El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antonio Garcias, que investiga un presunto delito de prevaricación por la ausencia de expedientes sancionadores contra los vertidos contaminantes al mar de las depuradoras públicas, ha citado a declarar en calidad de testigos a los directores generales de medio ambiente de los gobiernos del PP y el Pacte desde el año 2003 hasta la actualidad.

Las testificales tendrán lugar los días 25 y 26 de octubre. Deberán comparecer ante el juez, con obligación de decir la verdad, quienes fueran directores generales de Calidad Ambiental entre los años 2003 y 2010, Ventura Blach (PP) y Josep Lliteras (UM). También han sido citados David Abril (Més), quien ocupó el cargo de director general de Cambio Climático y Educación entre 2010 y 2011, y el jefe de servicio del Govern Bernat Aguiló, así como el director general de Ordenación del Territorio, Luis Antonio Corral, y la directora general de Territorio y Paisaje, María Magdalena Pons (Més). Esta última emitió un informe en el que dijo que no existen evidencias científicas de que los vertidos de aguas residuales provoquen daños en la posidonia oceánica.

La investigación judicial trata de determinar por qué, a pesar de que las depuradoras públicas incumplen la normativa e incluso -en algunos casos- carecen de permisos de vertido, no hay constancia en los archivos de las consejerías de Medio Ambiente y Territorio de la incoación de expedientes sancionadores. Las pesquisas se iniciaron a instancias de la Asociación de Navegantes Mediterráneo, que reclamó reiteradamente información sobre el número de multas impuestas por vertidos al mar y, ante el silencio de las administraciones, decidió denunciar el asunto en el juzgado.

Un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) aportado al sumario señala que las administraciones públicas  –Govern balear y Ayuntamiento de Palma– sabían lo que estaba pasando con los vertidos de aguas residuales al mar, eran plenamente conscientes de su impacto sobre el medio ambiente, y conocían la situación de ilegalidad de algunas de sus instalaciones. Pero hicieron la vista gorda.

El dictamen policial, cuyo contenido fue revelado en primicia por Gaceta Náutica, se hace eco de otro informe aportado al sumario sobre un presunto delito medioambiental que instruye el Juzgado número 12, y en el que aparece como investigada, entre otros, la actual regidora de Urbanismo de Palma, Neus Truyol.

La Guardia Civil se pronuncia sobre tres cuestiones a  instancias del juez: la contaminación provocada por vertidos de aguas residuales, el grado de conocimiento de las administraciones y la existencia, si la hubiere, de expedientes sancionadores. Y en los tres casos salen muy mal parados los gestores públicos del saneamiento del agua.

Los vertidos, concluye el dictamen, son letales para el medio ambiente, los poderes públicos lo saben desde hace años y, a pesar de ello, no ha sido multada una sola depuradora pública. Este dato contrasta con las 212 propuestas de sanción por fondeos irregulares tramitadas el primer año de vigencia del decreto de protección posidonia. Esta normativa, celebrada como un gran logro del ecologismo local, ignora la problemática de las depuradoras públicas y fija todas sus actuaciones sobre el uso del ancla.