El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha aprobado el pliego de bases del concurso público para la gestión en régimen de autorización administrativa de una instalación de marina seca para embarcaciones chárter de pequeña eslora en el puerto de la Savina.

La superficie de explotación que sale a concurso es de un total de 754,5 metros cuadrados, de los cuales 247,4 son de espejo de agua y 507,1 de superficies en tierra. Los servicios que se deberán prestar son los de izada y botadura de embarcaciones, depósito, vigilancia y custodia de embarcaciones en tierra, así como el suministro de agua y energía eléctrica a las embarcaciones.

La cuantía anual de la tasa de ocupación es de 9.197,18 euros y la de actividad, conforme a los artículos 187 y 188 de la Ley de Puertos del Estado, será del 4% del volumen de negocio. El tiempo de duración de la autorización será de dos años, a contar desde el otorgamiento de la misma, con posibilidad de un año más de prórroga.

La prestación de este servicio tendrá el carácter de obligatorio para el autorizado durante los cuatro meses de temporada alta (del 1 de junio hasta el 30 de septiembre). El resto de meses tendrá el carácter de opcional.

Este concurso público está justificado por la gran demanda existente en el puerto de la Savina para atender a pequeñas embarcaciones de chárter de esloras hasta los 7 metros, sobrevenida por las nuevas restricciones de fondeo que se están aplicando en s’Estany des Peix.

Los licitadores deberán presentar un proyecto básico que defina una solución compatible con lo especificado en las bases y planos. Incluirá las características de las actuaciones a realizar, que serán de carácter desmontable, extensión de la zona de dominio público portuario a ocupar, el uso destinado a cada uno de los espacios entregados por la APB, presupuesto estimado de las actuaciones, cronograma previsto de ejecución, así como cualquier modificación, actuación puntual de saneamiento o demolición de elementos existentes que se considere y sea precisa para mejorar la prestación de los servicios y actividades definidos. En el proyecto también se incluirán los posibles efectos medioambientales y las medidas correctoras previstas.