El Ministerio de Transportes ha hecho un inesperado regalo a los barcos de alquiler pirata que hacen literalmente su agosto en aguas de Baleares sacando beneficios comerciales de embarcaciones particulares, de lista séptima. Estas últimas contarán con la ventaja de no estar sujetas a la estricta normativa que regula la actividad de las legales de lista sexta que se dedican a la actividad de chárter náutico.

El regalo venía envuelto en forma de decreto. En concreto el 21 de marzo se publicó el Real Decreto 186/2023 por el que se aprobaba el nuevo Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima. En el apartado A de su artículo 9, que versa sobre los supuestos de autorización expresa para el despacho de buques y embarcaciones de recreo, esta reglamentación prevé la posibilidad de “solicitar un cambio temporal de uso privado a uso comercial, por un tiempo no superior a tres meses”.

Baleares es un escenario idílico para la navegación sobre todo en la temporada estival. Ese periodo trimestral que precisa la normativa da el margen suficiente para aprovechar los mejores meses del verano y obtener beneficios sin estar regularizados ni sometidos a los impuestos ni a la normativa de seguridad que sí que están obligados a cumplir los auténticos profesionales del sector del alquiler de embarcaciones.

El presidente del chárter náutico en Baleares, desde la asociación de empresas de actividades marítimas APEAM, José María Jiménez, se muestra desolado ante la inesperada novedad: “Para el sector es un desastre, la lucha que llevamos sacando adelante, en Baleares especialmente, contra los chárter ilegales la eliminan de un plumazo: se legaliza todo y ya está”.

Jiménez se queja de que no se ha tenido en cuenta la opinión de las empresas legales: “Nos enteramos por el BOE sin que nadie nos haya consultado ni a nosotros ni a la Direcció General de Ports i Aeroports del Govern balear”.

En opinión del portavoz del sector “Es una norma que se ha tomado con absoluto desconocimiento del tema. Todo el mundo se queja de que en Baleares hay demasiados barcos, pero esta nueva legislación tendrá un efecto llamada porque esta es una de las mejores zonas para navegar del Mediterráneo y vendrá gente de fuera para aprovechar comercialmente sus embarcaciones privadas alquilándolas en la mejor época del año”.

¿Cuál es el motivo de que el Ministerio haya decidido contemplar esta nueva posibilidad? La impresión de José María Jiménez es que esta idea puede haber nacido en algunas empresas dedicadas a la construcción de embarcaciones: “Hay un lobby en Madrid, algunos despachos de abogados, que trabajan para fabricantes y para astilleros a los que obviamente les interesa poder ofrecer al cliente que va a comprar un barco, como argumento de venta, que pueda alquilarlo durante tres meses, pues eso les ayudará a pagarlo”.

Jiménez argumenta que esa posibilidad de que los particulares puedan realizar de manera individual, gratuita y sin regulación un alquiler parece inconcebible en sectores como el de la vivienda o el del automóvil, tomando como ejemplos casos como el de Uber, Cabify o el alquiler turístico en Baleares: “Las cosas deben tener una regulación porque si no, se descontrolan, y más en una zona tan turística como ésta”, afirma.

De momento, esta mañana los representantes del chárter legal tenían prevista una reunión con el director general de Ports i Aeroports del Govern balear, Xavier Ramis, para analizar las consecuencias del nuevo decreto. También esperan reunirse próximamente con el director general de Marina Mercante, Benito Núñez para explicarle el agravio que supone la nueva normativa: “Me consta que es una persona receptiva y espero que nos entienda”, concluye José María Jiménez.

En los dos últimos años, la Direcció General de Ports i Aeroports ha llevado a cabo campañas de control del chárter ilegal en Baleares. El año pasado tramitó 101 expedientes sancionadores relacionados con infracciones en el ejercicio de la actividad de arrendamiento de embarcaciones de recreo. La cifra suponía un 48,53% más de expedientes que en 2021, cuando se tramitaron solo 68.