La asociación ADNEA-PIMEM ha convocado una concentración a las puertas del varadero de Palma para “reivindicar el carácter estratégico del sector náutico” en Baleares y reclamar “la reducción de tasas abusivas y más espacio para trabajar” en el puerto de la capital balear.

 La manifestación, a la que han sido llamados los trabajadores del subsector del mantenimiento y la reparación mediante un mensaje de WhatsApp, tendrá lugar a las 10.30 horas del próximo viernes, 17 de diciembre, en el Camino de la Escollera, frente a la barrera de acceso al varadero que gestiona la empresa Serveis Tècnics Portuaris. Estarán presentes para hacer declaraciones a los medios de comunicación el presidente de PIMEM-Baleares, Jordi Mora, y el presidente de ADNEA, Alex Casares.

La protesta se produce tras la decisión de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) de no renovar las autorizaciones temporales solicitadas por STP, lo que, según ADNEA, podría suponer la pérdida de unos 80 millones de euros de facturación.  Los autónomos y empresarios de la reparación integrados en esta asociación se quejan también de la tasa que grava su actividad, que califican de “abusiva” y que, añaden, estaría contribuyendo a  “acabar con numerosos puestos de trabajo”.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

La APB no concederá autorizaciones de ocupación temporal (AOT) sin concurso más allá del límite legal de tres años. Así se lo hizo saber el presidente del ente portuario, Francesc Antich, a los miembros del Consejo de Navegación del Puerto de Palma, órgano en el que están representadas las principales patronales sectoriales. Todo permiso provisional que supere el citado plazo tendrá que ir a concurso público.

Antich se mostró tajante al ser interpelado por el presidente de la Asociación Provincial de Actividades Marítimas (APEAM), Santiago Mayol, sobre la situación de los espacios gestionados mediante AOT por la empresa Serveis Tècnics Portuaris (STP) en el varadero de Palma. No habrá renovación para estas autorizaciones porque la ley no lo permite.

STP puede, si así lo desea, solicitar la incorporación de esos 25.000 metros cuadrados ‘extra’ a los 95.000 de su actual concesión, que expira en 2025.  Ello llevaría aparejado, como es lógico, un aumento del canon y de las tasas portuarias, y, según la APB, resolvería el problema de falta de espacio denunciado por las empresas de mantenimiento a raíz del criterio sobre las AOT.

SIN AMPLIACIÓN DE PLAZO

No obstante, la Autoridad Portuaria no quiere oír hablar de momento de una ampliación del plazo de la concesión del varadero. Una cosa es llegar a un acuerdo sobre el espacio y otra muy distinta sobre el tiempo.

La negativa a renovar las ocupaciones temporales del varadero está teniendo consecuencias directas en la industria del mantenimiento.

Alex Casares, presidente de ADNEA-PIMEM, denunció el pasado 3 de noviembre que 31 barcos que habían reservado espacio en el principal varadero de Palma no podrán ser puestos en seco si no se da un solución al problema.

 La patronal náutica de la pequeña y mediana empresa cifra en 80 millones de euros la caída de la facturación por este motivo. La industria del refit se verá, sin duda, muy resentida en lo económico, aunque “lo más preocupante”, señala Casares, es “el daño que sufre nuestra isla como destino” en un momento en que otros puertos están ofertando precios mucho más competitivos.

La APB ofrece, a modo de parche, la posibilidad de otorgar una AOT específica para cada barco que requiera ser varado. Pero esta alternativa no parece ser muy eficaz. Lo explica Casares: “Un yate que estuvo esperando fondeado a que se resolviera el papeleo para poder ser reparado en Palma decidió marcharse a Denia. Cuando llegó la autorización ya era tarde. Se trataba de un proyecto de larga duración que hubiera dado trabajo a empresas y autónomos de Mallorca durante varios meses”.

El quebranto por la más que probable fuga de la treintena de yates a otros destinos menos conflictivos no es exclusivo de las empresas de reparación, sino que afectaría también a las arcas públicas.  Javier Calomarde, secretario de ADNEA, recuerda que la APB percibe unos 20.000 euros al día por el ‘alquiler’ del espacio agregado al varadero. A esto hay que añadir el 1,5% de la facturación que las empresas radicadas en el puerto están obligadas a pagar a la APB en concepto de tasas de reparción y mantenimiento. En total, unos 4 millones que se dejarían de ingresar.