Olga Ballester, diputada de C’s en el Parlament balear.

El conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal,fue interpelado el pasado 22 de marzo sobre la posición del Goven respecto a la protección de la posidonia por la diputada de Ciudadanos Olga Ballester. La postura del Ejecutivo es regular los fondeaderos mediante boyas de pago. Vidal se remitió a la experiencia en este sentido que supuso en su día el plan Life Posidonia, sufragado con fondos europeos.

Olga Ballester también preguntó al conseller si le parecía justo que los navegantes tuvieran que pagar cuando “los que van de excursión a cualquier ANEI no tienen que hacerlo”.

Vicenç Vidal justificó las boyas de pago en que su conselleria está realizado un decreto para la protección de la posidonia en el que se incluirá esta medida, así como otras que se consensuarán "con el resto de las administraciones, navegantes y todo tipo de gente que tiene mucho que decir sobre como se ha de gestionar la posidonia en Baleares”.

Cabe recordar, en este sentido, que, el pasado 17 de febrero, el propio conseller negó a la asociación de navegantes y a una amplia representación del sector náutico que su conselleria hubiera comenzado a elaborar dicho decreto, al tiempo que desvinculaba que en el mismo se fuera a incluir cualquier referencia al fondeo.

La diputada de Ciudadanos también inquirió al máximo responsable de Medio Ambiente en la comunidad autónoma sobre si se tendrían en cuenta en el decreto, además de los fondeos, “los más de 90 millones de metros cúbicos de aguas residuales mal depuradas que son vertidos cada año sobre las praderas de posidonia y sobre los cuales la Conselleria no hace nada”.

Vicenç Vidal le respondió que “se está efectuando el seguimiento de los vertidos que usted dice que no se realizan” y añadió que “el IMEDEA tiene muchísima experiencia en seguir la evolución de estas praderas”.

En este aspecto cabe destacar que en un reciente debate sobre la protección de la posidonia que tuvo lugar en el Club Diario de Mallorca, el investigador del IMEDEA Jorge Terreros reveló que en Baleares no se habían efectuado “estudios concretos para determinar el efecto de los vertidos residuales sobre la posidonia y el medio ambiente”.

Olga Ballester insistió en negar que la conselleria estuviera preocupada por el daño ambiental de los vertidos contaminantes producidos por las depuradoras públicas gestionadas por el propio Govern y acusó a éste de “privatizar con su afán recaudatorio las calas de todos los baleares”, y de “hacer negocio con lo que es de todos y con las concesionarias que esperan golosas que les sean adjudicados esos puertos de boyas”.