La investigación de la Guardia Civil en la pieza del caso Puertos cuyo secreto ha sido levantado señala que una de las tres empresas que se presentaron al concurso de una marina de 157 amarres y un taller en Mahón estaba concertada con la ganadora.  

La Fiscalía Anticorrupción considera acreditada la vinculación entre Marina Asmen (adjudicataria) y una sociedad cuyo nombre responde a las siglas G.S.A. (aspirante en la licitación), lo que “apunta a la existencia de un concierto previo para la presentación de una oferta de acompañamiento y una actitud maliciosa por parte de la adjudicataria”.

La conexión entre ambas empresas ha sido descubierta gracias a la información aportada a la causa judicial por la Agencia Tributaria (AT). Estos documentos indican la relación entre dos de las sociedades que forman Asmen y G.S.A. a través de una tercera firma denominada Marina Charter Mahón, en la que comparten participaciones.

La Fiscalía recalca en la querella que dio origen al caso Puertos que Marina Charter Mahón carece de barcos, vehículos, inmuebles, contratos de electricidad, préstamos y trabajadores. A pesar de esta nula actividad, en 2017 obtuvo un volumen de entrada de fondos por más de 100.000 euros.

En cuanto a la sociedad Marina Asmen, añade el Ministerio Público, “los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria acreditan que es una sociedad que se constituye ad hoc en fechas anteriores muy próximas a la convocatoria del concurso”.

Otro aspecto que ha llamado la atención de los investigadores es que el proyecto de Marina Asmen fue firmado por tres ingenieros en marzo de 2017, cuatro meses antes de que se convocara el concurso. Esta circunstancia les lleva a deducir que existió “información privilegiada” y que todo el expediente del concurso adolece de “vicios estructurales”.

El presunto amaño de este expediente, y otros en los que la investigación se encuentra bajo secreto, dio lugar en julio de 2020 al registro de las sedes de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y a la detención de sus entonces presidente y director, Juan Gual y Juan Carlos Plaza, respectivamente, así como de dos funcionarios y un miembro del consejo. La operación se precipitó debido a una filtración sobre las pesquisas.

Según sostiene la juez instructora del caso en su auto razonado de levantamiento del secreto del sumario, la adjudicación de una Autorización de Ocupación Temporal (AOT) a Marina Asmen en mayo de 2018 fue “consecuencia del acuerdo alcanzado con algunas autoridades políticas de Menorca”. La concesión se otorgó con el rechazo de cuatro consejeros de la APB, dos de los cuales fueron supuestamente “presionados y amenazados” para que cambiaran el sentido de su voto.

La magistrada añade que el concurso público fue manipulado “bien a cambio de cualquier favor, prestación, merced o similar, bien por un interés político, bien por ambas cosas”.

La investigación llevada a cabo por el Grupo Anticorrupción de la Guardia Civil bajo la supervisión de la Fiscalía ha corroborado contactos regulares de Juan Gual con las principales autoridades políticas de Baleares, entre ellas el alcalde de Mahón, Héctor Pons; el ex conseller de Territorio, Marc Pons, y la propia presidenta del Govern, Francina Armengol.

En un correo electrónico revelado en exclusiva por Gaceta Náutica, Juan Gual afirma que hablará con “Héctor y Marc” como “primer paso” para acallar las quejas en la prensa del presidente de la patronal menorquina, Justo Saura, sobre la gestión del puerto de Mahón. En este mensaje, dirigido a su director un mes después de la adjudicación a Marina Asmen, el ex presidente de la APB llega a decir: “Podría darse, según vea, que vaya a la colección de la fiscalía, con la gracia añadida de que su nombre (Justo Saura) estará entre los beneficiarios de las irregularidades que afirma”.

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Nota importante: El contenido de esta información no responde a una sentencia firme, sino a la fase de instrucción del proceso. Todas las personas y entidades nombradas en ella conservan su presunción de inocencia.