Berenguer no ha ratificado la versión que ofreció a uno de los licitadores.

Uno de los principales testigos de cargo del caso Puertos, el ingeniero de la APB Fernando Berenguer, cambió ayer su versión tras prestar declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, y negó que hubiera denunciado irregularidades en la concesión de 144 amarres a la empresa Marina Asmen durante una conversación telefónica grabada por un directivo Sernautic, una de las empresas licitadoras.

Berenguer ha declarado que si dijo algo que hiciera pensar en un amaño, fue por seguirle “la corriente” a su interlocutor. El contenido de la grabación está en el núcleo de la querella presentada en su día por el Ministerio Público.

Este cambio de actitud de quien fuera jefe de explotación del organismo portuario supone un balón de oxígeno para las defensas de los investigados, que no ocultan su optimismo ante el nuevo cariz que están tomando los acontecimientos.

Cabe tener en cuenta, no obstante, que Fernando Berenguer ha prestado declaración en calidad de imputado, de modo que no está obligado a decir la verdad bajo apercibimiento de incurrir en falso testimonio.

TIBIEZA DEL FISCAL

La Fiscalía Anticorrupción, representada por Juan Carrau, está siendo “bastante tibia” en los interrogatorios, según informan las defensas, dejando que todo el peso recaiga en la juez de instrucción, que ayer mantuvo un duro rifirrafe dialéctico con la asesora jurídica del Consejo de Administración de la APB, Dolores Ripoll, también citada en calidad de investigada, a cuenta de la legislación aplicable a la adjudicación de los 144 amarres de Mahón que han derivado en esta pieza del caso Puertos.

Desde el lunes hasta hoy han prestado declaración todos los investigados. Juan Gual, ex presidente de la APB, y Juan Carlos Plaza, antiguo director, recientemente cesado, sostienen que toda la tramitación del concurso, así como la adjudicación a Marina Asmen, se hizo dentro de la legalidad. Gual, no obstante, ha reconocido que había mantenido contactos con Marc Pons, conseller de Movilidad y Territorio del Govern balear en el momento del concurso y actual jefe de gabinete de la ministra de Transición Ecológica, ya que, junto al alcalde de Mahón, Héctor Pons, hacía de mediador con los empresarios menorquines que supuestamente presionaban para que la gestión del puerto no recayera en sociedades foráneas.

El ex presidente de la APB también ha admitido que despachó con la presidenta de Baleares, Francina Armengol, sobre el caso, en cuanto supo que había una investigación en curso, y que asimismo la informó de un supuesto chantaje de un conocido despacho de abogados de Madrid en el expediente del Club Náutico de Ibiza.

GUAL NO SABE QUE ES HACER ALGO "A LA MALLORQUINA"

Uno de los momentos más comprometidos del interrogatorio se produjo cuando la jueza le interpeló por un mensaje de WhatsApp en el que, dirigiéndose a Dolores Ripoll, Gual asegura que hay que desactivar la oposición en el consejo (a la adjudicación a Asmen) “a la mallorquina”. Gual no supo qué contestar y respondió lacónicamente que se trata de una expresión “coloquial”, y que, si bien admite que la utilizó, no sabe cuál es su significado.  En los mismos términos se expresó Ripoll. Tampoco sabé que es “desactivar a la mallorquina”.

De acuerdo siempre con la impresión parcial de las defensas, Gual habría salido bien parado de su declaración. La tesis del ex dirigente es que el caso Puertos se originó por la mala relación existente entre Enrique Braqueais, abogado del Estado en el Consejo de Administración de la APB, y su asesora jurídica, Ripoll, también abogada del Estado.  Braqueais rompió el consenso habitual en los consejos al oponerse, con otros tres consejeros, a la adjudicación de los amarres a Marina Asmen.

Según el auto de levantamiento del secreto de sumario, la investigación realizada por el Grupo Anticorrupción de la Guardia Civil ha constatado que existen “indicios sólidos suficientes” de que la adjudicación de los amarres a la empresa Marina Asmen, S.L., “no fue el resultado de la objetiva y legal valoración de las propuestas presentadas, sino que se trató de una decisión arbitraria del entonces presidente de la APB, Juan Gual, y su director, Juan Carlos Plaza”.

La magistrada sostiene que “ello se produjo bien a cambio de cualquier favor, prestación, merced o similar, bien por un interés político, bien por ambas cosas”.

El caso puerto consta de cinco piezas, cuatro de las cuales permanecen bajo secreto de sumario. De momento sólo han trascendido detalles de la investigación relativa a la adjudicación de los amarres a Marina Asmen. El resto de pesquisas se iniciaron tras la incautación de numeroso material en la sede de la APB en el mes de julio de 2020.