náutico de Ibiza o el Club Marítimo de Mahón, pelean desde hace años por su supervivencia, teniendo que acudir a concursos públicos para obtener autorizaciones temporales de uno o dos años, plazos obviamente insuficientes para desarrollar estrategias deportivas a largo plazo. 

El Club Nàutic Portitxol, en Palma, ha solicitado una prórroga y está pendiente de respuesta. El silencio de la APB empieza a ser muy preocupante. Su vecino, el Club Marítimo del Molinar, fundado en 1917 y hasta hace poco el más antiguo de Mallorca, ha sido hasta el momento el peor parado: su instalación está pendiente de adjudicar en un concurso al que ni siquiera se ha presentado. Aunque la sociedad sigue existiendo por el romanticismo de unos cuantos socios, puede decirse que el club ha desaparecido. 

Es decir, de los cinco clubes pendientes de renovar que dependen de la APB (Puertos del Estado) ni uno solo puede afirmar a día de hoy que tiene garantizada su supervivencia. ¿Se trata de una simple casualidad, aunque parezca demasiada? Rotundamente: no. Los clubes están encontrando dificultades que otros concesionarios no tienen. Ello se debe a dos razones: por un lado, la tesis, abonada por el ex director de la APB Ángel Matías y sus sucesivos discípulos, de que el objetivo de la administración es obtener el mayor rendimiento económico posible de los concesionarios (aunque ello suponga acabar con la tradición de los clubes y repercuta negativamente en los precios de los amarres); por otro, la presión que ejercen poderosas sociedades mercantiles (no siempre relacionadas con el mundo náutico) para acceder al negocio portuario, dándose la circunstancia de que la mayoría de ellas actúan bajo la misma dirección letrada: Trapsayates en Mahón o Club Básico 12 Millas en Ibiza.

Parálisis

Tampoco parece fruto de la casualidad que el abogado representante de los intereses de las empresas que se han opuesto a la supervivencia de los clubes sea uno de los principales denunciantes del caso Puertos, asunto que tiene literalmente paralizados todos los expedientes de renovación de la Autoridad Portuaria, que no mueve ficha en ningún sentido a la espera de que la juez levante el secreto de varias de las piezas que investiga y decida qué hace con aquellas que ya han aflorado. 

Entretanto, el tiempo corre contra los clubes, sus socios, sus secciones deportivas y, en general, contra todo lo que representa la náutica social en Baleares. Un río revuelto del que, si no se produce un giro radical de los acontecimientos, obtendrán sus ganancias los especuladores.

El RCNP, pendiente de la resolución judicial

El Real Club Náutico de Palma (RCNP) recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) una eventual denegación de la solicitud de ampliación del plazo de su concesión tras el dictamen desfavorable del Consejo de Estado. La histórica entidad, fundada en 1948, ha anunciado que agotará la vía judicial «en vista de las contradicciones existentes» entre los diferentes informes que se han aportado al expediente abierto en 2015.  «La defensa de este gran patrimonio social se llevará a cabo en todos los frentes y en todas las vías, incluida la judicial si finalmente procede», ha manifestado Emerico Fuster, presidente del RCNP. «Sabíamos que este no iba a ser un proceso fácil, pero no es de recibo que la historia de nuestro club y todo lo que representa para la ciudad penda de una cuestión meramente formal en la que ni siquiera hay una postura jurídica clara. Aquí hay unas consecuencias subyacentes que no pueden ignorarse».

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