No es un proyecto, como creían hasta hoy los navegantes. El Gobierno de Baleares ya regula el fondeo sobre arena desde el pasado mes de mayo, en que apareció publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) el Plan de Gestión Natura 2000 de Formentera.

La norma de la Conselleria de Medi Ambiente fue aprobada por el Consell de Govern el 22 de mayo, en plena pandemia, sin antes haber recabado la opinión de la comunidad de usuarios del mar. Ninguna asociación náutica estaba al corriente de esta restricción en vigor que limita el derecho al libre fondeo en zonas donde el uso del ancla es sabido que carece de impacto ambiental.

Con el Plan de Gestión en la mano, ninguna embarcación de eslora igual o superior a 16 metros puede fondear actualmente sobre arena a menos de 15 metros de profundidad en toda la costa sur de Formentera. Esta prohibición afecta a zonas de fondeo tan populares como Cala Saona.

El Govern justifica esta medida drástica e inédita en España en la gran presión de embarcaciones que soporta la zona, pero no aduce ninguna causa de carácter medioambiental. Los navegantes se preguntan en qué se basa la Conselleria de Medi Ambient, dirigida por Miquel Mir (Més per Mallorca), para condicionar el fondeo. Tampoco entienden a qué obedece establecer la profundidad y el tamaño de la embarcación como elementos de limitación, cuando es de común conocimiento que ni lo uno ni lo otro interfiere en la inocuidad del uso del ancla sobre arena.

El sector náutico está preparando alegaciones contra una normativa idéntica a la de Formentera que afecta a toda la costa de Levante de Mallorca. En este caso, el proyecto fue detectado en su periodo de exposición pública, lo que no ocurrió el mes de mayo con el plan de la costa de Formentera. En aquel momento los navegantes mantenían negociaciones muy estrechas con el Govern balear para acordar la desescalada en el uso de embarcaciones. La preocupación era otra.

Nadie, sin embargo, les avisó de lo que Miquel Mir y su núcleo duro estaban preparando. Gaceta Náutica ha podido saber que las restricciones han cogido por sorpresa, incluso, a algunos técnicos de la Conselleria de Medi Ambient, que se han apresurado a informar a los navegantes y empresarios náuticos de su desconocimiento del plan gubernamental para limitar el fondeo en arena, medida que han calificado de “absurda”.  

Esta nueva vuelta de tuerca contra el sector náutico coincide con la instrucción en el Juzgado número 7 de Palma de un sumario que investiga si responsables de la Conselleria de Medi Ambient pudieron incurrir en prevaricación al ignorar los vertidos de aguas residuales al mar de las depuradoras públicas.

Este periódico reveló ayer en exclusiva que un informe de este departamento remitido al juez el pasado año alega que no existen evidencias científicas del impacto de las aguas fecales sobre la posidonia. Esta tesis negacionista va contra la opinión unánime de la comunidad científica y ha sido refutada por una exhaustiva investigación, con más de 100 inmersiones y el análisis de cientos de documentos, del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Las pesquisas judiciales que han aflorado las omisiones y ocultaciones de la Conselleria de Medi Ambient se iniciaron a raíz de una denuncia de las dos principales asociaciones de navegantes de Baleres, ADN Mediterráneo y Anavre.