Plaza, Gual y el ex presidente de Puertos del Estado, José Llorca.
Dos de los consejeros de la APB que se opusieron a la adjudicación de un puerto deportivo de Mahón a la empresa Marina Asmen tuvieron que solicitar la rectificación de las actas por no reflejar fielmente las razones de su negativa a aprobar la propuesta de la comisión técnica. Los borradores correspondían a las reuniones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares de los días 25 de abril y 7 de mayo de 2018, en las que se discutió el otorgamiento de la concesión de 154 amares a un grupo de empresarios de menorquines reunidos bajo la marca Marina Asmen.
El sumario del caso, en el que están imputados, entre otros, el ex presidente de la APB Juan Gual y el hasta hace poco director, Juan Carlos Plaza, refleja que los consejeros Enrique Braquehais, abogado del Estado, y Javier Gesé, representante de Puertos del Estado, tuvieron que instar a la secretaria del consejo para que corrigiera las actas, “lo que no ocurrió hasta justo antes de la siguiente sesión”.
Ambos se opusieron a la concesión de los amarres a Marina Asmen por considerar que no se ajustaba a derecho. También votaron en contra el capitán Marítimo de Mallorca y Menorca, José Escalas, y el consejero de la Administración General del Estado, Rafael Torres. Entre las razones alegadas para esta negativa estaba que el proyecto ganador era el que menos personal de servicio ofrecía -dos marineros frente a ocho de otros licitadores-, además de ser el que ofertaba un canon de ocupación del espacio público más bajo.
Según ya informó Gaceta Náutica, la juez que instruye la causa, Martina Mora, sostiene que la APB, “un organismo público”, dejó de ingresar 300.000 euros en concepto de tasas, así como que Marina Asmen obtuvo “relevantes ingresos derivados de dicha actividad por conceptos no sólo no amparados sino totalmente contrarios a las condiciones de la concesión, resultando de las diligencias practicadas que la APB (especialmente los investigados) tenía conocimiento de dichos extremos sin que conste ninguna actuación correctora efectiva al respecto”.
En fechas posteriores a los polémicos consejos de administración, Juan Gual y la asesora jurídica de la APB, Dolores Ripoll, comentaron la negativa de Gesé y Braquehais a apoyar la adjudicación a Marina Asmen.
En una conversación de WhatsApp fechada el 22 de mayo de 2018 Ripoll afirma que ha tenido conocimiento de que Gesé “ha intentado corregir”, a lo que Gual responder: “Lo que conviene es desactivar, y si es a la malloquina, no pasa nada. Gesé tiene que estar tranquilo y además saber cuál es su función o responsabilidad”.
Según el auto de levantamiento del secreo de sumario, la investigación realizada por el Grupo Anticorrupción de la Guardia Civil ha constatado que existen “indicios sólidos suficientes” de que la adjudicación de los amarres a la empresa Marina Asmen, S.L., “no fue el resultado de la objetiva y legal valoración de las propuestas presentadas, sino que se trató de una decisión arbitraria del entonces presidente de la APB, Juan Gual, y su director, Juan Carlos Plaza”.
La adjudicación, apunta la juez, fue "consecuencia del acuerdo alcanzado con algunas autoridades políticas de Menorca y con los miembros y responsables de la asociación Asmen para que el concurso se adjudicara a favor de empresas de Menorca, tras negociar durante meses con dicha asociación los pliegos del concurso y transmitirles, con carácter previo a la aprobación, numerosa información relevante para la licitación que no fue pública ni estaba al alcance de los demás licitadores y que después determinó la adjudicación a su favor".
La magistrada entiende que “ello se produjo bien a cambio de cualquier favor, prestación, merced o similar, bien por un interés político, bien por ambas cosas”.
El diario El Mundo se ha hecho eco hoy del contenido un documento manuscrito por Juan Gual en el que habla de tratar cuestiones relativas a los concursos de puertos deportivos, entre ellos el de Mahón, con la presidenta del Gover balear, Francina Armengol. En el encabezamiento de esta anotación aparece la palabra “Francina” y a continuación un listado de asuntos, entre los que estaría el concurso de Mahón.
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Nota importante: El contenido de esta información no responde a una sentencia firme, sino a la fase de instrucción del proceso. Todas las personas y entidades nombradas en ella conservan su presunción de inocencia.