El Govern tiene lista, con un año de retraso, la cartografía de la posidonia

El director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Llorenç Mas, aclara que será una herramienta informativa y que no servirá para imponer sanciones

El Govern asegura que por fin tiene lista la cartografía completa de las praderas de posidonia en las Islas Baleares pero remarca que será una herramienta informativa que, en ningún caso, se utilizará para imponer sanciones.

El director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Llorenç Mas, presidió ayer el Comité Posidonia donde anunció que se ha completado el Atlas de la Posidonia. El proyecto, sufragado con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible y que tenía un presupuesto de 740.072,21 euros, verá la luz con un año de retraso, pues el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir anunció en su momento que estaría lista en mayo de 2020.

Poder disponer de mapas exactos de la ubicación de la posidonia en Baleares ha sido una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de navegantes desde que en 2018 se aprobara el Decreto de la Posidonia. De hecho, el Consell Consultiu de Baleares emitió un dictamen antes de la ratificación del Decreto en el que advertía que éste no debería entrar en vigor hasta que existiese y se aprobara oficialmente una cartografía precisa de la situación de esta farenógrama marina, a fin de garantizar la «seguridad jurídica». Una recomendación que el Govern decidió obviar.

La noticia de la finalización de la cartografía de la posidonia ha sido bien recibida por los usuarios del mar. El presidente de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo (ADN), Gabriel Dols, ha afirmado que "bienvenida sea toda herramienta que ayude al navegante y contribuya a cuidar el medio marino".

La cartografía, según especificó Llorenç Mas, iniciará ahora la tramitación, que incluirá un proceso de exposición pública antes de publicarse a Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB). En todo caso, el director general ha dejado claro que la cartografía será una herramienta informativa porque, “en ningún caso, se impondrán sanciones a partir de la cartografía sino que las multas estarán siempre avaladas por fotografías submarinas donde se constate la posición del ancla sobre la pradera”.

La elaboración de la cartografía ha sido posible gracias al proyecto «Atlas submarino» y se puede consultar en la web www.atlasposidonia.com. En esta web, también se puede descargar una aplicación informática que permitirá al usuario informarse sobre si se encuentra en zona de fondeo permitido, prohibido o regulado.

En la reunión del Comité Posidonia se explicó que la nueva temporada del Servicio de vigilancia de la posidonia se iniciará el próximo día 15 de mayo, con dos embarcaciones en Eivissa y dos más en Formentera, y que día 1 de junio ya contará con todos los medios habituales en todo el archipiélago (5 embarcaciones en Formentera, 5 en Mallorca, 3 en Eivissa y 3 en Menorca).

En cuanto a la retirada de la posidonia de las playas, Mas ha presentado una Guía de buenas prácticas que se remitirá a todos los ayuntamientos costeros del archipiélago y que está basada en el trabajo conjunto que se ha hecho con ayuntamientos como Campos, Calvià o Manacor. La Guía se puede descargar a través de este enlace.

El director general de Espacios Naturales y Biodiversidad se ha referido a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSIB) que ha aceptado parcialmente el recurso de la Asociación de Navegantes ADN Mediterráneo y la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares contra el decreto de protección de la posidonia, y que declara nulo el régimen sancionador de la norma aprobada por el Govern en 2018, así como el artículo que impide el fondeo en las proximidades de las praderas de esta planta marina.

Según Mas, la decisión del tribunal «a efectos prácticos, no tendrá repercusiones y, por lo tanto, supone una consolidación jurídica al grueso y a la filosofía del Decreto». El director general ha confirmado que la Conselleria, coincidiendo con el criterio de la Abogacía de la comunidad, no recurrirá la sentencia.

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