La presentación oficial el pasado mes de diciembre del convenio para la construcción de un nuevo emisario submarino de cinco kilómetros en la Bahía de Palma soslayó dos aspectos claves tanto para el desarrollo de las obras como para el bolsillo de los contribuyentes de Baleares: su financiación y el reparto de los costes.

No es cierto que el Gobierno central se haya comprometido a sufragar íntegramente la obra dado su interés general, como podía deducirse erróneamente del comunicado hecho público por el Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico. De hecho, este departamento pagará únicamente el 10% de la construcción de la gigantesca tubería. El resto recaerá en el consistorio palmesano, a través de la empresa pública EMAYA, y en fondos europeos o regionales que, de momento, no han sido otorgados y que harían imposible afrontar el proyecto en el caso de no sustanciarse.

La sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) informó mediante un comunicado el 22 de diciembre de que la nueva infraestructura, destinada a proteger la posidonia de la Bahía de Palma, se desarrollaría mediante un convenio de colaboración con EMAYA y tendría un coste global de 60 millones de euros (sin IVA), pero no dijo que su aportación directa sería únicamente de 6 millones  y que el resto (50%) se cubriría con fondos FEDER y/o del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), y con aportaciones de la propia EMAYA (40%).

La empresa municipal se ha comprometido por escrito a asumir el pago de 24 millones de euros (más IVA), de los cuales 600.000 corresponden a la redacción del proyecto y 23,4 millones a “aportaciones durante la fase de ejecución”, según consta en el convenio de EMAYA y ACUAES firmado el 9 de diciembre, al que ha tenido acceso Gaceta Náutica.

El reparto de los costes está perfectamente detallado en este documento, con las cantidades exactas que EMAYA deberá desembolsar a partir de 2025. Ese año está previsto un primer pago de 7 millones, correspondiente al 30% del dinero procedente de las arcas municipales. La cifra ascenderá a 14 millones en 2026 (60%) y será de 2,3 en 2027 (10%). En total, 23,4 millones a pagar por los ciudadanos de Palma. O de Baleares, si finalmente se decide que el dinero proceda del canon de saneamiento.

Según admiten EMAYA y ACUAES en el texto del propio convenio, el emisario actual (en la foto) presenta un “avanzado estado de obsolescencia”. Está formado por un primer tramo terrestre de 1.526 metros que discurre en paralelo al Torrent Gros y un tramo submarino que lo hace en perpendicular a la costa con una longitud total sumergida de 1.172 metros y una profundidad de salida de 13,5 metros. Su capacidad es de unos 4.000 m3/h.  Los vertidos de esta tubería han provocado la destrucción de 500 hectáreas de posidonia oceánica.

Ambas empresas públicas asumen que este emisario se ve desbordado durante las puntas que tienen lugar a lo largo del día “como consecuencia de su insuficiente capacidad y su avanzado estado de obsolescencia”; de ahí que, a su juicio, sea necesario el desarrollo de la nueva tubería, cuya longitud total será de unos 6.655 metros (1.685 del tramo terrestre y 4.970 del tramo marino) y alcanzará una profundidad de 36 metros en su desembocadura.

El objeto de la actuación recogida en el convenio es “la protección de la pradera de posidonia existente en la Bahía de Palma” y la adaptación del conducto submarino a la mayor capacidad de la futura Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR), proporcionando también una vía de eliminación de las aguas de lluvia o mixtas que, a causa de fuertes lluvias o porque hayan quedado almacenadas en los tanques de laminación en construcción, pudieran puntualmente llegar a la depuradora”.

LOS ECOLOGISTAS SE OPONEN AL PROYECTO

El Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha exigido a las administraciones la paralización de nuevos proyectos de emisarios submarinos y reclamado “mayor transparencia” en referencia al estado en que se encuentran este tipo de instalaciones existentes en Baleares.

El grupo ecologista aseguró en un comunicado remitido a los medios a principios de año que la contaminación del mar a partir de aguas residuales es una fuerte amenaza para la biodiversidad marina puesto que “modifica las condiciones del medio y provoca la mortalidad de muchas especies”.

Considera que las administraciones tienen que garantizar la reutilización de las aguas residuales a través de una adecuada red de alcantarillado, unas depuradoras con un caudal de diseño proporcionado a la demanda y la “eliminación de los emisarios submarinos”.

Además del proyecto para la Bahía de Palma, el Govern balear tiene intención de construir otro emisario submarino  de aguas residuales en la playa de Son Bauló, uno de los parajes naturales mejor conservados de Baleares.

La consejería de Medio Ambiente, gestionada por la coalición ecosoberanista MÉS per Mallorca, califica de “imprescindible” esta tubería cuyo trazado culmina en una zona LIC y sobre posidonia oceánica. El Ayuntamiento de Santa Margalida se opone frontalmente al proyecto y pide que las aguas se la depuradora del vecino municipio de Muro sean reutilizadas en su totalidad.