El informe de la Guardia Civil refuta la teoría negacionista de Medio Ambiente sobre los vertidos

La conselleria dirigida por el ‘ecosoberanista’ Miquel Mir emitió un dictamen en 2019 en el que afirmaba que no existen evidencias científicas de que las aguas residuales afecten a la posidonia

Estación depuradora 2 de Emaya en Palma.

El informe del Seprona sobre vertidos de aguas residuales en la Bahía de Palma, revelado en primicia por Gaceta Náutica, desmiente por completo la tesis del Govern sobre que no existen evidencias científicas de que las depuradoras afecten a la vida de la posidonia. Esta teoría negacionista de la Conselleria de Medio Ambiente aparece recogida en un informe de 34 páginas fechado el 7 de octubre de 2019. Fuentes cercanas al caso ya advirtieron en su día, después de que la prensa se hiciera eco de las llamativas aseveraciones de este dictamen, que “no había por dónde cogerlo”.

Los daños detectados por el Seprona en la posidonia sometida a los vertidos de la depuradora de la empresa municipal de aguas de Palma (EMAYA) son de una gran magnitud. La comparativa de las cartografías oficiales disponibles entre 1989 y 2012 apunta a una reducción de 205 hectáreas de posidonia en la Bahía de Palma, lo que equivale a la desaparición de un 20% de esta planta protegida por el efecto de los vertidos de aguas residuales. El Grupo Especial de Actividades Subactuáticas (GEAS) de la Guardia Civil comprobó, tras realizar un centenar de inmersiones, que en la zona del emisario del Torrent Gros sólo quedan «matas muertas» de posidonia, y que a partir de 18 metros las praderas de esta fenerógrama se encuentran en muy mal estado.

La investigación policial, en la que ha colaborado el Instituto Español de Oceanografía y la Unidad Técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente, recalca que las aguas residuales urbanas deficientemente depuradas (o sin depurar) «aportan una enorme cantidad de sólidos en suspensión, materia orgánica y nutrientes que generan efectos muy negativos sobre las especies bentónicas» y advierte del riesgo que estos vertidos suponen para «la calidad de las aguas, la salud de los bañistas y los ecosistemas que alberga».

Las conclusiones de la Guardia Civil refutan por completo la versión de la Conselleria de Medi Ambient, que, no obstante, admite haber iniciado 33 expedientes por vertidos de aguas mal depuradas entre 2014 y 2019.

Estas actuaciones se sustanciaron sin ninguna sanción. Los pretextos para no multar a las depuradoras, todas ellas públicas, son variopintos. Van desde considerar que se trata de “situaciones puntuales” o “no intencionadas” hasta “no poder aclarar su procedencia”, pasando por responsabilizar a la suciedad de los torrentes o alegar que cuando llegaron los inspectores al lugar del vertido, las evidencias visuales “habían desaparecido”. El caso es que de los 33 expedientes abiertos, 31 se archivaron y dos permanecían sin resolver en el momento de la recepción del informe en el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, que investiga si una presunta omisión en el deber de sancionar podría ser constitutivo de un delito de prevaricación.

El informe de Medio Ambiente hace una lectura autocomplaciente y nada negativa de la situación de las plantas depuradoras, que califica de bueno “con carácter general”. No obstante, reconoce que hay tres EDAR cuyos vertidos superan los límites de distintos parámetros exigidos por la normativa vigente. Estas son las de Alcúdia, Ibiza y Portinatx (en la isla de Ibiza). En otro punto admite que una situación parecida se da (por exceso de nitrógeno y fósforo) en Ciudadela Norte, Ciudadela Sur, Mahón, Sant Antoni y Sóller. Es decir, que no son tres, sino ocho las depuradoras que no funcionan como debieran, según el propio Govern.

Ello sin contar la EDAR de Emaya que vierte en la Bahía de Palma, a la que un informe de la Dirección General de Recursos Hídricos atribuye una presión «15 o 20 veces superior a los umbrales establecidos» en el emisario del Torrent Gros y donde se califica el estado ecológico de la masa de agua superficial de «deficiente».

La Guardia Civil, contrariamente a lo que afirma la Conselleria, asegura en el resumen de sus diligencias que existe “unanimidad de la comunidad científica” sobre el impacto nocivo del “excesivo aporte de nutrientes” al medio marino, al que, por pura lógica, no puede ser ajena una planta tan sensible como la posidonia oceánica.

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