Más de una década después de haber sido expulsado de su concesión en un concurso que la Justicia consideró amañado, el Club Marítimo de Mahón recuperará parte de los amarres perdidos en el Muelle de Levante.

La histórica entidad menorquina, cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XX, ha sido la única en presentar oferta al concurso convocado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para la gestión de una lámina de agua de 19.167 metros cuadrados y 165 puestos de atraque destinados a barcos de ocho a quince metros de eslora, frente a las instalaciones de su sede social.

De momento se trata de una autorización de ocupación temporal por un periodo de dos años, prorrogable a tres, pero a nadie escapa que esta adjudicación sentará el nuevo modelo promovido por el presidente del ente portuario, Francesc Antich, para el sostenimiento de la náutica social en los puertos de interés general de la Islas.

No se puede decir aún que la concesión es suya, pues deberá autorizarla el Consejo de Administración de la APB, pero lo normal es que el Club Marítimo disponga en un plazo de no más de un año de las instalaciones que ya gestionaba antes de que la empresa Trapsa Yates, propiedad de Gerardo Díaz Ferrán, y la antigua cúpula de Puertos, con Angel Matías a la cabeza, conspiraran para arrebatársela, según considera probado la sentencia del caso Mar Blau.

A pesar de esta resolución judicial, una extraña concatenación de cuestiones burocráticas y administrativas ha permitido que Trapsa siga al frente de la explotación del puerto. La APB lleva años pleiteando para desalojar a esta sociedad, que opera bajo el nombre de Marina Mahón, pero todo apunta a que resistirá hasta el fin de su concesión en 2023.  

La más que previsible resolución del concurso en favor del club supondrá que éste mantenga, además de los amarres, la explanada de vela y el muelle de varada para embarcaciones ligeras que ha conservado durante todo este tiempo.

Las bases del certamen han disuadido de presentar ofertas a las sociedades mercantiles que optan habitualmente a la gestión del espacio público portuario en Baleares, al exigir un alto grado de compromiso con el fomento de las actividades deportivas y sociales.  El documento demanda, entre otras cosas, la presentación de una memoria completa donde se especifiquen los medios técnicos y humanos destinados al deporte, así como la contratación de un director deportivo, algo en lo que no están dispuestas a invertir las empresas que gestionan amarres.

Los interesados estaban obligados enumerar los cursos de formación anuales en actividades náuticas y las acciones de promoción y difusión en colegios e institutos. También debían incluir una lista de regatas a organizar y un plan de colaboración con entidades que ayuden a personas con minusvalías físicas y psíquicas, y en riesgo de exclusión social. Todos estos requisitos eran preceptivos.

CINCO EMPRESAS A POR 30 AMARRES

Donde sí se ha producido una encarnizada competencia es en el concurso para la gestión de 30 amarres de hasta 60 metros de eslora junto al Marítimo de Mahón, en una línea de 30 metros de muelle y 22.188 metros cuadrados de lámina de agua. Aquí, donde las expectativas de lucro son muy superiores, deberá decidirse la adjudicación entre cinco entidades, entre ellas el propio club. Algunas de los concurrentes son muy conocidos en el negocio portuario. Tal es el caso de Desarrollos Concesionales Insulares (DECOIN) o Tanit Ibiza Ports, S.A. Esta última ha presentado la mejor oferta económica.