Juan Carlos Plaza, Juan Gual y José Llorca, a la salida de un almuerzo tras la detención de los dos primeros.

El levantamiento parcial del secreto de sumario del caso Puertos ha revelado un posible móvil político en la adjudicación irregular de una marina en Mahón. Todos los indicios recabados hasta el momento por la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, apuntan a que dirigentes institucionales menorquines habrían tratado de influir en la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para que la gestión temporal  de 154 amarres en el puerto de Mahón recayera en un conjunto de empresas locales asociadas bajo la marca Marina Asmen.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que incoa la causa, sostiene que la adjudicación de la citada instalación a esta sociedad en mayo de 2018 fue «consecuencia de un acuerdo alcanzado con algunas autoridades políticas de Menorca», donde gobierna una coalición de partidos de izquierda y nacionalistas.

La supuesta manipulación del expediente se habría producido, según añade la juez en el auto de levantamiento del secreto del sumario, «a cambio de cualquier favor, prestación, merced o similar, bien por un interés político, bien por ambas cosas».

La investigación señala que el ex presidente de la APB, Juan Gual, y su equipo directivo otorgaron la concesión de forma supuestamente fraudulenta tras negociar los pliegos del concurso con miembros de la asociación Asmen «y transmitirles, con carácter previo a la aprobación, numerosa información relevante para la licitación que no fue pública ni estaba al alcance de los demás licitadores y que después determinó la adjudicación a su favor».

La trama, de acuerdo con la tesis inicial de los investigadores, «se materializó con el auxilio necesario e imprescindible de los demás querellados/investigados: por un lado, el director de la APB y los miembros de la comisión técnica, que crearon los criterios de puntuación/valoración ad hoc para resolver el concurso a favor de Asmen (no previstos inicialmente en los pliegos), y, por otro lado, la asesora jurídica del Consejo, señora [Dolores] Ripoll, quien emitió informes verbales a favor de la adjudicación sabiendo que con ello se estaba apartando del Derecho y de la Ley».

Los indicios «sólidos y suficientes» recabados en los más de dos años que ha durado la investigación de este caso indican que hubo una «decisión arbitraria del entonces presidente de la APB, Juan Gual, y de su director, Juan Carlos Plaza» para favorecer a un grupo de empresas menorquinas que acordaron crear una sociedad para concurrir al concurso de Mahón.

La Fiscalía revela en su querella que el proyecto ganador estaba firmado por tres ingenieros en marzo de 2017, cuatro meses antes de que se publicara la licitación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), y que una de las tres empresas que se presentaron estaba conchabada con Asmen, ya que compartían socios. Este hecho se basa en informes de la Agencia Tributaria y demostraría «la existencia de un concierto previo para la presentación de una oferta de acompañamiento y una actitud maliciosa por parte de la adjudicataria», siempre según el Ministerio Público.

Las diferentes pruebas obtenidas por el Grupo Anticorrupción de la Guardia Civil, en forma de documentación técnica, testificales, correos electrónicos, pinchazos telefónicos y mensajes de WhatsApp, confirman que el presidente de la APB trató el asunto de Mahón con el alcalde de la localidad, Héctor Pons; el ex conseller de Territorio, Marc Pons (hoy jefe de gabinete de la ministra Teresa Ribera, tras haber sido defenestrado de su anterior cargo), e incluso con la presidenta del Govern balear, Francina Armengol.

Gual habló del asunto con la jefa del Ejecutivo autonómico y el conseller antes y después del concurso. El 21 de febrero de 2018 envió un mensaje al correo personal de Marc Pons en el que le advertía de una «pinza» formada por dos empresarios de Menorca (se refería textualmente a Justo Saura, presidente de la patronal PIMEM, y a José Ignacio Seguí Chinchilla, antiguo delegado de la extinta naviera Iscomar) y agregaba: «Mañana veré a Francina y una de las cosas que le plantearé es ir a la Fiscalía como acción preventiva, ante la presión que estoy recibiendo. Siento que tengamos que pasar por esto, pero sé que cuento contigo». No consta que Marc Pons respondiera a este mail.

