El emisario submarino situado frente a la playa de Ciudad Jardín tendrá una longitud de cinco kilómetros. Emaya ha solicitado este cambio en el proyecto presentado al Gobierno Central para evitar la afectación a las praderas de posidonia.

La prolongación del emisario se enmarcará dentro de las obras de la nueva depuradora de Palma, una infraestructura que se comenzará a construir en 2023 y que pretende solucionar el problema histórico de los vertidos de aguas residuales a la Bahía de Palma cada vez que llueve.

El proyecto inicial pretendía mantener el punto de salida del emisario actual que se encuentra a 1.233 metros de la playa de Ciudad Jardín y a una profundidad de 13,5 metros. Esta ubicación provoca que los posibles vertidos se realicen en una pradera de posidonia oceánica.

La alternativa solicitada por Emaya prolonga la tubería submarina  hasta 4.969 metros de la costa y 37 metros de profundidad. El Gobierno ha aceptado la propuesta que supondrá un sobrecoste en el proyecto final de ntre 30 y 35 millones de euros.

Este cambio se ha realizado a sugerencia de la empresa municipal de y tras la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación y remodelación de la depuradora de Palma y su emisario y ya aprobado por el Ministerio de la Presidencia.

El 80 por ciento de la financiación de la nueva depuradora y el emisario irá a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, financiado mediante los Fondos de Recuperación y Resiliencia Next Generation, y el 20 por ciento restante correrá a cargo del Govern y se financiará a través del canon de saneamiento

La declaración de impacto ambiental aprobada insta a que el recorrido del nuevo emisario minimice la afección a la pradera de posidonia oceánica aprovechando los claros arenosos y remarca que la zona de vertido no deberá tener otros hábitats marinos de interés.

Posidonia devastada

Gaceta Náutica informó en exclusiva hace cinco años sobre la afectación de la posidonia por los vertidos del emisario de la ciudad jardín. La publicación de un impactante vídeo y las denuncias de la Asociación de Navegantes derivaron en la apertura de diligencias por un presunto delito ecológico. Este periódico demostró que los vertidos provocan la aparición de cianobacterias. Un informe de la Guardia Civil confirmó posteriormente que algunos emisarios de la Bahía de Palma carecen incluso de permisos de vertido, así como que las aguas residuales habríán destruido 500 hectáreas de posidonia oceánica. El caso, en el que han sido imputados varios políticos y técnicos vinculados a Emaya, se encuentra en fase de instrucción. La Fiscalía ha mostrado su disposición a llevarlo a juicio.