El acta del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) del 7 de mayo de 2018 revela que los cuatro vocales disidentes (un abogado del Estado, los representantes de Puertos del Estado y de la Administración General del Estado, y el capitán marítimo de Mallorca) hicieron constar las razones de su rechazo a la adjudicación presuntamente fraudulenta de 154 amarres en Mahón a la empresa Marina Asmen.

Esta decisión del máximo órgano de decisión de los puertos de interés general en las Islas derivó en julio de 2020 en la detención del ex presidente de la APB, Juan Gual, y su director, Juan Carlos Plaza, entre otros. Se les imputa un delito de prevaricación.

Pese a la controversia surgida en el seno del consejo, la concesión se otorgó por mayoría con la anuencia de la jefa de la abogacía general del Estado en Baleares (también imputada) y con alegatos favorables de varios consejeros y políticos.  Entre las intervenciones recogidas en el acta destaca la del alcalde de Mahón, Héctor Pons, quien aseguró, en alusión a la concesión supuestamente amañada: “Es un ejemplo de la imagen de los puertos que queremos, con el objetivo de servicio público al ciudadano, sin que sea siempre el criterio económico el primero en puntuar”.

Marc Pons, entonces conseller de Territorio y hoy jefe de gabinete de la ministra Teresa Ribera, también quiso que el acta recogiera su apoyo a Asmen: “Hay que poner en valor el trabajo realizado para mejorar las cosas en el puerto de Mahón. Aun entendiendo que las tres ofertas tienen defectos, se ha optado por la más viable”.

Asmen era la empresa que ofrecía menos inversión y menos personal para la gestión del puerto. La Fiscalía sospecha, además, que otra de las sociedades en concurso se había concertado previamente con la ganadora. Enrique Braquehais, el consejero crítico que posteriormente presentaría su dimisión, advirtió asimismo de que el informe de la comisión técnica introducía “criterios de valoración y adjudicación distintos a los del pliego, cuyas cláusulas son ley entre las partes y vinculan tanto a licitadores como a la Administración”.

José Escalas, capitán marítimo de Mallorca, intervino a continuación para cuestionar “si dos marineros serán suficientes para la prestación de un buen servicio” y las tarifas para barcos de más de ocho metros, las cuales, a su juicio, “no son reales si el puerto está lleno”. Esta postura de Escalas fue duramente criticada por Juan Gual y el entonces presidente de Puertos del Estado, José Llorca, en una conversación telefónica interceptada por la Guardia Civil tras las detenciones de julio de 2020.

Gaceta Náutica solicitó acceso al acta en octubre de 2020, apelando a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. La APB lo denegó un mes después aduciendo que las deliberaciones del consejo no son públicas y que los hechos tratados en la reunión del 7 de mayo de 2018 estaban incursos en un procedimiento penal bajo secreto. Según ha revelado la investigación, dicho consejo fue el primero en la historia de la APB en el que la comisión técnica compareció para explicar las razones de su elección de la oferta más favorable.

La adjudicación a Asmen no se pudo realizar en un anterior consejo, celebrado el 25 de abril, debido a que varios vocales lo abandonaron antes de hora y no se alcanzó el quórum necesario en el momento de la votación. GN también ha podido consultar el acta de esta reunión y confirmar que los consejeros disidentes ya advirtieron que votarían en contra de la propuesta del presidente y la comisión técnica. Esto les supuso una reprimenda a puerta cerrada por parte del director y el presidente justo antes del consejo del día 7 de mayo. La Fiscalía aprecia "presiones" y "amenazas" en este encuentro.

Según sostiene la juez instructora del caso en su auto razonado de levantamiento parcial del secreto del sumario, la adjudicación de una Autorización de Ocupación Temporal (AOT) a Marina Asmen en mayo de 2018 fue “consecuencia del acuerdo alcanzado con algunas autoridades políticas de Menorca”. La concesión se otorgó con el rechazo de cuatro consejeros de la APB, dos de los cuales fueron supuestamente “presionados y amenazados” para que cambiaran el sentido de su voto.

La magistrada añade que el concurso público fue manipulado “bien a cambio de cualquier favor, prestación, merced o similar, bien por un interés político, bien por ambas cosas”.