Un día después de la supuesta reunión con Armengol, el 22 de febrero, Gual se dirigía por correo a su secretaria, con copia al director y al que luego sería ponente de la comisión técnica, en los siguientes términos: «Nos piden una reunión en el Ayuntamiento de Mahón con TODOS los empresarios del sector de ASMEN. Por favor, concertar una cita con los integrantes de esta lista, iríamos todos». El asunto del correo es «Menorca: Amarres, taller y políticos». 

Tiempo después, en diciembre de 2019, Gual anotó a mano toda una serie de temas a tratar con «Francina» (en alusión a la presidenta). En el documento, intervenido en los registros de la APB, se lee lo siguiente: «-MH: Guardia Civil. -Ibiza: Confidencial». Ambas referencias aparecen tachadas. Para entonces, ya era notorio en los mentideros náuticos que la Fiscalía estaba investigando el caso de Mahón, pues había tomado declaración a varios testigos, entre ellos tres ex miembros y un vocal del consejo de Administración de la APB que se opusieron tajantemente a validar con su voto la adjudicación del puerto a Asmen.

«El Estado contra la comunidad autónoma»

El origen  de las pesquisas judiciales está en la denuncia interpuesta por una de las tres empresas que  concurrieron al concurso, la cual aportó una grabación comprometedora de Fernando Berenguer (uno de los técnicos imputados),  y en la posterior declaración de cuatro consejeros que votaron en contra de la propuesta de la comisión técnica que otorgó la concesión de Mahón a la sociedad Marina Asmen, por considerar que no se ajustaba a derecho. Los «disidentes», como se refiere a ellos la Fiscalía, fueron Enrique Braquehais (abogado del Estado), Javier Gesé (representante de Puertos del Estado), Vicente Torres (vocal de la Administración General del Estado) y José Escalas (capitán marítimo de Mallorca).

Los dos primeros habrían sido objeto de presiones y amenazas justo antes de la celebración del consejo del 7 de mayo de 2018, en el que se concretó la elección de Marina Asmen. Minutos antes de la reunión fueron convocados a puerta cerrada en el despacho del presidente. Allí Juan Gual y Juan Carlos Plaza «cuestionaron la imparcialidad del vocal abogado del Estado (Braquehais), llegando a acusarle el director de tener intereses». El presidente, además, «le amenazó con denunciarle ante Puertos del Estado por no seguir el criterio de la Asesoría Jurídica», según cita textualmente la querella de la Fiscalía. A pesar de las citadas advertencias, Braquehais y Gesé se mantuvieron en sus trece y votaron contra la adjudicación. Se sumaron a la negativa José Escalas y Vicente Torres. Gual, según varios testigos –él lo niega–, acuñó entonces una frase que cobra mucho sentido una vez  conocido el desarrollo de los acontecimientos: «El Estado contra la comunidad autónoma». La posición del abogado del Estado Braquehais chocó frontalmente con la de la asesora jurídica de la APB, también abogada del Estado, Dolores Ripoll, que avaló la legalidad de la concesión y ahora se encuentra imputada.

Transcurrido un mes desde la adjudicación, el asunto seguía presente en la agenda de Juan Gual, quien continuaba haciendo referencias al conseller y al alcalde. El 11 de junio envió un email a su director en el que lamentaba que Justo Saura tildara a la APB de corrupta en una entrevista en la prensa y reconocía maniobras para amordazarle. «Antes, como lobby sectorial era una difamación, ahora como presidente de la patronal lo traslada a que el empresario menorquín nos considera delincuentes. Le he escrito a Marc y a Héctor como primer movimiento, espero su repuesta», escribe el entonces presidente de APB. Más adelante añade: «Mañana hablaré con el vicepresidente [de PIMEM Menorca], un importante y solvente industrial, que me confirmará si ésta es la consideración de su federación. Es amigo, de momento son movimientos intimidatorios tácticos para que calle de una vez. Podría darse, según vea, que vaya a la colección de la Fiscalía, con la gracia añadida de que su nombre estará entre los beneficiarios de las irregularidades que afirma».