Cuatro clubes náuticos de Baleares se encuentran actualmente en una situación de precariedad que pone en peligro su supervivencia y la función social y deportiva que vienen desarrollando desde que fueron fundados. Todos de ellos han recibido en algún momento el soporte de instituciones públicas (ayuntamientos, parlamentos regionales, consejos insulares e incluso el pleno del Congreso de los Diputados), pero esas palabras no han servido para nada. El tiempo ha demostrado que, más allá del simbolismo de estas declaraciones(voluntariosas en unos casos, fruto de la oportunidad en otros), la clase política en España no ha puesto sobre la mesa ninguna medida efectiva que permita la protección de estas entidades sin ánimo de lucro pioneras en la gestión portuaria enfocadada a la náutica social y de las que, literalmente, depende la existencia del deporte de la vela en España.

ANDRATX. El del Club de Vela del Port d’Andratx es el último y a la vez el primer caso de indefensión de un club frente al poder una gran empresa. La incertidumbre ha planeado sobre esta entidad fundada en 1968 desde que obtuvo su última concesión en 2006, la  cual fue recurrida y anulada posteriormente por una sentencia del Tribunal Supremo hace seis años. Sus instalaciones revertieron el pasado 23 de febrero en el Grupo IPM, gestor de cuatro concesiones portuarias y dos varaderos en Mallorca, Menorca e Ibiza.

IBIZA. El Club Náutico de Ibiza (1925) obtuvo una concesión que también fue anulada por el Supremo tras el recurso presentado por la empresa disfrazada de club náutico que pretendía quedarse con sus instalaciones. En este caso se puso de manifesto que los trámites de competencia de proyectos, presentados como la solución para que los clubes pudieran luchar por su supervivencia dentro del marco legal, fueron en realidad un «parche» temporal que, según ha demostrado la experiencia, solo ha servido para incrementar la litigosisad y demostrar que la figura de los náuticos no tiene ningún reconocimiento en el ordenamiento jurídico español. El CNI gestiona actualmente una Autorización de Ocupación Temporal (AOT) renovable mediante concurso. La empresa que lo llevó contra las cuerdas ha renunciado a presentarse a las nuevas licitaciones provisionales, pero ha aparecido en escena una nueva sociedad que no oculta su interés por quedarse el puerto.

MAHÓN. El Club Marítimo de Mahón, con más de 120 años de historia, perdió su concesión en un concurso amañado para favorecer a la empresa Trapsa Yates, según quedó acreditado en la sentencia del caso Mar Blau. Eso ocurrió en 2010 y desde entonces ha sobrevivido gracias a que su sede social está fuera del espacio público portuario y, en consecuencia, no le puede ser arrebatada. Tras muchos años sin disponer de amarres, la APB le otorgó en 2022 una AOT renovable mediante concurso, aunque únicamente para gestionar la mitad de la lámina de agua de su antigua concesión. Esto supuso un balón de oxígeno, pero se trata de una solución provisional que en absoluto garantiza la continuidad del club. La otra parte de la marina se la quedó, curiosamente, una empresa participada por el Grupo IPM. 

PALMA. El Real Club Náutico de Palma (1891) solicitó a la Autoridad Portuaria de Baleares en 2015 la ampliación de su plazo de concesión por un periodo de 20 años. El expediente durmió el sueño de los justos hasta que, en 2020, un informe de la Abogacía del Estado determinó que el club no tenía derecho a la prórroga por no ser una concesión. A falta de un mes para que expirara el plazo, la APB comunicó su intención de no seguir tramitando el expediente y de sacar la instalación a concurso, aunque la decisión no ha sido adoptada por el consejo. El RCNP ha recurrido a los tribunales y gestiona las instalaciones que ocupa desde 1948 en precario, mediante una AOT por un máximo de tres años.

MOLINAR. La decisión de la APB de no tramitar el proyecto de ampliación presentado por el Club Marítmo Molinar de Levante (1917) y su salida a concurso derivó en la desaparición de la entidad. La licitación, a la que el club no pudo presentarse, reunió a empresas mercantiles sin ninguna experiencia previa. A pesar de que han transcurrido más de dos años desde que se abrieron las plicas, la Autoridad Portuaria no ha resuelto el concurso. El puerto languidece convertido en zona de botellón.