La entidad Club Básico 12 Millas, personada como acusación particular en el caso Puertos que investiga un presunto trato de favor en la adjudicación del Club  Náutico de Ibiza, ha interesado la imputación del alcalde de esta localidad, el socialista Rafael Ruiz, y del ex presidente de Puertos del Estado y ex consejero de la APB, José Llorca, por su “presunta participación en los hechos”.

Club Básico 12 Millas está siendo objeto de investigación en la misma pieza judicial. Uno de sus socios y fundadores, Javier Enríquez, aparece en ella como imputado. La Guardia Civil sospecha –y así se lo ha hecho saber a la juez en un informe– que los responsables de esta empresa habrían solicitado dinero al Club Náutico de Ibiza a cambio de retirar los contenciosos interpuestos contra su concesión. La Benemérita señala en este punto la supuesta intermediación de un antiguo miembro de la Fiscalía de Baleares.

Uno de los letrados personado en el sumario ha recalcado la “peculiaridad” de que la imputación del alcalde de Ibiza pueda sustanciarse a instancias de una parte que tiene la doble condición de denunciante e investigada.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma y máxima responsable de las pesquisas del caso Puertos, Martina Mora, aceptó en su día la personación como afectado del Club Básico 12 Millas. Esta decisión fue recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Palma, que todavía no se ha pronunciado. Las defensas censuran que se pueda considerar a dicha empresa como perjudicada y al mismo investigarla por presunta extorsión a otras de las partes (el Club Náutico de Ibiza y la APB).

Las sospechas de la Guardia Civil se basan en una serie de conversaciones telefónicas interceptadas antes de la operación de julio de 2020 en la que fueron detenidos, entre otros, el entonces presidente de la APB, Juan Gual, y su vicepresidente, Miguel Puigserver. En estos pinchazos, Gual se refiere a uno de los abogados de 12 Millas como “un miserable gánster” y Puigserver llega a afirmar que “a éste o se le paga o nos va a joder por todos lados”.

La abogada del Estado en Baleares, igualmente imputada en el sumario del Club Náutico por haber informado a favor de la continuidad de esta entidad, ha denunciado también ante la juez que fue objeto de chantaje por parte del mismo abogado al que se refieren Gual y Puigserver. La presunta extorsión se produjo a través de una persona interpuesta, un empresario que estuvo en la primera línea de la política española.

A pesar de estos indicios, el letrado en cuestión no ha sido imputado de momento en ninguna de las piezas del caso Puertos, mientras a 12 Millas se le permite opinar sobre la calidad en la que deben comparecer el alcalde de Vila, un ex consejero de la APB y el jefe de los servicios de Puertos del Estado.

Las defensas confían en que la Audiencia Provincial de Palma rechace la personación de 12 Millas y corrija cuanto antes esta situación “tan llamativa” en que un investigado puede permitirse el lujo de recomendar otras imputaciones.

Los hechos descritos en esta noticia corresponden a un proceso en fase de instrucción y, por tanto, todas las personas y entidades que aparecen citadas en ella como objeto de la investigación conservan su presunción de inocencia.