El titular de Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antonio Garcías, ha archivado el caso iniciado por la denuncia de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo contra el Govern. Esta entidad acusaba a la Conselleria de Medi Ambient de un delito de prevaricación por no haber sancionado los vertidos de aguas fecales que han exterminado buena parte de la posidonia que habitaba en la Bahía de Palma, mientras que sí ha interpuesto sanciones contra navegantes por haber fondeado sobre posidonia.  

Sigue adelante, en cambio, la investigación judicial principal sobre los vertidos que instruye el Juzgado número 12. En este caso se juzgará un presunto delito medioambiental contra la antigua cúpula de Emaya al haberse demostrado que los emisarios submarinos carecían de permisos. Un informe del Seprona revela que la dejadez municipal en el tratamiento de las aguas residiales ha arrasado unas 500 hectáres de posidonia oceánica. El juez ha abierto juicoi oral, entre otros, contra Neus Truyol, ex presidenta de la empresa de alcantarillado y actual regidora de Urbanismo. 

Se puede decir así que, de momento, se archiva el procedimiento penal por presunta prevaricación contra el Govern por no haber sancionado al Ajuntament de Palma por los vertidos, pero continúa el proceso por el delito medioambiental en sí que suponen esos vertidos.

El magistrado Garcías ha desechado la posibilidad de que el Govern hubiera incurrido en un delito de prevaricación por no sancionar a Emaya pese a saber que el deficiente sistema de depuración de Palma ha originado que la infraestructura municipal lleve décadas vertiendo cientos de miles de litros de aguas fecales en la Bahía de Palma. La argumentación judicial del archivo precisa que la prevaricación supone beneficiar injustamente, por ejemplo, a familiares o amigos, y que éste no ha sido el caso. 

Niega el juez también que se haya incurrido en una prevaricación por omisión, dado que el Govern se ha preocupado por los vertidos, ha impelido al Ajuntament para que mejore la situación y ha colaborado económicamente para ponerle fin con la costosísima inversión que supone la construcción de la nueva depuradora. Recordemos que la licitación de esta nueva infraestructura se puso en marcha en marzo y que se espera comience a funcionar en 2026, si se cumplen los plazos previstos.

El magistrado que llevaba el caso por esta denuncia de prevaricación concluye que la alternativa del Govern para acabar con los vertidos habría sido cerrar la depuradora, lo que habría sido un desastre, o sancionar a Emaya, que no habría ayudado a solucionar el problema.

La Asociación de Navegantes ha adelantado, por medio de uno de los abogados que lleva la acusación, que recurrirá el archico ante la Audiencia Pronvial de Palma por considerar que los argumentos que lo sustentan suponen un agravio entre la administración pública y los particulares.